Quien se ha sentado en el banquillo de la Corte británica de Westminster estos días no solo es Julian Assange, sino también la libertad de prensa en su más pura esencia. Lo que está en juego en el juicio extradicional de Londres es, nada menos, que la posibilidad de que los ciudadanos del mundo podamos tener medios de comunicación libres que controlen el ejercicio del poder.
La agencia de noticias WikiLeaks se creó para garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la información. Para ello organizó un innovador sistema de cortafuegos de IPS que garantiza, en términos absolutos, la identidad de las personas que remitieron información, los conocidos como whistleblowers.
En 2010 WikiLeaks publicó, en concierto con los principales medios del mundo, dos históricos paquetes: Afghan War Diary e Iraq War Logs. Miles de documentos oficiales de Estados Unidos sobre las intervenciones militares en Iraq y Afganistán desvelaron gravísimas violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos contra civiles (asesinatos, torturas, otras actuaciones contrarias al derecho internacional humanitario) por parte del ejército norteamericano.
Estados Unidos desarrolló una acción penal sin precedentes contra el periodista. Abrió una causa secreta en un Gran Jurado de Virginia contra Assange y WikiLeaks en un tribunal de excepción compuesto principalmente por miembros de las agencias de inteligencia. Desplegó una acción persecutoria extraterritorial impensable contra un medio de comunicación y un ciudadano extranjero, editor del mismo.
Desde noviembre de 2010, Julian Assange ha sufrido un calvario inimaginable. Recorre un martirio judicial de persecuciones que han sido denominadas por el relator de la ONU contra la tortura, Nils Melzer, como de una situación de permanente tortura, desplegada por países considerados democráticos. Especialmente destacable han sido los casi siete años de encierro en un pequeño piso de Londres dentro de la Embajada de Ecuador, sin acceso a luz solar o a aire fresco, mientras el denominado mundo libre negaba su condición de asilado. Una situación que fue condenada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exigiendo la inmediata libertad de Julian Assange y el cese de su persecución.
Después de su detención el pasado 11 de abril de 2019, tras la vergonzosa expulsión de la embajada por evidentes presiones de Estados Unidos a un pusilánime Gobierno ecuatoriano que fue incapaz de mantener el honor y gallardía demostrados por Rafael Correa, Julian Assange sufre una nueva y brutal agresión a sus derechos en el proceso abierto de extradición.
En este escenario, la justicia británica ha sentado estos días a Julian Assange, y con él a la libertad de prensa en el mundo, en el banquillo de su sistema judicial. En el caso que se está ventilando en la capital del Reino Unido ya se han vertido en este tiempo argumentos de peso para denegar la extradición.
En primer lugar, porque la solicitud de extradición responde a una persecución política. No es delito que un periodista publique información veraz obtenida de fuentes anónimas. Basta recordar el caso Watergate o los Papeles del Pentágono. Mucho menos si además la publicación revela crímenes de guerra y abusos de derechos humanos, ante los cuales existe una obligación de toda la comunidad internacional para su persecución.
Además, porque la solicitud de extradición es absolutamente desproporcionada, ya que se imputan nada menos que 18 cargos, de los cuales 17 se encuentran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una norma aprobada en Estados Unidos hace más de un siglo, en el marco de la Primera Guerra Mundial, para perseguir a espías.
Y, finalmente, porque la Administración norteamericana, en su afán por llevar a Julian Assange a su jurisdicción y dar una lección al mundo de la prensa, habría sido capaz de llevar a cabo una estrategia de espionaje contra el periodista y todos sus allegados, incluidos sus abogados, en la Embajada de Ecuador en Londres. La presunta captación de una empresa española que proveía seguridad a la sede diplomática, por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, está siendo investigada por la justicia española. Hasta el momento se ha detenido al responsable de la empresa, y el propio Julian Assange ha declarado por videoconferencia como víctima de esta trama, que habría incluido el establecimiento de cámaras que registraban todo, o la colocación de micrófonos escondidos, entre otros hechos.
Si la batalla de la extradición de Assange se pierde, la libertad de prensa a escala global quedará maltrecha y los periodistas independientes se verán severamente afectados en el ejercicio de su indispensable labor de control del ejercicio abusivo del poder. Con ellos, todos los ciudadanos cuyo derecho de acceso a una información veraz, libre e independiente, puede desaparecer. Julian Assange somos todos y su defensa es la defensa democrática de la libertad de expresión.
Baltasar Garzón es coordinador de la defensa de Julian Assange y Wikileaks y Aitor Martínez es miembro del equipo de defensa.