El gobierno de Italia aprobó un proyecto de presupuesto que financiaría sus costosas promesas electorales mediante la violación de las normas fiscales de la Unión Europea durante, por lo menos, los próximos tres años. Con esto, la coalición populista – que está compuesta por un movimiento contra la corriente política principal denominado ‘Movimiento Five Star (M5S)’ y por el Partido de la Liga, que es un partido de extrema derecha – aparentemente confirmó los temores acerca de que sobrevendría una inestabilidad promocionada por los populistas en Europa.
El presupuesto representa la victoria de los dos viceprimeros ministros de Italia – Luigi Di Maio, partidario de M5S, y Matteo Salvini de la Liga – quienes prevalecieron sobre el ministro de finanzas tecnocrático independiente del país, Giovanni Tria, quien presentó una propuesta más conservadora. De esta forma, ahora quedó destruida toda ilusión sobre que los miembros moderados del gabinete iban a poder mantener controlada a la coalición populista. El nuevo gobierno en Italia, denominado como el “gobierno del cambio” y que lleva en el poder menos de cuatro meses, está claramente dispuesto y es capaz de desafiar a la UE.
Como era de esperar, el mercado ha reaccionado mal ante el proyecto de presupuesto. Pero, es poco probable que ocurra un ataque especulativo que revista gran extensión y fuerza. Al fin y al cabo, la clave para la sostenibilidad de la deuda es el crecimiento económico. Y, si bien es poco probable que un gran déficit fiscal promocionado por recortes de impuestos y aumento del gasto corriente sea de mucha ayuda en este frente, no se estaba en una posición en la que los intentos de Italia con respecto a la consolidación fiscal promocionaban una fuerte recuperación.
Ante esto, es probable que los inversores adopten un enfoque de ‘esperar-y-ver’, al menos en el corto plazo. Entre tanto, vale la pena considerar las implicaciones del nuevo presupuesto de Italia para el futuro de la UE y, muy en particular, para el futuro del euro.
Italia no es el primer país en burlar las reglas fiscales de la UE. El presidente francés, Emmanuel Macron, acaba de anunciar un proyecto de presupuesto para la gestión 2019 que podría generar un déficit fiscal por encima del límite de la UE, mismo que está establecido como el 3% del PIB. Otros países, entre ellos Alemania, han hecho lo mismo en el pasado. Y, no hay ninguna razón que evite pensar que más países harán lo mismo en el futuro.
El marco fiscal de la UE, según el cual se supone que los presupuestos nacionales deben cumplir con las normas comunes, ha sido claramente quebrantado. Tomando en cuenta el lugar que ese marco tiene como uno de los dos pilares del Tratado de Maastricht – siendo el otro pilar una política monetaria compartida – el resultado podría llegar a ser la destrucción del euro. La única forma de evitar lo antedicho, que es una solución que cada vez se vislumbra con mayor claridad, es idear un marco alternativo. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué forma podría tomar dicho marco?
Una opción es abandonar las reglas fiscales y dejar que el mercado sea el que imponga la disciplina. Tal elección probablemente produciría un resultado muy inestable. Esta es la razón por la que las propuestas recientes, como ser la Declaración franco-alemana de Meseberg sobre la reforma de la eurozona, se basan en un compromiso: combinar cierto grado de riesgo compartido con medidas para reducir el riesgo e inducir una mayor disciplina de mercado mediante, por ejemplo, la reestructuración de las deudas.
La implementación de tales reformas, sin embargo, parece ser cada vez menos realista. Para que funcione, los Estados miembros deberían poder confiar en que todos se adherirán a las reglas comunes. Después de las últimas violaciones fiscales eso simplemente no es posible. Además, el apetito por compartir el riesgo se está desvaneciendo en el norte de Europa, donde los partidos políticos a favor de la reforma se han debilitado cada vez más. Por lo tanto, un mejor enfoque sería centrarse en limitar las externalidades de las decisiones fiscales tomadas por los Estados miembros frágiles, en vez de intentar circunscribir las decisiones propiamente dichas.
Por ejemplo, la UE podría imponer un techo, que no se aplique a la deuda total, sino a la porción de dicha deuda que está en manos de extranjeros. De esta forma, cada país podría incrementar su endeudamiento si así lo decidiera, siempre y cuando sus acreedores fueran sus propios ciudadanos.
Bajo este enfoque, la decisión de gastar como una manera de salir de la deuda – usar el gasto financiado con deuda para generar crecimiento, logrando de esa manera la sostenibilidad – se produciría a costa de alguna forma de represión financiera. Su viabilidad dependería de la disposición de los ciudadanos de financiar a su gobierno al invertir sus ahorros en bonos soberanos de su propio gobierno, en lugar de buscar carteras más diversificadas y rentables. Ese modelo ya existe en Japón, y se puede decir que Italia – con su gran porción de deuda pública interna y una sustancial riqueza privada neta, no está tan lejos de estar en la misma situación.
La gran ventaja de este enfoque es que obligaría a los políticos a asumir plena responsabilidad sobre sus acciones, en lugar de simplemente señalar con el dedo a Europa cuando algo sale mal, un hábito que ha impulsado el surgimiento del populismo en muchos países. Si los políticos decidieran renunciar a las ventajas de la integración financiera europea, tendrían que explicar esa decisión a los votantes, quienes luego podrían expresar su aprobación o desaprobación en las urnas y, por supuesto, a través de sus decisiones de inversión.
Por supuesto, este enfoque limitaría la integración financiera, ya que los bancos tendrían que comprar los bonos de sus propios gobiernos, fortaleciendo el vínculo entre el riesgo financiero y el riesgo soberano, y tendrían que tomar préstamos a costa de que el sector privado tome menos préstamos, es decir causando un efecto ‘crowding out’. Ante esto, adoptar un régimen de este tipo tendría sentido únicamente si la opción de usar el gasto para escapar de la deuda se ejerciera sólo rara y temporalmente.
La gran pregunta es si el euro podría sobrevivir bajo tal conjunto de reglas. El propósito de la moneda común es garantizar la estabilidad monetaria en los mercados que están financieramente integrados, una situación que, se supone, es buena para el crecimiento. En la medida en que se reduzca la integración financiera, se desvanecería la motivación económica para mantener al euro. La protección del euro, por lo tanto, requeriría garantizar que la libertad fiscal ofrecida por este nuevo tipo de regla – que discrimina entre inversionistas nacionales y no nacionales – podría ejercerse sólo ‘in extremis’, es decir como último recurso en situaciones muy graves.
Se podría decir que el establecimiento de nuevas reglas que regulan cuándo y cómo se pueden romper las reglas antiguas huele a una medida desesperada. Pero, en un momento en que los países se burlan de las reglas fiscales, un marco para definir y prever circunstancias excepcionales podría ayudar a evitar una ruptura desordenada del euro o una crisis política paralizadora.
Lucrezia Reichlin, a former director of research at the European Central Bank, is Professor of Economics at the London Business School. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.