El pasado domingo 20 de enero, fiesta de San Sebastián, el presidente del PP Pablo Casado pronunció treinta veces la palabra libertad en su discurso de clausura de la Convención del PP en Madrid. Llegó incluso a afirmar que “cuando lleguemos al gobierno, quiero hacer la mayor devolución de espacios de libertad que se haya hecho nunca en España”.
Alabo el gusto y las intenciones pero es un poco exagerado. La mayor devolución de libertad en España la realizaron la Reina Gobernadora, María Cristina de Borbón, en 1834 y Don Juan Carlos en 1977-78. Es cierto que hay ámbitos de limitación de libertad en España, como por ejemplo: la libre elección de lengua vehicular en educación o los límites e impedimentos a la libre economía de mercado por múltiples regulaciones y trámites burocráticos.
Pero me temo que estamos ante un diagnóstico insuficiente: el problema de España no es la falta de libertad; es la deficiente democracia. De hecho la Transición nos concedió a los españoles libertades a cambio de una democracia embridada y orientada hacia el Estado de partidos.
La Constitución más longeva del mundo, la norteamericana, fue redactada con el espíritu de proteger a los ciudadanos frente al gobierno. La mayor parte de las constituciones europeas están redactadas por su clase política con la idea de proteger al gobierno (lo que ellos llaman estabilidad) frente a los ciudadanos.
Nuestra Constitución está más inclinada a conceder derechos que a limitar el poder del gobierno. A cambio, los presidentes de gobierno han podido establecer un desarrollo legislativo limitador de la representación, del control parlamentario y judicial del ejecutivo con el resultado de un protagonismo abusivo, hasta publicitario, del "Gobierno de España".
Resulta muy difícil hacer entender a los presidentes de gobierno que son uno de los tres poderes del Estado. El hecho de que, hasta ahora, hayan elegido ellos al presidente del Congreso y al presidente del poder judicial, les confiere una superioridad, objetiva y subjetiva, que no se compadece con la división y equilibrio de poderes que proclama la Constitución.
En 1978, después de cuarenta años de dictadura, nos dimos una borrachera de libertad. Libertad sin ira fue el himno del cambio político y muy pocos se percataron de que lo importante de la Constitución, además de la concesión inevitable de las libertades, era la limitación del poder gubernamental.
Destacados politólogos y escritores (Alejandro Nieto, Javier Pradera, Manuel García Pelayo, etc.) advirtieron desde los años ochenta la deriva de nuestra democracia hacia un estado de partidos en perjuicio de los ciudadanos. Esa percepción intelectual se fue extendiendo al conjunto de la sociedad española y ha terminado expresada en el Eurobarómetro de diciembre de 2017 en el que el 90% de los españoles mostraba una clara desafección por los partidos políticos y por el funcionamiento de nuestras instituciones. En resumen: la calidad de nuestra democracia (representación, división de poderes, financiación de los partidos, etc.) aparece en el número 28 de los 28 países de la UE.
Tengo la impresión de que la convocatoria de elecciones generales de 2011 fue la última oportunidad que los españoles dieron al régimen del 78 para reformar, para rectificar, desde el bipartidismo. La sabiduría y madurez de la sociedad española apostó desde 1978 en favor de un sistema bipartidista, por la estabilidad y la modernización; en 1996 ensayó la alternancia en el poder y en 2011 otorgó una mayoría al PP para que reformara los desmanes y excesos, no sólo de Zapatero, sino de la partitocracia.
Desaprovechada la oportunidad otorgada al gobierno de Rajoy, más preocupado en tapar sus vergüenzas que en cumplir la mínima parte de su programa electoral, parte de los ciudadanos descontentos con la clase política de siempre, han decidido acabar con el bipartidismo y ensayar gobiernos de concentración. Andalucía es el primer paso y todo induce a pensar que no será el último.
Si acierto en el diagnóstico, el multipartidismo, no siendo inicialmente deseado, se ha convertido en inevitable. Los dos grandes partidos, al no proceder a la reforma política, han determinado que los ciudadanos, preocupados por la deriva política de nuestra deficiente democracia, ensayen otro tipo de políticas multipartidistas más sometidas o limitadas por la concertación.
Sin embargo nada induce a pensar que el nuevo sistema multipartidista vaya a resolver, por el mero hecho de su existencia, los problemas de fondo del funcionamiento de nuestra democracia. Llama la atención que ninguno de los nuevos partidos, ni por supuesto los antiguos, hagan propuestas efectivas de reforma democrática en la ley electoral, en el reglamento del Congreso, en la abusiva ley de financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronal; en la independencia efectiva de los órganos reguladores, en el final de la ruinosas televisiones públicas, etc.
Podemos desea más Estado, más impuestos y menos libertad; Cs propone un límite a los abusos de las autonomías y tuvo el acierto de no participar en el reparto del Consejo del Poder Judicial; Vox defiende el control de nuestras fronteras y la lucha contra el separatismo. Ni el PP ni el PSOE aportan nada nuevo en reformas de calado. Más de lo mismo, con el agravante de que las concesiones de Pedro Sánchez a los separatistas se están incrementando por disponer tan sólo de 85 diputados.
En 2019 asistiremos a una consolidación de un sistema de cinco partidos nacionales. Será un cambio en la forma de gobernar. Limitar el cambio necesario hacia un aumento de las libertades me parece un diagnóstico insuficiente. Lo que España precisa son reformas legislativas en la dirección contraria de todas las leyes que han contribuido a convertir nuestro sistema parlamentario en un presidencialismo partidista desde el complejo de la Moncloa.
Guillermo Gortázar es historiador y abogado; su último libro es 'El fuerismo liberal', 2019, en prensa.