Libertad y democracia

En el último lustro, España ha asistido a un deterioro sin precedentes de su democracia liberal, que se ha ido construyendo sobre la base de un ataque constante, unas veces más directo que otras, al propio liberalismo, denostado por la izquierda como si de una aberración se tratara.

Desde un punto de vista político, el Estado liberal se desarrolla en Inglaterra a partir de la Revolución Gloriosa de 1688, con motivo de la cual Guillermo III de Orange accede al trono tras aceptar la llamada Bill of Rights, que garantiza, entre otras, la libertad de culto, la libertad de expresión y discusión de los parlamentarios y la libre elección del Parlamento. Su consolidación se produciría a través de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que recogerá los principios básicos del régimen constitucional liberal: soberanía nacional, división de poderes, derechos individuales frente a los poderes públicos e imperio de la ley.

Desde una perspectiva económica, el liberalismo, por medio de Adam Smith, generó la transición desde un mercantilismo absolutista, con una fuerte intervención estatal, al capitalismo, alma gemela económica de la democracia, basado en la protección de la propiedad privada y la herencia, la libre iniciativa empresarial y un mercado regido por «leyes naturales» en el que la intervención del Estado debía ser mínima.

No obstante, tras la Primera Guerra Mundial se puso de manifiesto la dificultad del Estado liberal del siglo XIX para hacer frente a la compleja realidad socioeconómica contemporánea, generándose un amplísimo debate que desembocaría en el surgimiento del llamado Estado social y democrático de derecho, y de su expresión económica, el Estado del bienestar. Será precisamente un liberal, Sir William Henry Beveridge, quien configure en el Reino Unido el primer plan de Seguridad Social a cargo del Estado, basándose en una serie de principios que dejan claro que el Estado no debe matar en el individuo el incentivo, ni apartar de él la oportunidad, ni extinguirle su sentido de responsabilidad.

Por consiguiente, y sentado todo lo anterior, podemos afirmar con rotundidad que los principios que inspiran todas las democracias del mundo, al igual que el llamado Estado del bienestar en su primera configuración, han sido una creación liberal.

Sin embargo, vivimos en la actualidad un ataque constante a los principios básicos del liberalismo. Así, en lo que se refiere a los principios políticos, en un significativo número de países se adoptan medidas que debilitan el Estado de derecho, la división de poderes y las libertades públicas.

En España, la culminación de este menoscabo se ha materializado a lo largo de 2024 con la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía, las Sentencias del Tribunal Constitucional en relación con los ERE de Andalucía y la suscripción del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC. El propio Tribunal Supremo, en relación con la amnistía, ha llegado a afirmar que son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están en cuestión.

Desde una perspectiva económica, el debilitamiento de la propiedad privada, la libertad de empresa y el libre comercio, así como el deterioro macroeconómico del Estado y la excesiva regulación normativa han dado lugar a lo que algunos llaman 'capitalismo adulterado'. De hecho, a partir de los años 70 del siglo pasado, el Estado social y democrático de derecho se ha ido convirtiendo en una estructura que, en lo que se refiere al volumen y extensión de su sector público, ha disociado los aspectos redistributivos de los productivos, y destruido uno de los principios básicos de la política del bienestar diseñada en su momento por Beveridge: la no distorsión del funcionamiento del mercado por parte del gasto público.

Tal y como señala Ruchir Sharma en su What went wrong with capitalism, el gran cambio se produjo porque los países capitalistas más importantes empezaron a registrar déficits significativos casi todos los años a partir de finales de la década de 1970, cuadriplicando por término medio su gasto público. La idea keynesiana de que los gobiernos debían incurrir en déficits para crear empleo en tiempos de crisis, y superávits en tiempos de bonanza, dio paso a incurrir en déficits de forma constante e ininterrumpida, incumpliendo con ello lo defendido por el propio Keynes.

En el caso de nuestro país, únicamente en tres de los últimos cuarenta y cinco años se ha registrado superávit presupuestario, situándose la deuda pública en el 108% del PIB. Como consecuencia de ello, la expansión del gasto público, la deuda generada por el mismo y el constante aumento de la regulación normativa han tenido un efecto devastador en el incremento de la productividad y de la renta per cápita.

Por todo lo anterior, es imprescindible recuperar el equilibrio. Así, las opciones políticas alternativas a la socialdemocracia imperante en nuestro país deberían apostar por un liberalismo del siglo XXI basado en los siguientes objetivos básicos: (i) el fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones; (ii) la disminución de la intervención estatal en la economía; (iii) la eliminación del déficit fiscal y la reducción de esa deuda pública que hace que hoy exista más diferencia económica entre generaciones que entre clases sociales; (iv) la simplificación de regulaciones y la promoción de la competencia; (v) el perfeccionamiento del sistema tributario; y (vi) la reducción de las barreras comerciales.

La solución a los problemas de España y, en conjunto, de los principales países de Occidente, no es, como señala Draghi, la generación de más gasto público, endeudamiento o intervencionismo estatal, sino la promoción de la libertad política y económica. La solución, en definitiva, es más libertad.

Miguel Ángel Trillo-Figueroa y Sergio Velázquez son abogados.

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