Ugo M. Amoretti, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Génova (LA VANGUARDIA, 26/01/04).
El 5 de enero, Estados Unidos puso en marcha el programa US Visit (siglas inglesas de Tecnología Indicadora de Categoría para Inmigrantes y Visitantes a Estados Unidos) por medio del cual, al entrar al país, se toman las huellas y fotografías de los viajeros procedentes del resto del mundo con excepción de 27 países (casi todos europeos). Las huellas digitalizadas de los visitantes se cotejan en el acto con una base de datos de antecedentes delictivos y con todas las listas terroristas; más tarde, este proceso es repetido cuando los viajeros abandonan Estados Unidos como medida adicional de seguridad y para garantizar que se cumplen las restricciones del visado.
Las huellas digitalizadas de los visitantes se cotejan en el acto con una base de datos de antecedentes delictivos y con todas las listas terroristas; más tarde, este proceso es repetido cuando los viajeros abandonan Estados Unidos como medida adicional de seguridad y para garantizar que se cumplen las restricciones del visado. Al presentar el programa, el secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, afirmó que esta nueva medida, cuyo objetivo es reforzar la seguridad de las fronteras, siguiendo el rastro de los millones de personas que visitan Estados Unidos todos los años por motivos de negocios, estudios o turismo, y utilizar la información como instrumento contra los terroristas, constituía sólo el "primer paso importante de una serie de pasos" que el Gobierno tomaría en los próximos meses y años.
En consonancia con esta afirmación, "The Washington Post" informó el 12 de enero de que el Gobierno estadounidense estaba a punto de adoptar dos medidas más. Según la primera, llamada Programa Informático de Preinvestigación de Pasajeros, todos los pasajeros –incluidos los ciudadanos estadounidenses– que embarquen en aeropuertos estadounidenses serán investigados y clasificados por las autoridades estadounidenses. Con este nuevo sistema, el Estado obtendrá datos de todos los pasajeros, incluidos el nombre y la dirección, el número de teléfono, la fecha de nacimiento, el itinerario de viaje. A continuación, la información se introducirá en grandes bases de datos conectadas con registros públicos y bancos informáticos comerciales (como listas de direcciones de clientes) con el fin de verificar que los pasajeros son quienes dicen ser. Una vez identificado, el pasajero será cotejado con los delincuentes y sospechosos de terrorismo contenidos en otras bases de datos no especificadas. Este proceso en dos etapas concluirá con la asignación a cada pasajero de un color y un número. El color rojo impedirá el embarque del pasajero; el amarillo dirigirá al pasajero hacia mayores medidas de investigación; mientras que el verde le permitirá embarcar siguiendo los procedimientos habituales.
La segunda de estas medidas adicionales, llamada Programa Viajero de Confianza, será voluntaria y acelerará el paso por los controles de seguridad de los viajeros frecuentes gracias a una tarjeta obtenida a cambio de proporcionar información personal al Estado. Con estas nuevas medidas de refuerzo del sistema de vigilancia ya reforzado hace poco con el programa US Visit, no constituye sorpresa alguna que se haya producido una intensificación del debate sobre el delicado equilibrio entre seguridad y derechos civiles. ¿Ha ido esta vez demasiado lejos el Gran Hermano?
Según los partidarios de estos programas y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la rama del Departamento de Seguridad Nacional a cargo de ellos, estas nuevas medidas deben incrementar la capacidad de las autoridades para seguir el rastro de los pasajeros, garantizar la seguridad de las fronteras estadounidenses y abortar planes terroristas, con el consiguiente incremento de las posibilidades de impedir otros asesinatos masivos como los del 11-S.
Los críticos, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, afirman que estas nuevas medidas quizá no demuestren nunca su eficacia y, de modo más importante, que podrían vulnerar las libertades civiles constitucionales de que han gozado tradicionalmente los estadounidenses, como podría ocurrir en casos de identidades equivocadas o simples errores informáticos. ¿Qué recursos estarían a disposición de los ciudadanos falsamente señalados por el sistema como sospechosos de terrorismo? Los críticos también temen que el Programa Viajero de Confianza en seguida pase de ser voluntario a obligatorio, por no hablar del riesgo de crear, como consecuencia de la combinación de los dos programas, dos clases de viajeros, con la consiguiente discriminación contra los ciudadanos de países no exentos del programa US Visit y también contra ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de cierto origen étnico (sobre todo, los procedentes de Oriente Medio).
Las reacciones a estas nuevas medidas de seguridad también han superado el debate público. Desde el pasado mes de diciembre, cuando un juez brasileño definió el programa US Visit como "absolutamente brutal, una amenaza para los derechos humanos, una vulneración de la dignidad humana, xenófobo y digno de los peores horrores cometidos por los nazis" –yendo más allá de cualquier crítica razonable como sucede a menudo, para bien o para mal, cuando se trata de Estados Unidos–, los ciudadanos estadounidenses que visitan Brasil reciben, en represalia, el mismo trato que los visitantes de Estados Unidos con el programa US Visit, incluida la toma de huellas y fotografías.
En un intento de contrarrestar las críticas avanzadas por los defensores de la intimidad, la TSA ha defendido el nuevo sistema de investigación negando que "obligue" a las compañías aéreas a entregar datos de los viajeros, como afirmó "The Washington Post". Además, la TSA sostiene que el nuevo sistema ayudará a reducir del actual 15 por ciento a un 5 por ciento o menos el porcentaje de pasajeros señalados para la investigación adicional, lo cual permitirá a las autoridades concentrarse en un segmento más estrecho de viajeros. Por otra parte, la información personal se procesará tras un cortafuegos y nunca caerá en manos de otros organismos estatales, puesto que el uso de esa información sólo serviría para refinar la precisión de la identificación.
Con todo, las críticas persisten, y el debate sobre la tensión inherente entre seguridad y libertades civiles es más vivo que nunca. ¿Hasta qué punto la necesidad de impedir nuevos atentados terroristas y nuevas víctimas justifica la erosión de ciertas libertades civiles? O, dicho de otra manera, ¿hasta qué punto la necesidad de proteger las libertades civiles, que son el rasgo distintivo de la democracia y que durante siglos han atraído a millones de personas a Estados Unidos, justifica renunciar a medidas antiterroristas adicionales? Son preguntas difíciles de responder dado que no es posible establecer, "ex ante", el grado correcto de seguridad y de protección de las libertades civiles con el que componer este delicado equilibrio. Cuánta seguridad debe combinarse con cuánta protección de las libertades es algo que sólo es posible valorar "ex post", sobre la base de los resultados, a partir del grado en que han sido garantizadas la seguridad y las libertades.
No constituye, pues, ninguna sorpresa que encontremos a la mayoría de liberales y conservadores coincidiendo sobre la necesidad de combinar las libertades y la seguridad o sobre la necesidad de que Estados Unidos siga siendo un país seguro y libre. Lo que divide ambos campos es, más bien, la interpretación de las medidas tomadas o planeadas por el actual Gobierno: algunos las perciben como pasos necesarios para aumentar la seguridad mientras se protege la libertad; otros las perciben como perjudiciales para las libertades e ineficaces (o excesivas) para la seguridad.
Dadas las implicaciones partidistas que comportan tales juicios, es muy difícil que pueda aparecer un punto de vista compartido y en gran medida mayoritario. Sin embargo, el hecho de que se produzca un debate tan vigoroso da fe de que, por grande que sea la amenaza terrorista, la democracia estadounidense sigue en forma y funciona correctamente.
Obviamente, el destino de la democracia en Estados Unidos sólo se resolverá según el desarrollo de la "guerra contra el terror". La seguridad excesiva podría resultar fatal, como también lo sería la seguridad insuficiente. La democracia se basa en la libertad, y no puede haber democracia, tal como la conocemos, sin la libertad de estar a salvo del terrorismo. Lo cual, a su vez, es la principal razón para que Estados Unidos, con el fin de vencer en la "guerra contra el terror", combine esas medidas en el frente interior con otras en el frente más lejano. Ahí, la política sigue siendo al menos tan importante como el uso de la fuerza. Y esto significa sobre todo una cosa: ayudar a la mayoría moderada en el seno del mundo musulmán a ganar la guerra de ideas contra sus oponentes radicales, puesto que ése es probablemente el único instrumento eficaz para derrotar el terrorismo y a la minoría fanática que los perpetúa. Algo, por cierto, no muy diferente de lo que hizo Estados Unidos en Europa occidental durante la guerra fría, apoyar a los partidos políticos y organizaciones democráticos que se oponían al comunismo.