Mucho se ha hablado estos días de tratar de evitar la iraquización de Libia. En la mente de todos están los tremendos errores que se cometieron tanto en la invasión como en el posterior proceso de reconstrucción de un país que, pese a sus múltiples defectos, funcionaba. De ahí el exquisito cuidado para que ningún soldado de las fuerzas internacionales llegara a poner el pie en territorio libio. Responsabilidad de proteger, sí; invasión, en absoluto.
Claramente, Libia no es Irak, y cada proceso de transición es único, pero sí hay una serie de aspectos casi de manual que el Consejo Nacional de Transición (CNT) deberá acometer si su objetivo final es la democracia.
Lo más urgente es garantizar la seguridad -sin ella, no hay democracia posible- y el desarme es uno de los primeros retos. Desde que se inició el conflicto ha llegado a manos de la población un buen número de armas que es necesario recuperar para evitar, por un lado, que algunos decidan tomarse la justicia por su cuenta y, por otro, que puedan caer en manos de facciones de cualquier signo.
También es fundamental frenar los intentos de represalia contra los leales a Gadafi y contra los que puedan parecerlo. Especialmente delicada es la situación de los subsaharianos, fácilmente identificables, y a los que muchos toman como mercenarios al servicio del dictador. No lo son, sin embargo la mayoría de los 2,5 millones que trabajaban en el país antes de la guerra y de los que se calcula que solo unos 500.000 han podido salir. Junto a ello, se impone el control de fronteras. A la avalancha de gente que ha huido hacia Túnez y Egipto se suma la ingente tarea de controlar la frontera sur, un vasto territorio en el desierto por el que podrían circular con facilidad miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico y traficantes de todo tipo.
Otro de los grandes retos es la reconstrucción del Estado, y ahí está casi todo por hacer. Tras 42 años bajo la estructura monolítica levantada por Gadafi, es necesario aprender a hacer democracia desde cero: desde propiciar la aparición de partidos políticos y definir el sistema electoral, hasta la creación o recuperación de las instituciones y el establecimiento del Estado de derecho, pasando por la redacción de una nueva Constitución.
Los responsables del CNT han anunciado un calendario de 18 meses para convocar elecciones. No está claro, sin embargo, si será un plazo suficiente para la complejidad de la labor. Las elecciones no deben ser un fin, sino un medio, y es mejor llegar a ellas mediante un proceso negociado y consensuado. Una incógnita es el papel que tendrán los partidos islamistas, que han manifestado su voluntad de participar en un futuro democrático. No será fácil determinar qué hacer con Gadafi el día en que aparezca; el tribunal Penal Internacional ya ha ordenado su arresto, pero su capacidad de actuación dependerá mucho de dónde sea encontrado.
Ciertos recelos provoca la reciente declaración de que el nuevo Estado se guiará por la sharía, pues en Occidente se identifica a menudo la ley islámica con una norma arcaica e intransigente. La primavera árabe ha reabierto el debate sobre cómo compaginar el islam con un Estado democrático y plural, y de cómo se resuelva esta ecuación saldrán los nuevos regímenes del norte de África.
Por último, es necesario restaurar cuanto antes una cierta normalidad económica. Tras la caída de Trípoli, se habló de la falta de productos básicos; se han ido restableciendo, aunque aún hay zonas del país donde la falta de agua potable es una emergencia humanitaria. Pero Libia es un país rico, aunque la mala gestión hiciera que los beneficios del petróleo llegaran solo a unos pocos. Se calcula que cerca de 170.000 millones de dólares se encuentran congelados en bancos de todo el mundo. Algunos de esos fondos han comenzado ya a ser liberados y serán vitales para reactivar la economía y restablecer la confianza.
Como lo será la recuperación del ritmo de actividad del petróleo. El 60% del PIB libio procede de él. Es el momento de reactivarlo y modernizarlo, pero también de sentar las bases para una mayor diversificación de la economía del país.
Las grandes compañías han iniciado la carrera para colocarse lo mejor posible ante la lluvia de contratos que están por llegar. A ENI, Repsol y Total, que ya tenían una gran actividad en el país, se sumarán muchas otras firmas, especialmente de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los países que han liderado la acción internacional.
La comunidad internacional está dispuesta a seguir apoyando a Libia hacia la democracia y la prosperidad. La ONU ya ha aprobado una misión política que contribuya a restaurar la seguridad, establecer el Estado de derecho e impulsar el respeto de los derechos humanos. La misma disposición ha manifestado la UE, que tiene en la primavera árabe una prueba de fuego para su esperada política exterior común. Pero, por primera vez en muchos años, serán los libios los que tendrán la capacidad de decidir y actuar sobre su futuro, algo que no pasó en Irak.
Por Cristina Manzano, directora de la edición española de 'Foreign Policy'.