Libia y la problemática Ley de Aislamiento Político

Tema: El 5 de mayo de 2013 podría ser recordado como el día en que descarriló la transición democrática en Libia. En esa fecha, el parlamento interino aprobó por amplísima mayoría, y bajo la coacción de milicias armadas, la Ley de Aislamiento Político. Su aplicación puede condenar al país a vivir anclado a su pasado conflictivo.

Resumen: El objetivo original de esa ley era romper con la herencia de la dictadura de Gaddafi, excluyendo a las principales figuras de su régimen de la vida política en la nueva Libia. Sin embargo, tras meses de difíciles negociaciones sobre el alcance de las exclusiones, la presión ejercida por algunas milicias armadas –sitiando edificios públicos como los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores y amenazando con escalar sus acciones armadas– precipitaron la aprobación de un texto mucho más amplio y punitivo. La aplicación de dicha ley podría tener graves consecuencias para la transición iniciada en Libia, para su estabilidad interna y para la tan necesaria reconciliación nacional. Las repercusiones también podrían afectar al resto del Magreb, el Sahel y el norte del Mediterráneo.

Análisis: Según la Ley de Aislamiento Político aprobada por el Congreso Nacional General (CNG o parlamento interino), cuya entrada en vigor está prevista para el 5 de junio, todo aquel que tuviera un alto cargo en el régimen de Gaddafi entre el 1 de septiembre de 1969 y el 23 de octubre de 2011 queda inhabilitado para asumir cualquier cargo de responsabilidad durante un período de 10 años. Esto incluye a varias decenas de categorías, desde primeros ministros, ministros, autoridades locales y nacionales, altos cargos de instituciones públicas, embajadores, cónsules, rectores de universidad, directores de departamentos universitarios, jefes de organismos de seguridad, altos cargos militares y policiales y jefes de sindicatos estudiantiles, entre otros muchos.

A la lista de motivos de exclusión hay que añadir criterios que serán presumiblemente problemáticos y cuya aplicación puede ser arbitraria, como haber colaborado con los cuerpos de seguridad de Gaddafi, haberlo elogiado a él o a su Libro Verde en público, haber hecho negocios con algún miembro de su familia, haber tenido una actitud hostil hacia la “revolución del 17 de febrero” que acabó con el antiguo régimen o haberse enriquecido ilícitamente con el dinero del pueblo libio, entre otros criterios.

Según algunas estimaciones, varios centenares de miles de libios podrían quedar excluidos de la vida pública por dicha ley, en caso de aplicarse en su totalidad, incluidos muchos funcionarios y cuadros actuales en las instituciones públicas.

Durante una década, los afectados por esta ley no podrán ocupar cargos legislativos o ejecutivos a nivel nacional o local, ni formar parte de instancias judiciales o de consejos de administración, ni ocupar altos cargos en las fuerzas armadas o de seguridad, ni pertenecer al cuerpo diplomático, ni presidir instituciones académicas, ni ser miembros de partidos políticos o asociaciones con fines políticos, ni tampoco ocupar cargos directivos en medios de comunicación, entre otras limitaciones. Para supervisar el cumplimiento de la Ley de Aislamiento Político se crea una “comisión de aislamiento” con amplios poderes y cuyos miembros tendrán inmunidad.

Críticas al aislamiento
Numerosos ciudadanos y organizaciones libias han criticado esta ley debido a los graves problemas que causaría su aplicación. Como cabría esperar, entre los críticos hay integrantes y nostálgicos del antiguo régimen, pero también muchos que se opusieron y lucharon contra Gaddafi y que consideran esta ley vengativa e injusta, además de favorecer a corrientes políticas religiosas y tradicionalistas. Denuncian que pone en peligro a las ya de por sí frágiles instituciones de la Libia post-Gaddafi y sienta un precedente peligroso al permitir a las milicias armadas influir directamente en la redacción de leyes mediante la coacción y la violencia.

Quienes se oponen al texto que finalmente fue aprobado opinan que no todos los que trabajaron para el régimen en algún momento a lo largo de 42 años merecen ser castigados con tanta severidad, pues la ley no tiene en cuenta a quienes desertaron, se exiliaron e incluso lucharon en 2011 para derrocar a Gaddafi. Los críticos consideran que la Ley de Aislamiento Político no responde a una demanda popular mayoritaria, pues, de ser así, no habría hecho falta el recurso a la violencia por parte de algunas milicias armadas para intimidar a un parlamento interino cuyas funciones deberían ser otras, empezando por la elección de una asamblea constituyente para la redacción de una constitución.

Represaliados y beneficiados
La primera “víctima” de la nueva ley ha sido el presidente del CNG, y uno de los líderes políticos más influyentes de Libia, Mohamed Magarief. Quien fuera embajador libio en la India con Gaddafi, desertó del régimen y se exilió a principios de los 80, convirtiéndose en una de las principales figuras del movimiento opositor Frente Nacional para la Salvación de Libia. Magarief se presentó como líder del liberal Partido Frente Nacional a las primeras elecciones democráticas en la historia moderna de Libia, celebradas en julio de 2012, llegando a ser elegido presidente del parlamento interino, lo que lo convertía en el jefe de Estado de facto. Conocido por su pragmatismo y moderación, era uno de los que quedarían alejados de la vida política según la Ley de Aislamiento, a pesar de haber pasado décadas en el exilio. Por ello Magarief presentó voluntariamente su dimisión el pasado 28 de mayo, días antes de la entrada en vigor de la conflictiva ley.

Las maniobras de algunas milicias armadas y algunos grupos políticos, incluidos islamistas, son interpretadas como un intento de provocar una crisis política que fuerce la dimisión del actual primer ministro, Ali Zeidan. Éste, como Magarief, fue diplomático con Gaddafi y también se exilió a principios de los 80. De tendencia liberal, antes de la guerra civil libia trabajaba en Ginebra como abogado defensor de los derechos humanos. La alianza formada por algunas milicias revolucionarias armadas y algunos grupos políticos islamistas parece dispuesta a forzar la llegada de un nuevo primer ministro más maleable y afín a sus posiciones.

No es ningún secreto que el principal objetivo contra el que se dirige la Ley de Aislamiento es el líder de la Alianza de Fuerzas Nacionales, Mahmoud Jibril. Su partido fue el que obtuvo mejores resultados en las elecciones legislativas de 2012 (el 48% de los votos por listas). Su líder y fundador, Jibril, fue primer ministro interino del Consejo Nacional de Transición tras el inicio de la revolución, y a él se le atribuye haber logrado importantes apoyos internacionales necesarios para forzar la caída de Gaddafi. Sin embargo, entre 2007 y principios de 2011 había ejercido como jefe de la Junta Nacional de Desarrollo Económico con el antiguo régimen, por lo que también quedaría excluido de la acción política por la ley que aprobó el CNG.

Los beneficiados de la Ley de Aislamiento Político serán principalmente los partidos islamistas, empezando por el Partido Justicia y Construcción (la rama libia de los Hermanos Musulmanes). Contrariamente a lo ocurrido en Egipto y Túnez, los Hermanos no lograron un elevado apoyo popular en las primeras elecciones libres tras la caída de los autócratas (tan sólo el 10% de los votos por listas). Sin embargo, sus miembros son los menos afectados por la Ley de Aislamiento, en su versión finalmente aprobada, por lo que necesariamente se verán favorecidos en la nueva etapa.

Riesgos internos y externos del aislamiento
Una primera consecuencia de la Ley de Aislamiento es que más de 40 diputados (de un total de 200) quedarían excluidos del CNG, lo que modificaría su composición y los equilibrios de fuerzas en su interior. Los máximos damnificados serían la Alianza de Fuerzas Nacionales y el Partido Frente Nacional, mientras que los distintos sectores islamistas verían crecer su presencia. Según un mecanismo interno del CNG, los diputados que queden excluidos serán reemplazados por los siguientes candidatos en número de votos de entre los que se presentaron como independientes. Es sabido que muchos de ellos son próximos a partidos políticos, incluidos los islamistas. Estos cambios tendrían una gran importancia en la elección de la asamblea constituyente que deberá redactar una constitución (inexistente en la época de Gaddafi).

Por otra parte, al menos cuatro ministros (Petróleo, Defensa, Finanzas e Interior) se verían obligados a abandonar el gobierno, y aún no está del todo claro si también el actual primer ministro será purgado. En cuanto a los partidos políticos, algunos de ellos como la Alianza de Fuerzas Nacionales y el Partido Frente Nacional perderían a sus líderes, a pesar de que éstos recibieron un amplio apoyo de los votantes libios. Asimismo, varios partidos de la veintena con representación parlamentaria perderían dirigentes y miembros. Todo indica que las exclusiones afectarán mínimamente a los partidos islamistas, lo que les allanaría el camino para aumentar su influencia en el panorama político libio, más allá de lo que les han otorgado las urnas.

Si se llega a aplicar el aislamiento político hasta las últimas consecuencias, el sistema burocrático y las instituciones del nuevo Estado libio se verían profundamente afectados y muchos altos cargos competentes y con experiencia serían destituidos. Ese escenario recordaría, sin duda, al proceso de “desbaazificación” en Irak tras la caída de Saddam Husein en 2003, cuando cientos de miles de burócratas, funcionarios, policías y miembros de las fuerzas armadas perdieron sus empleos, lo que provocó que muchos de ellos se unieran a la insurgencia que continúa hasta la actualidad. Asimismo, las graves deficiencias en el diseño y ejecución del proceso iraquí contribuyeron decisivamente al colapso de numerosas funciones estatales y servicios públicos. Si no se evita a tiempo, nada impide que Libia pueda seguir el mismo camino, máxime cuando todo aquel que lo desee y tenga recursos puede hacerse con armas de lo más variadas.

También existe el riesgo real de que se colapsen las estructuras de seguridad como resultado de la destitución de altos mandos de la policía y de las fuerzas armadas encargados de controlar las fronteras terrestres (más de 4.300 kilómetros), y cuyos conocimientos del terreno y de las poblaciones fronterizas serán difíciles de reemplazar en poco tiempo. Esto es de máxima importancia, no sólo para la estabilidad dentro de Libia, sino también para el control de las porosas fronteras con los países del Sahel, por donde circulan bandas criminales, elementos yihadistas, armas y tráficos ilícitos. Sus actividades son una fuente de preocupación para los países del Magreb, pero también para los países europeos y para EEUU.

A todo lo anterior hay que sumar que entre los excluidos por la Ley de Aislamiento Político estarán muchos de los interlocutores libios con el exterior, y cuya experiencia se hace más necesaria si cabe en el actual proceso de transición para que las instituciones estatales funcionen y Libia asuma un papel constructivo en su entorno mediterráneo, árabe y africano. Es muy probable que algunos de sus “sustitutos” sean vistos con recelo desde el exterior, o que algunos estuvieran en listas de buscados por actividades criminales.

Conclusión: En lugar de avanzar hacia la reconciliación nacional en Libia por las vías de la justicia transicional y de la integración de los sectores que se sienten marginados, la nueva Ley de Aislamiento Político reforzará la desesperación de unos y la sed de venganza de otros. La exclusión política total y absoluta de todos los altos cargos de antiguos regímenes autoritarios durante procesos de transición no suele contribuir a superar los problemas del pasado, ni preparar a la sociedad para mirar hacia el futuro con esperanza.

Libia aún está a tiempo –aunque le queda muy poco– de evitarse mayores sufrimientos en el futuro. Para ello debería buscar otras fórmulas de justicia transicional entre las diversas experiencias vividas en el sur y este de Europa, América Latina, Sudáfrica y otros países. La estabilidad y prosperidad futuras de Libia dependerán de si los libios son capaces de cerrar los capítulos nefastos del pasado con una combinación de justicia para las víctimas, compensación moral y generosidad colectiva.

La comunidad internacional, empezando por los vecinos mediterráneos de Libia y aquellos que contribuyeron a la caída de la dictadura de Gaddafi, debería seguir apoyando los esfuerzos de reconciliación política en Libia y a los sectores moderados, cívicos y democráticos de su sociedad civil. Ese apoyo debe traducirse en asistencia técnica inmediata para contrarrestar con formación y buenas prácticas parte de los efectos nocivos de la purga política. En paralelo, se debe favorecer el fortalecimiento de las débiles instituciones del joven Estado libio, de forma que ganen credibilidad y legitimidad social por su gestión de los asuntos públicos. Eso incluye: hacer respetar la ley y el orden; desmovilizar, desarmar y reinsertar a los miembros de las milicias armadas; y proveer servicios públicos de una calidad satisfactoria para la población.

La Ley de Aislamiento Político coloca a Libia ante un cruce de caminos: uno puede reemplazar una tiranía de origen revolucionario por otra incluso más caótica, mientras que el otro puede conducir al país a un futuro más estable y próspero.[1] Para que esto ocurra, los libios tendrán que aprender a corregir los errores graves que se cometan durante la transición por las vías del diálogo nacional y la búsqueda del consenso. Ahora tienen la oportunidad de llevarlo a la práctica antes de que sea demasiado tarde.

Haizam Amirah Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe, Real Instituto Elcano.

[1] Véase El fin de Gaddafi y la difícil (pero no imposible) construcción de una Libia estable y próspera, ARI nº 145/2011, Real Instituto Elcano.

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