Libres hasta el final: legalizar la eutanasia

La decisión de poner término a la propia vida es una de las más difíciles, si no la más, de todas cuantas puede tomar el ser humano. En la Grecia y Roma antiguas la eutanasia era alentada por destacados filósofos. Son particularmente sugerentes las reflexiones sobre la buena muerte, que no otra cosa significa ese vocablo griego, por parte de los estoicos, como el Séneca de las Cartas a Lucilio, que tanto influjo ejercería en un espíritu tan sutil y penetrante como Montaigne, fiel exponente del humanismo renacentista.

Pero al estrecho nexo entre estoicismo y cristianismo no ha impedido a la Iglesia católica condenar todas las conductas eutanásicas, incluido el suicidio asistido, aunque ya no mantenga como antaño la prohibición de enterrar a los suicidas en los cementerios.

La reforma de la legislación penal auspiciada en el Siglo de las Luces por los ilustrados Gaetano Filangieri y Cesare Beccaria, luchadores infatigables contra la tortura y los tratos degradantes, no alcanzó a despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, cuya sanción penal se mantuvo en los ordenamientos jurídicos de los Estados liberales durante los dos siglos posteriores. Cierto que en muchos códigos penales ya no se castiga hoy a quien intenta quitarse la vida, pero no lo es menos que se mantienen las penas de prisión, a veces equiparables a las de homicidio, para quienes practiquen la eutanasia, por ejemplo mediante una sedación que conduzca a la muerte, o colaboren con los que con sus propios medios estén dispuestos a autoliberarse.

Esta actitud obedece a la convicción de que la vida es un don divino y que sólo Dios, por tanto, puede lícitamente quitarla. La eutanasia y el suicidio asistido, incluso cuando se encaminan a poner fin a una enfermedad irreversible, se considera que atentan contra el derecho natural, concebido como proyección de la ley divina. Para ser justa, la ley positiva debe prohibirlos y sancionarlos penalmente. Tan sólo se aceptan los cuidados paliativos que alivien el sufrimiento del enfermo terminal y eviten el encarnizamiento terapéutico.

Un avance, sin duda. Pero insuficiente. Pues, al fin y al cabo, el punto de partida debiera ser la consideración del ser humano, del adulto con plenas facultades mentales, como único sujeto capaz de decidir libremente cuándo y cómo poner fin a su vida. Esta aspiración empieza a ser reconocida a comienzos del siglo XXI por parte de algunos países, en los que la eutanasia y el suicidio asistido se configuran como nuevos derechos civiles. Así sucede en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá y en algunas partes de los Estados Unidos de América, como Oregón, Washington y California.

Pero incluso en esos lugares las diversas prácticas eutanásicas se han despenalizado tan sólo cuando se padece una enfermedad terminal o una dolencia irreversible que ocasiona un sufrimiento físico o psíquico insoportable.

Un gran avance, pero de nuevo insuficiente, pues lo ideal sería reconocer ese derecho con independencia del estado de salud de quien lo solicita. Ahora bien, sin renunciar a ese objetivo, de momento la legislación de esos países debiera servir de referente para aquellos otros en los que todavía la eutanasia y el suicidio asistido se condenan penalmente.

Así ocurre en España, cuyo código penal, en su artículo 143.4, castiga con varios años de prisión al que “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.

Desde hace tiempo son muchos los juristas que se han manifestado a favor de derogar este precepto. Un objetivo que ha contado con el impulso de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, fundada en 1984 y pionera en nuestro país en la lucha por legalizar la eutanasia y el suicidio asistido.

Una reivindicación que cuenta con el respaldo del 84% de los españoles, según un muy reciente sondeo de Metroscopia. Se trata sin duda de un porcentaje muy alto, que necesariamente incluye a españoles de muy diversas ideologías políticas y creencias religiosas. Aunque estas creencias suponen a veces un obstáculo insuperable para aceptar esa legalización. A los católicos que no la aceptan, pero no sólo a ellos, me permito recomendarles la lectura de Una muerte feliz, un libro en el que el teólogo suizo Hans Küng, desde una sabia relectura del cristianismo, hace un llamamiento en favor del derecho de cada cual a decidir el momento y la forma de su muerte.

Fruto de esta nueva realidad social, en enero de este año se registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica, suscrita por Podemos y por alguna de sus confluencias, con el propósito de regular la eutanasia y el suicidio asistido para todos los españoles mayores de edad que acreditasen de manera fidedigna y reiterada padecer una enfermedad terminal, con el testimonio a favor de dos médicos independientes. En esa proposición se contemplaba también la objeción de conciencia a la que podrían acogerse los médicos y sanitarios que lo deseasen.

Pero, lamentablemente, el pasado 21 de marzo varios partidos, entre ellos el PP y UPN, se opusieron a tomarla en consideración en el Pleno del Congreso, mientras que el PSOE, Ciudadanos y el PDeCAT decidieron abstenerse.

Se ha perdido, así, una gran oportunidad para debatir un asunto que a todos concierne y desde luego para aprobar, con todas las mejoras necesarias que hubiesen podido introducirse a lo largo de su tramitación parlamentaria, una ley destinada a ampliar los derechos individuales y, por consiguiente, a reconocer con mayor plenitud la libertad y la autonomía personales. Todo ello, además, en sintonía con lo que dispone la Constitución española, cuyo artículo 10 considera que “la dignidad de la persona” es el “fundamento del orden político y de la paz social”, mientras el 15 prohíbe “los tratos inhumanos o degradantes”.

Pero esta derrota parlamentaria no debe llevar al desánimo. Hay que seguir peleando hasta conseguir quese legalicen la eutanasia y el suicidio asistido con el mayor respaldo político y social posible. Ser libres hasta el final. Ese es el gran e irrenunciable objetivo.

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.

1 comentario


  1. No se dejen engañar por la retórica: lo que este señor propone es simple y llanamente el suicidio libre con asistencia del Estado.

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