Licenciamiento, producción y distribución global de vacunas

Licenciamiento, producción y distribución global de vacunas
SAUL LOEBAFP via Getty Images

A esta altura de la pandemia, la pregunta clave es si la producción de vacunas se puede aumentar lo suficientemente rápido como para permitir que la mayoría de las personas estén vacunadas relativamente pronto. Pero esta pregunta remite a otra: si es apropiado o no, y en qué circunstancias, suspender los derechos de propiedad intelectual acordados a nivel nacional e internacional. La cuestión se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio ahora que la administración del presidente norteamericano, Joe Biden, ha salido sorpresivamente en respaldo de una exención por COVID-19, dejando en evidencia una fisura entre los gobiernos occidentales.

La mayoría concuerda en que, si un conjunto de condiciones justifica una exención, esta pandemia sin duda las cumple. Los millones de vidas amenazadas por el virus deberían generar una sensación compartida de humanidad. Y la vacunación es un bien público, porque la seguridad de cada uno en definitiva depende de la de los demás. En algunos casos, los gobiernos han coinvertido junto con empresas en el desarrollo de vacunas, fortaleciendo el argumento a favor de un licenciamiento obligatorio. Pero cualquier cosa que hagamos para ofrecerlo no debe producir consecuencias adversas o no intencionadas que pudieran afectar nuestras respuestas a crisis futuras de este tipo.

Necesitamos empezar por un interrogante básico: ¿la propuesta en discusión suspendería los derechos de PI o simplemente permitiría un licenciamiento obligatorio, según el cual la empresa retiene sus derechos de PI y el derecho de obtener un retorno? De las dos opciones, es preferible el licenciamiento obligatorio. Al admitir que el creador tiene derecho a un retorno, minimizaría el efecto adverso en incentivos futuros.

Por supuesto, una variable importante es qué se está licenciando exactamente. ¿Estamos hablando de la composición química de la propia droga o la licencia se extiende a toda la tecnología incluida en un proceso de producción en escala? Aumentar la producción global muy probablemente exigiría ambas cosas. Pero, como la tecnología de fabricación patentada no necesariamente es específica de una droga, el licenciamiento obligatorio en este caso podría afectar la producción de otros medicamentos, planteando interrogantes en relación a la justicia y a la tasa de retorno sobre la inversión. Asimismo, transferir tecnología de producción no siempre es fácil.

La capacidad de producción es otra variable importante. ¿Con cuánta se cuenta ahora y cuánta más necesitaríamos construir aceleradamente para garantizar una producción de alta calidad si se transfiriera PI? Más allá de las respuestas precisas, el punto es que aún si la cuestión de la PI pudiera resolverse, la fabricación y la distribución seguirán siendo limitaciones vinculantes, junto con una tercera variable clave: el precio.

Los expertos de salud pública y los responsables de las políticas por lo general se han resistido a cobrar por la vacunación, porque esto iría en contra del objetivo de inmunizar a todos. Pero, en el contexto actual, los clientes que compran vacunas son principalmente gobiernos o instituciones multilaterales, lo que implica que existen por lo menos dos precios a determinar. Uno es la regalía obligatoria pagada a los productores originales, supuestamente las empresas que licencian la PI. Pero después está el precio pagado por los gobiernos a esos licenciatarios, que pueden o no ser compañías nacionales.

La prioridad general de largo plazo es preservar los incentivos para que las grandes compañías farmacéuticas inviertan mucho y rápido en la respuesta a la próxima crisis –como lo hicieron en ésta-. Estas son inversiones riesgosas. Se deben fijar las regalías, en conjunto, para producir retornos sustanciales para los productores exitosos, y también un retorno sobre la PI incluida en la tecnología de fabricación. Más concretamente, el incentivo debe seguir siendo lo suficientemente fuerte como para persuadir a todas estas empresas de asumir el riesgo de un fracaso.

Algunos dirán que el retorno para los productores de vacunas exitosos ya es alto a partir de las ventas a los países desarrollados. Eso puede ser verdad, pero no podemos simplemente darlo por sentado. Es una cuestión que tendrá que resolverse en la OMC. Menos inciertos son los principios que se deben defender ahora y en crisis futuras como ésta. Para la compañía inversora, los retornos esperados sobre el desarrollo de las vacunas (que incluye la probabilidad de fallar) no deberían ser ni inapropiadamente bajos ni prohibitivamente altos. Es un error común mirar sólo los retornos para las compañías que tienen éxito.

La manera más justa de pensar en esto es basar los precios en el ingreso per capita del país cuyo gobierno está comprando las vacunas. (Dependiendo de su misión, las agencias de ayuda y las organizaciones sin fines de lucro pueden subsidiar aún más las compras). Pero ya que la discriminación entre países abre la posibilidad de que gobiernos y empresarios inescrupulosos puedan sacar ventaja del sistema mediante trasbordos, una institución internacional como las Naciones Unidas idealmente negociaría y compraría grandes cantidades de vacunas para distribuir a países por debajo de un cierto nivel de ingresos.

El programa Acceso Mundial a Vacunas contra el COVID (COVAX), lanzado en 2020 por la Organización Mundial de Comercio, Gavi, la Alianza de Vacunas, y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, está destinado a lograr esto, con financiamiento de las economías avanzadas. Es una buena idea y debería seguir su curso. Pero si bien ha hecho progresos en materia de adquisición y distribución de vacunas, está sub-financiado y padece los mismos problemas de oferta (nacionalismo de vacunas, requerimientos de licenciamiento y cuellos de botella en la fabricación) que normalmente enfrentan los países en desarrollo.

Se supone que los países donde se desarrollan vacunas satisfarán sus propias necesidades primero. Así, la única solución real a nivel global es escalar la capacidad de producción en la mayor cantidad de lugares posible.

Al considerar las lecciones aprendidas de esta crisis hasta el momento, se destacan dos puntos finales. Primero, no se deberían tomar decisiones críticas de manera unánime y todos deberían tener derecho a veto. Esta es una receta para la dilación y la inacción. Por el contrario, necesitamos un organismo responsable y ampliamente representativo como las Naciones Unidas para declarar una emergencia global, que luego debería dar lugar a acuerdos pre-especificados. Negociar opciones de fabricación global y PI en el medio de una pandemia no es lo ideal.

Segundo, sigue habiendo un problema importante y urgente de carga máxima en la fabricación. La capacidad de carga máxima es costosa, porque si bien no se utiliza la mayor parte del tiempo, su ausencia en momentos de crisis puede resultar en una mortalidad mucho más alta y en alteraciones más prolongadas. El sector privado no puede resolver este problema. Mientras haya un interés público global en tener una capacidad de fabricación farmacéutica en exceso, los gobiernos, en su conjunto, deben descifrar cómo pagar por ella.

Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics Emeritus and a former dean of the Graduate School of Business at Stanford University. He is Senior Fellow at the Hoover Institution, serves on the Academic Committee at Luohan Academy, and co-chairs the Advisory Board of the Asia Global Institute. He was chairman of the independent Commission on Growth and Development, an international body that from 2006-10 analyzed opportunities for global economic growth, and is the author of The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World.

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