El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, recientemente dado a conocer por el Gobierno, sitúa en el centro de la agenda política española el debate sobre cuál es el modelo energético adecuado para avanzar hacia una economía sostenible sin emisiones de gases de efecto invernadero. Su diseño y puesta en marcha requerirá de políticas estructurales de naturaleza trasversal que, además de modificar nuestra manera de generar y consumir energía, pueden convertirse en vectores de una profunda transformación económica y social en nuestro país. La transición energética es, por tanto, una poderosa herramienta que, bien utilizada, nos ofrece una oportunidad única para modificar nuestra estructura productiva en las próximas décadas.
La respuesta a un desafío de esta magnitud debe ir más allá del debate ideológico. El punto de partida es ya un marco internacional definido que nos compromete, dado que España lo ha suscrito y adoptado como propio. Por un lado, el Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, por otro, los objetivos de energía y clima de la Unión Europea, cuyo liderazgo en la lucha contra el cambio climático está globalmente reconocido.
Pero debemos pasar de las palabras a los hechos sin demora. Desde la comunidad científica nos advierten de los graves e inminentes impactos del cambio climático, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo. El último informe del grupo de expertos de la ONU lanza un llamamiento urgente a la acción, al constatar que las emisiones de gases de efecto invernadero han elevado ya la temperatura del planeta un grado centígrado por encima de los niveles preindustriales.
La lucha contra el calentamiento global exige un esfuerzo real y medible por parte de todos. En este sentido, se requieren sólidos mecanismos de seguimiento y control que permitan verificar el impacto de las acciones llevadas a cabo, no solo por cada país, sino también por los diferentes sectores y empresas.
Los objetivos anunciados en el anteproyecto antes mencionado apuntan a que las emisiones del conjunto de la economía española en 2030 deben reducirse en un 20% respecto a 1990 y un 90% en 2050; y a que se logre una penetración de las renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030, lo que requerirá alcanzar ese año un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable, así como una mejora de la eficiencia energética del 35%, algo perfectamente factible tanto a medio como a largo plazo.
Pocos creían hace apenas dos décadas que podríamos alcanzar el grado de desarrollo que las energías limpias tienen hoy en España. Pero gracias a quienes apostamos por esa transformación, nuestro país es líder global en las industrias ligadas a las renovables. Sin embargo, aún puede hacerse mucho más. La digitalización de nuestras redes eléctricas, campo en el que las industrias españolas acompañan a Iberdrola en su expansión internacional, y el aumento de la capacidad de almacenamiento de energía, harán posible la integración de los más de 50.000 MW de capacidad instalada renovable necesaria en el sistema. Según las estimaciones, habrá que movilizar inversiones por valor de 125.000 millones de euros solo en los próximos diez años, con el consiguiente impacto en la actividad económica y la creación de empleo.
La transición energética favorece la generación de puestos de trabajo estables y de calidad en sectores de futuro como las energías renovables, la movilidad eléctrica o la edificación sostenible. Datos de la Organización Internacional del Trabajo indican que por cada puesto que se pierda en este proceso se generarán cuatro nuevos, con un saldo neto de más de 18 millones de empleos a nivel mundial. España tiene ante sí la oportunidad de ser uno de los países más beneficiados, porque los tres grandes sectores que acumularán la mayor parte del nuevo empleo (energía, construcción y automoción) tienen un relevante peso en nuestra economía.
Las fuentes renovables nos proporcionan una energía más asequible y segura, y nos permiten reducir la dependencia energética del exterior, que es aún del 73% debido a que importamos casi el cien por cien del petróleo, el gas y el carbón que consumimos. Modificar esta situación mediante las tecnologías eólica, solar e hidroeléctrica reforzará la seguridad del suministro, mejorará nuestra balanza de pagos y reducirá la factura de nuestros hogares.
Además, los beneficios de las políticas climáticas -de entre las que destaca la apuesta por la movilidad sostenible- inciden directamente en la calidad de vida de las personas. No olvidemos que la contaminación del aire causa más de 38.000 muertes prematuras al año en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.
En este contexto, la aprobación de un marco legal con un amplio grado de consenso social y político es la mejor garantía de seguridad jurídica y de estabilidad regulatoria -aspectos imprescindibles para incentivar las inversiones necesarias-, y asegura un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes agentes económicos, siguiendo el principio de que «quien contamina paga».
Las empresas españolas están demostrando que cuentan con las capacidades para liderar el cambio de modelo energético y ejercer un efecto tractor en el tejido económico. A modo de ejemplo, Navantia ha sido capaz de diversificar su actividad, tradicionalmente enfocada en la industria naval, e impulsar su internacionalización gracias a la participación en varios proyectos de energía eólica marina de la mano de Iberdrola.
En definitiva, el sector industrial español es ya protagonista de un movimiento que no tiene marcha atrás. Por eso, ahora es el momento de sentar las bases para consolidar este liderazgo en el futuro en beneficio de todos. Como ha manifestado recientemente Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, «el destino energético del mundo recae en las decisiones de los gobiernos». Necesitamos una estrategia de país a largo plazo concebida con visión de Estado, sin tentaciones cortoplacistas, elaborada con el concurso de todos los actores implicados. España está en condiciones de aprovechar una gran oportunidad que nos encamine hacia un modelo de sociedad más próspero, sostenible, saludable y equitativo; y de demostrar que esta vez podemos conducir el tren de una nueva revolución industrial y tecnológica en lugar de verlo pasar desde el andén.
Ignacio S. Galán es presidente de Iberdrola.