Este año se celebra el vigésimo aniversario de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales de las Naciones Unidas. Desde que el tratado entró en vigencia, los conflictos armados en África y otras partes han disminuido marcadamente, y la democratización, de la mano del monitoreo internacional, ha conducido a una reducción del uso de minas terrestres y otros artefactos explosivos improvisados (IED por su sigla en inglés) en todo el mundo. Al mismo tiempo, individuos y organizaciones inspiradores han seguido explorando entornos difíciles para asistir a las víctimas y limpiar los campos minados.
Pero ese progreso ahora está en peligro. Según el Monitor de Minas Terrestres 2018, el uso de minas terrestres/IEDs está aumentando a un ritmo alarmante, al igual que las fatalidades y las heridas causadas por estos artefactos. La mayoría de las víctimas están en Siria, Afganistán, Yemen, Nigeria, Myanmar y Libia, donde las milicias rebeldes, las fuerzas del gobierno y los grupos extremistas como Estado Islámico han sembrado nuevos campos minados. Debido a la contaminación pasada y actual, los restos explosivos de la guerra siguen afectando la vida de millones de personas, particularmente civiles y niños, en unos 50 países.
En tanto la comunidad internacional se concentra principalmente en limitar el uso de minas terrestres, prevenir muertes y asistir a los heridos, se le presta mucha menos atención a cómo estos artefactos amenazan los esfuerzos de recuperación post-conflicto. El millón de IEDs que se calcula están desperdigados en Yemen y miles de artefactos similares en Siria estrechan considerablemente el camino hacia la paz y la reconstrucción en estos países.
Para complicar aún más las cosas, las operaciones de limpieza son lentas y dependen de métodos de detección imperfectos y de información incompleta. Muchos campos minados fueron creados hace años o inclusive décadas, y pueden haberse desplazado como consecuencia de desprendimientos de rocas, inundaciones u otras causas naturales.
El desminado se ve afectado por los problemas de coordinación, ya que el proceso está fragmentado entre varias organizaciones no gubernamentales y agencias de las Naciones Unidas. La capacidad estatal post-conflicto de los gobiernos, que es débil, dificulta aún más la planificación y la coordinación. El costo elevado de retirar minas muchas veces genera fatiga entre los donantes. Frente a estos desafíos, ¿cómo deberían ser los esfuerzos de desminado?
En los últimos años, hemos estudiado el impacto del retiro de minas terrestres en Mozambique, el único país que ha pasado de estar “altamente contaminado” (en 1992) a “libre de minas de terrestres” (en 2015). Entre 1977 y 1992, Mozambique sufrió una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos como consecuencia de la violencia, la desnutrición y el hambre. Más de cuatro millones de los aproximadamente 14 millones de personas del país tuvieron que desplazarse.
Según un informe de Human Rights Watch de 1992, partes de Mozambique habían quedado “reducidas a una condición de la edad de piedra” y tendrían que ser reconstruidas “desde cero”. Sin embargo, miles de campos minados diseminados por todo el país hicieron que la reconstrucción resultara un desafío. Las tropas del gobierno habían utilizado minas para cercar pueblos, ciudades e infraestructura básica, mientras que RENAMO, un grupo militante respaldado por Rodesia y Sudáfrica en tiempos de apartheid, las había utilizado profusamente en su estrategia de terror. Habían quedado inclusive campos minados más antiguos que había dejado la guerra de independencia de 1964-1974, cuando tanto los combatientes independentistas -FRILEMO- como el ejército portugués los utilizaron por varias razones. Milicias, pandillas y hasta compañías comerciales utilizaron minas terrestres con fines militares, de protección y de terror.
Si bien las primeras evaluaciones de posguerra sugirieron que había aproximadamente un millón de minas terrestres esparcidas en Mozambique en 1992, nuestros datos descubrieron alrededor de un cuarto de millón de dispositivos en 8.000 zonas peligrosas. Sin embargo, independientemente del número preciso, bastan unas pocas minas para aterrorizar a civiles y frenar la actividad económica.
En nuestro estudio, registramos cómo la evolución de la actividad económica local en localidades de Mozambique, reflejada en imágenes satelitales de la densidad de luz nocturna, respondió a las operaciones de desminado entre 1992 y 2015. Descubrimos que la actividad económica repuntó modestamente después de la erradicación total, lo que implica que el desminado en verdad facilita el desarrollo. Más importante, determinamos que el desminado resulta en beneficios relativos mayores cuando específicamente se focaliza en caminos y vías férreas, así como en pueblos que albergan mercados agrícolas.
Desminar zonas clave asociadas con las redes de transporte se traduce en un gran aumento de la actividad económica agregada porque tiene efectos positivos inclusive en zonas que nunca estuvieron contaminadas. Las simulaciones de políticas comparativas sugieren que el proceso de desminado altamente fragmentado de Mozambique quizá resultó en cuantiosas pérdidas en comparación con lo que se podría haber logrado con un esfuerzo más coordinado que apuntase a los nodos centrales de la red de transporte limitada del país.
Al igual que las familias infelices de Tolstoy, cada guerra civil es destructiva a su manera, lo que implica la necesidad de un extremo cuidado cuando se extrapolan los resultados de la investigación de cualquier estudio de conflictos únicos. Sin embargo, nuestra investigación señala algunas lecciones generales para la comunidad internacional en tanto se programa para la reconstrucción de Yemen, Siria, Libia y Afganistán, y sigue adelante con los esfuerzos de desminado en Colombia, Camboya y muchos países africanos.
Primero, los esfuerzos de desminado más importantes deberían adoptar una visión panorámica para identificar interconexiones espaciales y zonas que albergan infraestructura de transporte y mercados locales y regionales. Sin duda, la priorización es complicada por otras consideraciones, entre ellas la necesidad de facilitar el retorno de los refugiados, mantener la paz, distribuir ayuda y demás; de todos modos, considerar el potencial económico de la erradicación de minas en zonas clave ayudaría a garantizar un éxito de largo plazo.
Segundo, la experiencia de Mozambique guarda una lección para aquellos en la comunidad internacional que son reacios a expandir el Tratado de Prohibición de Minas para que incluya las minas terrestres anti-tanques (anti-vehículos), que todavía son consideradas legales, debido a su supuesta “importancia estratégica”. Como demuestran nuestras conclusiones, al amenazar los flujos intrarregionales de bienes, personas e ideas, las minas terrestres anti-vehículos amenazan el desarrollo económico y una recuperación post-conflicto.
Tristemente, el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas (4 de abril) nunca ha sido más relevante, dado el uso continuo de estos dispositivos letales en conflictos en todo el mundo. Además de ayudar a las víctimas de las minas, la comunidad internacional urgentemente necesita incrementar sus esfuerzos de erradicación. El proceso exige un abordaje estratégico, holístico y coordinado para garantizar que el desminado conduzca a un desarrollo económico sostenible y una paz duradera.
Giorgio Chiovelli is a Research Fellow at the London Business School. Stelios Michalopoulos is Associate Professor of Economics at Brown University. Elias Papaioannou is Professor of Economics and Academic Director of the Wheeler Institute of Business and Development at the London Business School.