Linchemos a Juan Carlos I

Las posiciones interesadas de varios grupos y líderes políticos bombardean la Monarquía con supuestas informaciones sobre el Rey Juan Carlos I. Se formulan acusaciones carentes de rigor y sin base objetiva pero conviene recordar que esto no es nuevo. Citemos sólo como referencia al socialista Demetrio Madrid. Fue víctima de condenas políticas y periodísticas hasta tal punto que se vio obligado a abandonar la política. La Justicia, cuando el daño ya era irreversible, vino a decir que era inocente. ¿Quién rectificó? Nadie. Don Juan Carlos I es objetivamente la persona más necesaria en el desarrollo de España desde el año 1975, cuando lideró el proceso de Transición. Sin embargo, parece que estamos en una de aquellas películas del Oeste en las que un grupo de ofuscados vengativos gritaban para linchar a la víctima de turno porque ellos creían que era culpable. «¡Linchemos al Rey», les falta decir.

Con motivo de determinadas informaciones sobre la relación del Rey y una señora, vinculada con un expolicía corrupto y en prisión preventiva, se vienen pronunciando afirmaciones muy serias. En sí mismas suponen un posible comportamiento antijurídico y no por parte de ciudadanos anónimos, ejerciendo su libertad de opinión, sino procedentes en muchos casos de personas con responsabilidad institucional, como la ministra de Igualdad. Irene Montero, desconociendo el título de la cartera que representa, no aplica el principio de igualdad ante la ley. Pero mucho más grave es la conducta del vicepresidente segundo. Ambos, flanqueados por los políticos independentistas, lideran una corriente contraria a la Corona, la Institución, no sólo contra Juan Carlos I.

Carlos Herrera comentaba hace unas semanas en su programa de Cope que si tuviéramos que construir hoy día un Estado, la mayoría de ciudadanos elegiríamos la república y no la monarquía. Pero los estados históricos, y España es uno de los más relevantes, son el resultado de su historia. El régimen del 78 ha sido y es a día de hoy el mejor de los posibles. De hecho, para la mayoría de los españoles la Monarquía no es hoy una cuestión que preocupe, y menos con los graves problemas sanitarios y económicos que sufrimos.

En este contexto, es obligado ponderar los hechos por encima de acusaciones basadas en declaraciones de personajes como el expolicía corrupto Villarejo o la señora Corinna Larsen: 1. Inexistencia, a día de hoy, de ningún proceso judicial en España o en Suiza contra el Rey Juan Carlos I. 2. A una señora que ha tenido relaciones con el Rey Juan Carlos I, se le descubre una cuenta no declarada, y sin origen conocido, de 65 millones de euros. Su excusa o defensa ha consistido en decir que fue un regalo (donación) del Rey de España, y como es poco creíble tamaña donación, se desliza por la opinión publicada una eventual posición de testaferra.

3. Unas vinculaciones ciertas entre Villarejo y la citada señora, llamada Corinna. 4. Una permanente voluntad de la citada señora de condicionar a Felipe VI con el envío de cartas firmadas por sus abogados. Es evidente la intención de influir en la Corona para provocar una intervención del actual Rey en evitación de sus males. Un comportamiento impecable de la Casa Real y de ese magnífico empleado de la misma, Alfonsín, «mandándola a paseo», aunque con mucha educación.

En este contexto, para los citados políticos, republicanos declarados, es Don Juan Carlos un corrupto, y ello justificaría la abolición de la Monarquía. Lo predican quienes tienen problemas para justificar sus cuentas, dan por buena cualquier supuesta información siempre y cuando sea negativa contra el Rey, y en varios casos no respetan la unidad de España, según ellos mismos admiten.

Es una evidencia que a estos presuntos conspiradores, muchos de ellos miembros del Gobierno, les importa crear los caldos de cultivo para generar las bacterias de las políticas bolivarianas y/o sentimientos para la separación de determinados territorios de España. De no ser Don Juan Carlos la diana de estas conjeturas, sino una persona anónima, entenderíamos todos que es un ardid del equipo legal que defiende a Corinna Larsen, titular de la famosa cuenta que origina toda la bola de nieve. Pero incluso partiendo de la hipótesis de que todo fuera cierto, ¿dónde está la corrupción de Juan Carlos I? En ninguna parte.

Las empresas españolas no fueron quienes hicieron frente al supuesto pago de 65 millones de euros. Según se nos dice, fue una donación-regalo del Rey de Arabia. El único hecho cierto es que Don Juan Carlos colaboró para que Arabia concediera la construcción del AVE a la Meca al consorcio de empresas españolas y, según todos los participantes, su función fue decisiva. Dejemos trabajar a la Justicia y defendamos la presunción de inocencia como un baluarte fundamental del Estado de Derecho, donde se asienta la convivencia democrática. Sí el comportamiento fuera recriminable, debe ser la Justicia quien lo determine.

Si se demuestra que no es lo que dicen los que están atacando al monarca, ¿cómo se va a remediar el daño infringido?, ¿van a dimitir?

Gregorio Peña Varona es abogado.

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