¿Listas de espera hasta la eternidad?

Según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad publicadas la semana pasada, el tiempo medio de espera para poder operarse en el Sistema Nacional de Salud alcanza ya los 115 días, cuando seis meses antes era de 83. Si lo comparamos por comunidades autónomas, las diferencias entre unas y otras son abismales, pasando de los 182 días de Canarias o los 173 de Cataluña, a los 50 días del País Vasco, 49 de La Rioja o los 33 y 39, respectivamente, de Melilla y Ceuta.

Supongo que todos, con independencia de la ideología que profesemos, coincidiremos en que algo así dinamita uno de los pilares básicos de la Ley General de Sanidad, vigente desde 1986, pues se incumple flagrantemente el principio de equidad en el acceso al sistema.

Las causas que han disparado las listas de espera son bien sencillas. Por una parte, está la evolución científica y tecnológica: enfermedades que hasta hace unos años eran mortales han derivado en procesos crónicos y han multiplicado la demanda asistencial. Baste decir que el 80% del gasto sanitario lo genera el 20% de los pacientes crónicos.

De otro lado, existe una insuficiencia en la oferta del sistema sanitario público, incapaz de absorber en tiempo toda la demanda. En realidad, lo primero que habría que plantearse es cuál es la lista de espera razonable en intervenciones que no son vitales, que sólo afectan a la calidad de vida de los pacientes. Lo que es ilógico es meter en el mismo saco estas dilaciones con las de aquellas personas afectadas por patologías graves como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Pero en el origen de las listas de espera también hay que apuntar la falta de un correcto aprovechamiento de todos los recursos de los que dispone el sistema sanitario, tanto en su vertiente pública como privada. Y hay que decir que en los análisis que a veces se hacen al respecto se parte de una premisa falsa: la de la suficiencia de un Sistema sanitario público que es parasitado por el privado.

La realidad es que hasta los años 60, la oferta asistencial que existía en España se reducía a la beneficencia y a la asistencia sanitaria privada, ampliamente extendida. Fue en esa década, aprovechando la bonanza económica de entonces, cuando el régimen de Franco decidió que el poder público debía de hacer frente a la demanda sanitaria de la población.

Fue en ese momento cuando se empezaron a construir los hospitales públicos de una red que hoy día adolece de capacidad para renovarse. Pero hasta entonces no existía oferta sanitaria pública. Y tan es así, que cuando a raíz de la Constitución de 1978 se decide que sean los poderes públicos los garantes de la asistencia sanitaria -antes incluso de que se promulgara la Ley General de Sanidad-, algunas comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña incorporaron a sus redes sanitarias decenas de hospitales que tenían titularidad privada.

La realidad es tozuda y en nuestro país, para poder dar cobertura sanitaria suficiente a la población, el sistema público debe de complementarse con el privado. El problema es que vivimos una época en la que todo lo que tenga que ver con la colaboración público-privada en Sanidad es rehuido por los políticos como si de la peste se hablara, pues desde determinadas posiciones ideológicas se ha criminalizado el ánimo de lucro en Sanidad. No ocurre así en otros sectores.

Hoy, todas las consejerías de Sanidad compiten por ver cuál de ellas concierta menos con el sector privado. Cualquier fórmula de colaboración es cuestionada, con independencia de sus resultados, hasta el punto de considerar la cancelación de las existentes. Y se ponen mil y una trabas a los profesionales para que puedan compatibilizar un trabajo en el sector público y el privado, acogiéndose para ello a la interpretación más restrictiva de las normas. Meses atrás, por ejemplo, se prescindió en Murcia de 49 jefes de servicio por esa incompatibilidad, a pesar de que cubrir con garantías esos puestos es muy difícil, siquiera sea por una simple cuestión demográfica.

Y de esos polvos vienen estos lodos. Las listas de espera disparadas y el sector del seguro de salud creciendo nuevamente casi a doble dígito cada año. Ya son ocho millones de personas las que se han decantado por la sanidad privada, sin contar con el 80% de los dos millones de funcionarios que, al poder elegir, también la prefieren.

La salud, en el fondo, es lo más importante, y su gestión debería de estar alejada de la ideología y basarse en resultados. Si los poderes públicos siguen arrastrándose por la demagogia, la polarización entre la Sanidad pública y la privada se irá incrementando y solo irá en detrimento de quienes no tienen alternativa.

Sobre la base de un sistema sanitario público mayoritario, fomentemos la integración de los recursos para el buen aprovechamiento de la población, que siempre preferirá que le operen en el sector privado antes que estar ocho meses esperando. Y reevaluemos la cobertura de la cartera de servicios a fin de que los procesos más graves y los urgentes no tengan que esperar. Pero de seguir como ahora, no solo las listas de espera seguirán aumentando, sino que nuestro sistema de salud caerá en un ciclo de permanente mediocridad.

Y cabe hablar del estado de obsolescencia en el que se encuentra la tecnología en el sector público como consecuencia de la tremenda crisis económica de los últimos años, sobre todo en relación a un sector privado que ha seguido creciendo, invirtiendo y actualizándose. Bienvenido sea Amancio Ortega, que ha contribuido a compensar este desequilibrio de forma altruista y, sobre todo, de forma finalista, porque lo malo del dinero que se destina a Sanidad es que muchas veces no se sabe dónde acaba. Quienes le critican son los mismos que reniegan de la Sanidad privada y también los primeros a la hora de criticar las listas de espera.

Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.

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