Las últimas elecciones vascas y gallegas, así como las previsiones para unos próximos comicios en Cataluña, han dejado al descubierto la tendencia al alza del independentismo en nuestro país, que por definición defiende el aislamiento y el egoísmo en detrimento de la apertura, de la solidaridad y del progreso.
Mario Vargas Llosa dejó escrito que el nacionalismo siempre es fuente de crispación, de confrontación y de violencia, y eso no excluye al nacionalismo que juega a la democracia al mismo tiempo que a la exclusión. Ese es el desafío de la política y de quienes hoy nos dedicamos a ella: llamar a las cosas por su nombre y defender que garantizar el progreso de nuestro país es incompatible con dar alas y oxígeno a quienes quieren romperlo, por mucho que suenen simpáticos o se presenten, con mano tendida, como necesarios.
Nos toca activar España en un contexto de pandemia sanitaria, de crisis económica, y en un contexto marcado por un auge nacionalista provocado por el blanqueamiento sistemático de la ruptura y de la división como objetivos políticos. Por el blanqueamiento del independentismo de traje y corbata e incluso también del que justifica asesinar a cambio de soberanía. En las últimas elecciones en Galicia, la izquierda ha cambiado el rojo del Partido Socialista por el azul del BNG al entender que, para votar a un partido que corteja al independentismo, mejor apostar por el original. En el País Vasco, formaciones como el PNV han aumentado su poder y los herederos de Batasuna han obtenido su mejor registro histórico mientras el PSE aspira a seguir gobernando con los primeros y a hacerlo en un futuro próximo con los segundos. Entretanto, en plena lucha contra los rebrotes, Torra se atrevió a avanzar cuál es a su juicio la solución a los problemas de los catalanes: la celebración de «otro referéndum de autodeterminación». Lo anunció pocos días antes de que se consolidase el sorpasso de Madrid a Cataluña como primera potencia económica de España, una tendencia que comenzó a apuntalarse en 2018, año en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya prometía una «respuesta democrática» a la Generalitat en un documento en el que el Ejecutivo del PSOE se rindió accediendo a eliminar cualquier referencia a la Constitución.
Junts per Catalunya, ERC, PNV, Bildu o el BNG se presentan bajo distintas marcas políticas, pero todos tienen un objetivo común: quebrar el sistema constitucional, retorcer la legalidad y romper con la unidad nacional. Y pretenden hacerlo utilizando la debilidad de un Gobierno socialista que prefiere entenderse y acordar con extremistas a hacerlo con el principal partido de la oposición, el Partido Popular, con el que Pedro Sánchez ha reconocido que jamás pensó en pactar.
Que el independentismo está logrando ampliar sus bases es un hecho tan constatable como que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y tutelado por Pablo Iglesias ha logrado sentar los cimientos del blanqueamiento del nacionalismo excluyente; un nacionalismo que siempre ha priorizado banderas a personas y que hoy se presenta ante la sociedad con una careta pagada por el Gobierno de España.
En 2018 Sánchez sentó las bases del giro del PSOE hacia la constitución de mayorías políticas con pies de barro con una moción de censura trampa contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El hoy presidente alzó la voz apelando al bien de España mientras comprometía el futuro de nuestro país endeudándose con el independentismo radical. Meses después, el proyecto piloto de Sánchez arrancó en Navarra, donde el PSOE comenzó a pagar sus deudas; donde el PSOE mintió, arrebató a la coalición Navarra Suma el Gobierno foral aliándose y pactando con la izquierda abertzale y con la marca blanca del PNV en la Comunidad foral.
Pagaron y pagan favores en Navarra como pagaron y pagan favores en el País Vasco, donde el PSE ha sido y es la muleta de un PNV que ya ha acordado con Bildu un nuevo Estatuto vasco que defiende la ruptura de la comunidad autónoma con el resto de España y la anexión de Navarra. Y como pagaron y pagan favores en Cataluña, donde el Gobierno permite la reapertura de «embajadas catalanas», facilita el traslado de presos que han cometido delitos gravísimos para que estos reciban un trato de favor, o pide el indulto para condenados por sedición y malversación por boca de su delegada en la comunidad autónoma.
Tras cesiones bochornosas, Sánchez tuvo en su mano la posibilidad de convertir la pandemia en una oportunidad para generar políticas de Estado hilvanadas conjuntamente con el PP. Era fácil. Sólo debía tener en cuenta el ingente trabajo desarrollado por el principal partido de la oposición, que ha planteado pactos de Estado al tiempo que elaboró una propuesta integral para activar España. Sánchez no sólo la desdeñó y mordió la mano tendida de Pablo Casado, sino que prefirió pactar la política económica de todo un país –clave a la hora de afrontar la actual crisis– con Bildu.
El crecimiento del independentismo es proporcional al riesgo que sufre España a sucumbir a la inestabilidad política, social y económica. Del mismo modo, el progreso de nuestro país es incompatible con el blanqueamiento y el fortalecimiento de los partidos que aspiran a romperla. Por mucho que lleven traje y corbata, suenen simpáticos o se presenten como necesarios.
Un célebre director de cine dijo una vez que la confianza de los inocentes es la más útil herramienta del mentiroso. Tenía razón. Urge que quienes defendemos la legalidad constitucional, la estabilidad y la unidad pongamos pie en pared y caigamos en la cuenta de que cuestiones como los ataques medidos a la Monarquía por parte del Gobierno de PSOE y Podemos no son más que el comienzo de una hoja de ruta aplaudida por el nacionalismo y que acarreará el debilitamiento de las instituciones del Estado. La defensa de nuestras instituciones y de las normas que todos nos hemos dado no sólo tiene que ver con un debate político e ideológico, sino que está íntimamente relacionada con el futuro de las nuevas generaciones, con oportunidades laborales de trabajadores y de negocio para empresas, y con la salvaguarda de un modelo económico que vele por las pensiones de nuestros mayores.
Ana Beltrán Villalba es vicesecretaria Nacional de Organización del PP y presidenta del PP de Navarra.