Por Miguel Herrero de Miñón, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (EL PAIS, 13/11/03):
Cuando en septiembre de 2002 el lehendakari Ibarretxe hizo público su plan de reforma radical del Estatuto de Autonomía, afirmé, y he insistido en ello a lo largo de estos meses, que dicho plan, con independencia del juicio político que mereciera, no podía ser tachado de inconstitucional por tres razones fundamentales. Una, porque se trataba de una propuesta de reforma estatutaria de acuerdo con las cláusulas de revisión previstas en el propio Estatuto (artículo 46). Dos, porque la casi totalidad de las propuestas cabían perfectamente en el marco constitucional y afectaban más bien a leyes de desarrollo constitucional. Tres, porque, incluso si la propuesta suponía reforma de la Constitución, el Parlamento vasco, al que el lehendakari presentaba su propuesta, está formalmente legitimado por la Constitución para instar su reforma, según prevén expresamente los artículos 166 y 87.2 de la Constitución. A estos razonamientos jurídicos en pro de la constitucionalidad del plan añadía yo una motivación política para su toma en consideración: se trata de un proyecto de propuesta de un Gobierno sin mayoría absoluta en la Cámara vasca. Debátase como tal propuesta y procuremos consensuar un resultado final, satisfactorio para todos. ¿No elogiamos tanto el consenso constituyente al celebrar su 25º aniversario?
Han trascurrido 14 meses desde entonces. Catorce meses invertidos en rechazar cualquier discusión sobre la propuesta con argumentos que solamente el humorista Máximo -a mi entender, el más agudo de los analistas políticos- ha podido sintetizar: la propuesta de Ibarretxe no es políticamente discutible por razones jurídicas, ni jurídicamente discutible por razones políticas. Así, no hay que detenerse en explicar ni unas ni otras. El resultado ha sido que el lehendakari tan sólo ha discutido su plan con fuerzas nacionalistas más radicales que las que su propio partido representa. No es, pues, de extrañar que la versión articulada del plan Ibarretxe sea mucho más difícil de encajar en el marco constitucional que las líneas generales hechas públicas hace algo más de un año, tanto en el fondo como en la forma de lo que se propone. El aislamiento ha generado radicalización, como la negociación genera moderación. Pero contribuir a radicalizar a unas fuerzas políticas con las que, gusten o no, hay que contar indiscutiblemente en el País Vasco, dado su arraigo social y apoyo electoral, es, a todas luces, una insensatez.
Es claro que, si el objetivo de quienes dicen -y es de suponer que quieran- defender el orden constitucional y la integridad española es provocar una crisis (de la que dudo cuál de los dos objetivos a defender resultaría más dañado), la estrategia seguida es la más adecuada. Lo que es una propuesta se trata como un hecho consumado. Cualquier aclaración de intenciones se rechaza como infiable. El diálogo se sustituye por la descalificación unilateral. Y la negociación sobre el plan se condiciona a la retirada del plan. ¿Alguien recuerda una negociación exitosa que se haya sometido a la previa condición de la plena abdicación de uno de los negociadores? Ahora bien, la consecuencia es que el Parlamento vasco o, dentro de unos meses, el electorado vasco se encuentren con la sola opción del plan Ibarretxe, ni negociado ni enmendado, y nadie que haya atendido al resultado de las últimas elecciones autonómicas, locales y forales debiera dudar de cuál va a ser el veredicto democrático del enfrentamiento en tales condiciones. ¿Puede alguien creer que eso es lo que conviene a la mejor integración española? ¿Cabe considerar que las siempre recordadas desde Madrid medidas de fuerza (artículo 155 CE) son las más adecuadas para compensar el veredicto de las urnas sin afectar seriamente el orden constitucional? La experiencia muestra hasta la saciedad que una de las vías más eficaces para herir de muerte una Constitución es tratar de "salvarla" quebrantándola, esto es, suspendiendo aquellas de sus prescripciones cuyo funcionamiento no se sabe controlar de otra manera. Los entusiastas de la crisis, sépanlo o no -y yo apostaría que muchos no, pero algunos sí- repiten las argumentaciones y las categorías de aquel genial y nefasto enterrador de la democracia de Weimar que fue Carl Schmitt.
No es menos claro que todavía es posible otra opción. La que probablemente contaría con el apoyo mayoritario de los vascos con independencia de sus simpatías partidistas: la vía de la negociación para adecuar el plan a lo que la Constitución hace posible, partiendo de la integridad del Estado que el plan reiteradamente proclama: una identificación de Euskadi más satisfactoria mediante el hábil manejo de los símbolos; un desarrollo más generoso de la propia Constitución; unas transferencias más amplias (sobre la base del artículo 150.2); unas garantías recíprocas más estables. La opción que debería haberse tomado nada más lanzarse el plan Ibarretxe, pero que aún es tiempo de emprender, utilizando para ello unos trámites parlamentarios cuanto más dilatados y flexibles, mejor, como los que el propio lehendakari ha propuesto. Si, en una negociación leal y constructiva, fuera el nacionalismo vasco el que se mostrase cerrado a cualquier entendimiento que no pasase por sus inamovibles posiciones, sería el plan Ibarretxe el que quedaría descalificado ante la opinión pública vasca. Por el contrario, su rechazo frontal no legitima a sus adversarios.
Se ha dicho que ello equivaldría a cocer a fuego lento los proyectos nacionalistas; pero, si así fuera, nadie dudará que la diferencia entre lo crudo y lo cocido es la que media entre la mera confrontación de fuerzas que a nadie, ni a españolistas ni a nacionalistas ni a Euskadi ni a España, conviene, y eso que llamamos cultura, a la que pertenece la obra de arte consistente en la negociación política y la instrumentación jurídica. ¿Quienes invocan todos los días el Estado de derecho no deberían preferir, a las crudezas del radicalismo, esta civilizada cocción?
Pero, en vez de marchar por ese camino, apoyar, a través de una larga, apretada y constructiva negociación parlamentaria, los aspectos más moderados del plan y corregir sus aristas, se trata de yugular su propio debate residenciando la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. No me toca prever la decisión de tan alto órgano del Estado. Si decidiese, como parece lógico, que una iniciativa no es un acto controlable como, en su caso, podría serlo la decisión del Parlamento, se habría quemado inútilmente una baza sin otra consecuencia que erosionar al Tribunal y agriar aún más las relaciones institucionales con el Gobierno legítimo de Euskadi. Si, por el contrario, la decisión del Tribunal atendiese las pretensiones del Gobierno recurrente, me temo que la erosión y la acritud resultarían aún mayores, pero las consecuencias más graves serían las siguientes:
- Por una parte, el plan Ibarretxe, sin duda radicalizado, constituiría la piedra angular del programa nacionalista en las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué hacer si obtiene un apoyo mayoritario de los electores? ¿Se puede negar el veredicto democrático en Euskadi y mantener la normalidad democrática en el resto de España?
- Por otro lado, se estarían poniendo las bases jurídicas para yugular cualquier iniciativa de la oposición (de cualquier oposición) que se prefiriera no debatir, recurriéndola, apenas formulada, ante un Tribunal hipotéticamente afecto a la mayoría gobernante (de cualquier mayoría).
Una siniestra receta para cocernos a todos o, mejor, para comernos a todos crudos.