Desde la irrupción de los nuevos partidos en el panorama político, el término de "regeneración democrática" se ha puesto de moda entre políticos y politólogos. Ciudadanos y Podemos han querido presentarse como las formaciones que vienen a liderar esta regeneración que demanda todo el mundo, pero una vez que se han afianzado electoralmente, la estrategia de sus líderes parece que no va a ir por ese camino.
La regeneración democrática no solo consiste en decir que se va a perseguir a la corrupción y a los corruptos, sino que hay que hacerlo. Pero, además, se tiene que favorecer la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Es cierto, que ambas formaciones han apostado por un sistema de primarias para elaborar sus listas electorales, una medida que viene a demostrar que, a diferencia de los viejos partidos, están dispuestos a abrir el partido a militantes y a simpatizantes.
Pero la cuestión es que pronto se ha puesto de manifiesto que, simplemente, se trataba de una operación orquestada para legitimarse ante una ciudadanía que cada vez se encuentra más alejada de los partidos tradicionales. Primero, porque la dirección de Podemos desoyó a los ciudadanos e impuso como cabezas de lista a candidatos que, o bien no obtuvieron buenos resultados en las primeras, o simplemente no se presentaron a las mismas. Válgannos de ejemplo, Zaragoza, Guadalajara, Salamanca, Las Palmas, etcétera.
Segundo, porque en Ciudadanos esa posibilidad únicamente se limita a los cinco primeros puestos de la lista y solo al voto de militantes y simpatizantes.
Tercero, porque ambas organizaciones, junto a PP y PSOE, suspenden, según el informe de +Democracia, en la concreción en los programas electorales de sus medidas de regeneración democrática.
Cuarto, porque los dos se han visto salpicados por algunos casos como, por ejemplo, el de los amaños de contratos de la presidenta del Parlamento nalear, el cobro de sueldos como autónomos de algunos dirigentes a la vez que formaban parte de la estructura del partido o la incorporación en sus listas de candidatos con un pasado poco claro.
Y quinto, porque los datos sobre los cargos públicos que cuelgan en sus web oficiales responden más a la exigencia de la Ley de Transparencia que a la propia voluntad de estas formaciones políticas.
De esta manera se podría afirmar, sin errar, que la mejora del sistema democrático que invocan recurrentemente todos los partidos no es más que un eslogan. Buenas palabras y aparentes buenas intenciones que, no pocas veces, han quedado desacreditadas como se ha podido comprobar. Además, ahora que se les presentaba una nueva oportunidad para acometer en sus congresos nacionales las reformas necesarias para poder profundizar en la regeneración democrática, la van a desaprovechar.
Se demuestra así una vez más que los principales partidos están abonados a la estrategia cortoplacista, sin entender, o querer entender, las demandas que les reclama la ciudadanía. Aunque es cierto que el PP ha dado un paso adelante con el establecimiento de un sistema más participativo para designar al presidente del partido -pero lejos de las primarias- y con la creación de la Oficina del Cargo Popular -pero que no implicará la baja de la militancia de los cargos imputados-, todavía se encuentra lejos de las medidas de regeneración acordadas en el pacto con Ciudadanos.
Y vemos también que la gestora socialista además de prolongar lo máximo que le sea posible la celebración del Congreso Federal, pretende evitar unas primarias para elegir al futuro Secretario General.
Por su parte, la dirección de Ciudadanos ha promovido un cambio en los estatutos que si bien por una parte favorece una mayor participación de los militantes al modificar las condiciones para celebrar primarias, por la otra prohíbe las corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido. Con ello, no sólo se lamina la posible contestación interna, sino que se reordena el crecimiento del partido al tener que elegir de nuevo a los integrantes de sus estructuras territoriales para adecuarlas a la nueva normativa. Se trata de una centralización para otorgar más poder a Albert Rivera.
Por último, en Podemos, Pablo Iglesias está intentando dar un golpe en la mesa para incrementar su poder interno. Su voluntad de votar conjuntamente la propuesta política y organizativa con la candidatura a la secretaría general, implica poder imponer su modelo de partido, al mismo tiempo, que, con su beneplácito, su entorno más próximo ha iniciado una campaña dirigida a desprestigiar y aislar a Iñigo Errejon, desvirtuando así el debate interno. Una lucha más propia de los viejos partidos que de la nueva política. En definitiva, más de lo mismo y poco espacio para la regeneración.
Visto lo cual, los principales partidos no han sabido o no han querido encontrar un equilibrio entre el derecho de los afiliados a participar democráticamente en la organización y el derecho de las formaciones políticas a la libre autoorganización.
Sólo se podrá hablar de verdadera regeneración democrática en los partidos cuando los líderes y candidatos sean elegidos a través de mecanismos competitivos abiertos; cuando los militantes participen realmente en la toma de decisiones y se respeten sus derechos; y cuando los órganos de gobierno no discriminen la integración de los diferentes grupos -fundamentalmente los minoritarios-, fijen los mecanismos de control político que garanticen la rendición de cuentas en el interior del partido, y fomenten la transparencia en la financiación y la descentralización de los órganos de dirección.
Es cierto, no obstante, que se han producido avances, el problema es que los partidos todavía se enfrentan al dilema entre la eficacia y la democracia. Entendida la primera como la consecución del poder, que requiere una organización férrea, liderazgo y unidad, y la segunda, que conlleva participación y pluralidad. Y, de momento, siempre se impone la primera sobre la segunda, porque pese a todo, los partidos no están dispuestos a dejar de ser auténticas máquinas electorales que persiguen el poder por encima de cualquier cosa.
Gema Sánchez Medero es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid.