Lo ‘público’ y la historia

En primer lugar, quería hacer una aclaración sobre el intervencionismo económico, frecuentemente designado como lo público, que tantos partidarios tiene y ha tenido en nuestra historia. Esta corriente de opinión, que muchos consideran como de izquierda, ha sido desde siempre patrimonio de la derecha, y en particular de la derecha extrema. El sistema económico y comercial de nuestra época imperial era intervencionista y prohibicionista hasta tal extremo que Adam Smith, su crítico severo, lo expuso como paradigma de lo que él llamó el «sistema mercantil», que hoy abreviamos como mercantilismo (intervencionismo en comercio exterior). Smith consideraba, no sin razón, que el mercantilismo había contribuido poderosamente a la decadencia económica de España, tan pujante en el siglo XVI y tan estancada comparativamente en el XVIII.

Las críticas de Smith al intervencionismo y su exposición de las virtudes del mercado como mecanismo de asignación de recursos fueron recibidas con admiración y entusiasmo por la izquierda ilustrada española poco tiempo después de la publicación en Gran Bretaña de La riqueza de las naciones (1776). Quizá su más distinguido admirador fue Gaspar M. de Jovellanos, pero distó mucho de ser el único. Su Discurso sobre la Ley Agraria, que es una brillante propuesta para desamortizar la tierra, es decir, para romper las trabas feudales que impedían su desarrollo, y para dotarla de los mecanismos de mercado, muestra la influencia del pensamiento de Smith en nuestro mejor economista y ensayista social de su época. El Discurso fue el catecismo de los liberales españoles del siglo XIX y la desamortización una de las piezas centrales del programa del Partido Progresista, que logró imponerla trabajosamente a lo largo del siglo contra la encarnizada resistencia de la derecha.

Hoy, gracias al trabajo de varios historiadores, entre los que destaca Richard Herr, sabemos que la desamortización fue un elemento clave en los comienzos del crecimiento moderno de la economía española, que arrancó a ritmo lento pero firme a mediados del XIX, precisamente cuando esta reforma entró en vigor.

La otra gran semilla de discordia económica en el XIX fue la cuestión arancelaria. Los conservadores eran proteccionistas, los progresistas (menos los catalanes) defendían el librecambio. Predominó el proteccionismo, pero a mediados de siglo los progresistas se cobraron algunas victorias; la más sonada, el Arancel de 1869, moderadamente liberal, cuyo autor, el economista catalán Laureano Figuerola, uno de líderes de la Gloriosa Revolución de 1868 y de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, fue tachado de traidor y renegado en su tierra. La abolición del Arancel Figuerola se convirtió en uno de los objetivos de los conservadores de fines de siglo.

Cánovas, que fue librecambista en su juventud, adoptó el proteccionismo y apadrinó el Arancel de 1891-2, fuertemente mercantilista. El proteccionismo quedó instalado definitivamente en nuestra economía hasta la accesión de España a la Unión Europea en 1986. Hoy sabemos (gracias sobre todo a los trabajos de Leandro Prados de la Escosura y Albert Carreras) que las dos décadas largas en que estuvo vigente el Arancel Figuerola fueron un período de respetable crecimiento de la economía española y que el crecimiento continuó, con inevitables altibajos, hasta la Guerra Civil, en parte porque varias depreciaciones de la peseta, la Primera Guerra Mundial, y otros avatares del accidentado primer tercio del siglo XX, en parte anularon el poder restrictivo de los aranceles al comercio exterior.

El régimen dictatorial y totalitario que salió de la Guerra Civil fue el más intervencionista de nuestra historia. Seguía en esto tanto la tradición de la derecha extrema española como las enseñanzas de sus patrocinadores, los regímenes totalitarios de Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. La intención de los primeros gobiernos franquistas era controlar toda la economía. Los ministerios eran agencias de intervención y control en sus respectivas áreas, y la organización sindical dominaba férreamente el mercado de trabajo. Las relaciones económicas exteriores se redujeron a mínimos históricos. No en vano el régimen se proclamaba abiertamente totalitario, y si no controló aún más fue porque la ineficiencia y la corrupción ponían cortapisas, erráticas pero reales, al voraz afán intervencionista de los políticos. La derrota de las potencias del Eje en 1945 sembró el desconcierto en las filas franquistas, y desarboló a su ala más filonazi. Pero la inercia y la resistencia de los jerarcas franquistas a soltar las palancas del poder económico (el ansia de poder es uno de los grandes atractivos del intervencionismo), hicieron que en la posguerra España se convirtiera en una isla de fascismo económico en una Europa occidental que adoptó la democracia y la economía mixta, y que creció de manera fulminante en la era de los milagros económicos. La economía española iba a la rastra, con serios problemas de inflación y mala asignación de los recursos hasta que, en 1959, abocado el país a la suspensión de pagos y al estancamiento, un grupo de políticos y economistas convencieron al dictador de que había que cambiar radicalmente de política económica y dar un papel mayor al mercado.

Franco accedió a regañadientes. «Hagan ustedes lo que les dé la gana», cuentan que dijo, arrojando con despecho los documentos que le habían dado a leer los ministros Navarro Rubio y Ullastres. Lo que siguió fue el famoso Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó notablemente (no totalmente) la economía y que fue seguido de un decenio largo de crecimiento a ritmos sin precedentes (el milagro español). Franco luego se atribuyó los méritos del plan que tanto se había resistido a admitir, resistencia que costó años de retraso. Los políticos son así.

Franco murió en circunstancias domésticas e internacionales muy complicadas, pero los protagonistas de la Transición tuvieron la clarividencia y la firmeza no sólo de mantener el relativo liberalismo del Plan de Estabilización, sino de profundizar en él. Para esto fueron cruciales los Pactos de la Moncloa, hoy tan traídos y llevados, pero que entonces sirvieron para liberalizar más la economía y para evitar que las disensiones que podía causar la crisis que entonces azotaba al mundo, y a España especialmente, hicieran descarrilar la apertura. Entre otras razones para promover esta apertura estaba el ser requisito inexcusable para la entrada en la UE. «La única etapa consistente de liberalización económica en la historia de España coincide con los gobiernos socialistas», ha dicho Felipe González con poca exageración. Gracias a tal firmeza y clarividencia, a la crisis siguieron dos decenios largos de crecimiento (con altibajos, como siempre) que continuaron y consolidaron los logros del Plan de Estabilización y que sólo se interrumpieron en 2007.

En definitiva, una ojeada a nuestra historia económica demuestra que la desconfianza hacia los mecanismos de mercado, tan arraigada entre nuestra derecha extrema y nuestros fascistas, ha sido una traba constante al crecimiento económico, y que los períodos en que se ha dejado actuar al mercado han producido las más altas tasas de crecimiento. La economía española hoy, y esta situación subsistirá cuando termine la pandemia, tiene serios problemas; pero éstos son de los que requieren mercados más competitivos, no más intervenidos. El historial de las empresas públicas, con honrosas pero escasas excepciones, es pésimo: tienden a convertirse en refugio de burócratas, políticos retirados, y simples enchufados (Sánchez sabe mucho de esto), cuya productividad está por debajo de sus ingresos y que terminan por ahondar el déficit público y hundir la competitividad. Esto se vio palmariamente durante el franquismo, tras cuyo fin costó mucho a varios ministros socialistas (Boyer, Solchaga) librarnos de los restos de la impedimenta intervencionista y de los dinosaurios de lo público que aquel régimen nos legó.

Unidas Podemos tiene gran fe en lo público en economía, pero sus líderes no son paradigmas de erudición. Sus lamentables currículos universitarios y científicos lo muestran bien a las claras. Ellos quieren traernos un nuevo franquismo con ribetes progres, sin tener conocimiento de lo que fue aquella economía. No debemos permitir más intervencionismo ni más empresa pública (aún queda demasiada), que ni funcionó en España, ni funcionó en la Unión Soviética, ni funciona (dios nos libre) en Venezuela y Cuba. Si realmente queremos que la economía se recupere en el futuro, lo que se necesita es infundir confianza en sus posibilidades y allegar grandes inyecciones de inversión. Las recetas de UP son exactamente lo contrario de lo indicado. Después de la pandemia del coronavirus, serían lo único que nos faltaría para hundirnos en la miseria.

Gabriel Tortella es economista e historiador. Entre sus libros se cuenta El desarrollo de la España contemporánea (coautora Clara Eugenia Núñez; Alianza).

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