Por Jose Luis Requero, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (EL MUNDO, 03/03/06):
«Payaso», «fascistón», «inculto», «analfabeto». Estos son algunos de los insultos que dirigentes de ERC dedicaron hace semanas al presidente del Tribunal Supremo, es decir, a la cabeza y representante del tercer poder del Estado. Hace meses otro dirigente, esta vez del PSOE, le llamaba «mentiroso». Y es que el insulto al juez es moneda de curso ordinario. Así, la vicepresidenta primera nos calificó de gente «tenebrosa» y el pasado verano, ojo al dato, un alto cargo del Ministerio de Justicia decía de los jueces que dudaban de la constitucionalidad de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que dictaban resoluciones «deleznables» y «antidemocráticas», que intentaban boicotear la ley y que le hacían el trabajo al PP. Desgraciadamente, en la España de hoy no es novedosa esta catarata de improperios. El PNV compara al Ejército con ETA -son dos «bandas armadas»-, y en el diario nacionalista Avui se calificaba de prostitutas a las madres y mujeres de los militares.
Los insultos al presidente del Tribunal Supremo, como se sabe, traen su causa de unas desafortunadas palabras. Aclaró sus intenciones, pero las excusas de nada han valido. Siempre se disculpan los mismos sin que haya reciprocidad cuando al que sistemáticamente se califica de agresor es el agredido. Por ejemplo, esas declaraciones de un alto cargo de Justicia -cuya rectificación pidió el Consejo General del Poder Judicial- ¿se retiraron? No. ¿O pidió disculpas CiU a los jueces cuando hace años envió al Consejo, luego a gobernarnos, a un delincuente? Tampoco.
No estamos simplemente ante el lamentable desplome del tono y calidad de la vida política, ante el protagonismo de algunos políticos chulescos. Hay algo más. Tras los insultos al presidente del Tribunal Supremo se esconde la estrategia alentada desde el día en que se constituyó el actual Consejo General del Poder Judicial. Instaurada en 1985 la lógica de partidos, con la elección parlamentaria de sus miembros, este Consejo ha sido el primero que emana de un Parlamento en el que el PSOE estaba en la oposición; luego, desde esa lógica de partidos, tampoco ha tenido mayoría en el Consejo. Un pecado de lesa humanidad si se parte de la lógica de que sólo hay orden en el cosmos, en la naturaleza de las cosas, y que sólo hay democracia válida si se está en el poder.
Como este Consejo no es suyo, se ha propiciado el mayor desorden posible en el cosmos judicial. Durante cuatro años y medio hemos vivido una permanente estrategia de deslegitimación; no se ha parado en barras a la hora de desacreditarlo. Que en un órgano colegiado y plural se adopten acuerdos por mayoría no debería ser una sorpresa, pero cada votación perdida en el Consejo ha provocado comunicados descalificadores y denuncias de quiebra del sistema. Así que un acuerdo adoptado por mayoría no se ha tenido como un acuerdo del Consejo, sino de la mayoría del Consejo.¿Se imaginan que las leyes aprobadas por mayoría se calificasen como no de leyes del Parlamento, sino de una mayoría de diputados y senadores?, ¿o que un partido denunciase la quiebra de la democracia parlamentaria cuando sus enmiendas no prosperan o pierde cualquier votación?, ¿no será eso parte de la normalidad democrática, quiero decir, de una democracia occidental, de corte liberal?.
Comprendo que haya quienes no entiendan esto si entre los que insultan hay algunos que hace pocos días alababan a un Tierno Galván, que veía en la Yugoslavia de Tito un régimen «ejemplar» o cuando se trata de personas que sintonizan con los Chávez y Castro. Cuando esto es así, es lógico que no se acabe de captar lo que es el juego democrático, el normal desenvolvimiento de las instituciones; de ahí que el insulto no sea más que un arma de deslegitimación, un medio de erosión de aquello que no se domina.
El daño que se ha hecho es muy grande y sólo volverá cuando quienes deslegitiman controlen de nuevo el Consejo. Que todo esto venga de fuera tiene hasta su lógica, su triste lógica. Lo que ya es demoledor es que tenga aliados en el mundo judicial. Jueces para la Democracia no censura los insultos dirigidos tanto al presidente del Poder Judicial -«imbécil», «negrero»- como a los vocales -«corruptos»- o a los jueces, eso sí, salvo que procedan de su adversario ideológico. Es la misma lógica de quien se sirve del daño al vecino con tal de lograr un beneficio, es la misma moral o inmoralidad utilitarista del árbol y las nueces.Y no menos demoledor es que al propiciar la deslegitimación de lo que no se controla se alimenten los deseos de quienes quieren desmembrar el Poder Judicial. De esta estrategia se están sirviendo unos nacionalistas que piden conformar su propio sistema judicial.Como el estatal está desprestigiado, creemos el nuestro y qué mejor forma que haciéndose eco de ese desprestigio y desprestigiando a la vez.
Incomoda un Consejo que ha dudado de la constitucionalidad de algunas leyes (violencia de género, matrimonios homosexuales, Estatuto catalán), incluso un portavoz parlamentario llegó a instar al Consejo a que se disculpase por albergar dudas jurídicas pese a que esas normas han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional o eran dudas compartidas por el Consejo de Estado o por no pocos juristas; incomoda un Consejo que defiende sus competencias frente a los intentos por anularlo y que tiene que recordárselo a ciertos diputados. Y en el fondo de todo esto lo que no se tolera es a los jueces como sinónimo de instancia independiente, ajena al control político, sujeta a algo tan peligroso por incontrolable como es el Derecho aplicado con criterios jurídicos y no de oportunidad.Se explica así que ronde la idea de que desaparezcan la acción popular y la figura centenaria del juez de Instrucción, que sea tan solo el Ministerio Fiscal -entendido como ahora se entiende- quien ostente el monopolio de la investigación y la acción penal, sea él quien decida los procesamientos y decida qué se juzga y qué no. ¿Se imaginan lo que esto supondría? Piensen en casos recientes, de menor o mayor entidad, como la agresión a Bono, el caso Roquetas, el incendio de Guadalajara o el congreso de Batasuna. Y es que la experiencia de haber perdido el poder por la investigación del GAL y la corrupción aconseja que el juez de instrucción desaparezca.