Confieso mi desolación ante la sacralización generalizada del informe PISA cada vez que aparecen sus resultados. Una sacralización, claro está, paralela a la interpretación simplista que se hace de ellos. Tanto da que la mayoría de expertos a quien se pide opinión relativicen PISA. Inevitablemente, ante la seducción de un ranking y, no digamos si nos da suspenso, los titulares periodísticos enloquecen. Es cierto que a medida que pasan los días se serena la reflexión. Pero nunca acabas de encontrar alguna observación sobre la metodología utilizada, como si los índices emergieran directamente de la realidad escolar y no de su manipulación. Es la gran capacidad de los números de simular rigor, la misma fuerza con la que pueden mentir. Tampoco casi nunca se indica nada sobre los costes de estas pruebas, la solvencia de la empresa que los hace o los intereses económicos de las multinacionales que se inventan los rankings y las auditorías de calidad.
Del mismo modo, hay escasísimas advertencias sobre cómo la sumisión al ranking de la OCDE puede modificar las prioridades educativas al margen del debate pedagógico o del análisis científico de datos complejos. El profesor Xavier Melgarejo, calificado experto en el sistema educativo finlandés, es de los pocos que señalan el riesgo de una deriva excesivamente competitiva. También escasean las reflexiones críticas sobre los modelos de sociedad en las que los índices de PISA son más elevados. Mucho defender los valores en la educación, y una mala nota nos hace perder la cabeza y envidiar a Corea del Sur o Japón, con niveles de desorden emocional infantil que asustan. O se nos quiere comparar con países como Finlandia, con un crecimiento demográfico –del 2000 al 2013– del 4,8%, mientras en Catalunya supera el 20%. Y todo eso sin contar con los casos de fraude, bien conocidos allí donde hay más tradición evaluadora. El último, aquel que describí en “Incentivos que salen por la culata” ( La Vanguardia, 3/IV/2013) sobre la superintendente de educación del estado de Atlanta, Beverly L. Hall, que había conseguido grandes mejoras en su mandato –e incrementos sustanciales de sueldo– con un sofisticado sistema para hinchar los resultados de los tests con la complicidad de 178 maestros y directores de escuela.
Pero todavía me deja más desolado ver este artefacto evaluador al servicio de los escrúpulos ideológicos de unos o de los intereses corporativos de otros. Me parece extraño que se insista tanto en decir que el gran crecimiento de población inmigrada de la primera década del 2000 no es significativo en los resultados de PISA. La xenofilia en Catalunya es prodigiosa y hace estragos en nuestra capacidad de análisis. ¿Es irrelevante que la muestra catalana de PISA haya pasado del 10% de inmigrantes –perdón, quería decir recién llegados– en el 2009 al 14% en el 2012? Tampoco puede hablarse de inmigración en general, cierto: ¿es lo mismo la latinoamericana en Madrid o la norteafricana en Catalunya? Y si la disminución de la puntuación de hasta un 14% en la evaluación de los alumnos recién llegados respecto de los autóctonos dice poco de ellos, sí que puede decir algo de la capacidad del sistema para dar respuesta. Si no, ¿por qué tendríamos que pedir una atención y unas inversiones especiales para atenderla?
Lo que sí es un escándalo es asociar los supuestos malos resultados de PISA del 2012 a los recortes, como hacía la portavoz de la Ustec, Rosa Cañadell, en Twitter. Primero, porque se puede creer en PISA o no, pero no puede ser que se crea sólo a conveniencia. Segundo, porque los recortes iniciados en el 2011 difícilmente podían afectar a los niveles en matemáticas o ciencias del 2012. Pero, sobre todo, porque esta relación directa entre inversión y resultados debería demostrarse y no simplemente utilizarla para defender intereses gremiales. Sabemos que el gran incremento de gasto en educación entre el 2000 y el 2010 –en España, próximo a un 30%– no supuso ninguna mejora significativa de los resultados de PISA. Considérese que el gasto público en el 2010 en alumnos públicos en España era superior en un 15% a la media de la OCDE y de la UE-21. Y obsérvese el caso de Suecia, que con presupuestos más altos que los de Finlandia obtiene resultados mucho más bajos que España y Catalunya en todos los terrenos. Y es que varios estudios muestran cómo a partir de un determinado nivel de gasto público, la mejora de los niveles educativos depende de otras variables. O de cómo se gasta, claro está.
Pero, sobre todo, resulta inquietante que se mantenga el tópico de que la capacidad de progreso de un país depende principalmente de los niveles educativos que mide PISA. necesitaría un segundo artículo para introducir suficientes elementos de sospecha como para mostrar que todo es mucho más complejo que lo que sugiere un ranking mal leído. Pero hay uno que me parece definitivo. ¿Cómo es que nadie ha destacado que Israel, una gran potencia económica industrial basada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo científico –y que Catalunya querría imitar– ocupa, en ciencias y matemáticas, el quinto lugar... empezando por abajo entre los 34 países de la OCDE estudiados por PISA (entre Grecia y Hungría en matemáticas, y entre Grecia y Eslovaquia en ciencias)? ¿Hay explicaciones? ¿La prensa israelí también ha dado titulares tremendistas a los datos?
No pretendo decir que todo va bien, ni que los rankings no valen para nada. Me daría por satisfecho con que no se utilizara PISA para convocar a todos nuestros fantasmas políticos, ideológicos o gremiales, y nos ocupáramos de asumir el gran compromiso por la educación que, más allá de las reformas escolares, necesita Catalunya.
Salvador Cardús i Ros