Lo que se juega en los juzgados

Hace unas semanas los jueces decanos de toda España -que representan por elección directa a más de 2.000 jueces destinados en los juzgados- elaboraron un documento en el que se analizaron numerosas cuestiones relativas al sistema judicial español. Dada la extensión del texto (disponible en la página web del CGPJ), me detendré en una de ellas, en la que hicieron especial hincapié: me refiero a la importancia de la Justicia como elemento esencial para dinamizar la economía. Como se indica en el documento, sorprendentemente el sistema judicial ha estado siempre alejado de los estudios económicos. Sin embargo, en cualquier país desarrollado nadie duda de la enorme relevancia de la Justicia como elemento de primer orden para el desarrollo económico. Los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es fuerte y seguro se refuerza la confianza empresarial y por tanto afluye el crédito y la inversión. Por eso la agilidad judicial y la seguridad jurídica son los primeros parámetros que analiza una empresa antes de invertir en un determinado país. Es más: la Comisión de la UE ha establecido que la calidad de los sistemas judiciales es imprescindible para fomentar la inversión y el emprendimiento y crear un entorno favorable para las empresas.

Basta para ello analizar los informes del Banco Mundial, del FMI, de la OCDE, del Banco de España o incluso más recientemente del Consejo General de Economistas de España, de los que se desprende que la Justicia tiene una influencia decisiva en aspectos tan relevantes como el cumplimiento de los contratos, el intercambio de bienes y servicios, la disponibilidad de crédito, los índices de morosidad, la oferta de vivienda, la subsistencia de las empresas, la creación de nuevos negocios por los emprendedores, etc… Y todo ello sin entrar en la otra cara de la moneda: el importantísimo papel que desempeñan los tribunales en la tutela de los derechos de los consumidores.

Sentado lo anterior, algunos expertos afirman que los intereses en juego en la Justicia española podrían ascender a más de 50.000 millones de euros. Es muy posible. De hecho, en 2015 los movimientos de las cuentas de consignaciones judiciales (ingresos más salidas) ascendieron a más de 18.000 millones de euros según datos del CGPJ y ello a pesar de que sólo una mínima parte de los procesos generan ingresos en dichas cuentas. Pero estas inmensas sumas de dinero están atrapadas durante años en los juzgados, congeladas y fuera del tráfico económico, lo que significa que este dinero no fluye, no se reinvierte y no genera riqueza mientras está judicializado, cuando lo propio sería que la Justicia diera salida a los créditos litigiosos en el menor tiempo posible, porque una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores para las empresas. En suma, la Justicia no debería ser un problema para la economía, al contrario, debería ser la solución a muchos problemas que enquistan el tráfico económico. Pues bien; llegados a este punto, cabe preguntarse cuál es la realidad de los juzgados españoles en el ámbito civil y mercantil teniendo en cuenta su impacto en la economía. Veamos:

1) Según recientes informes de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (Cepej), la tasa de litigiosidad civil y mercantil en España es altísima: 3.828 asuntos por cada 100.000 habitantes frente a los 2.575 de Francia, los 2.600 de Italia o los 1.961 de Alemania, siendo la media UE-15 de 1.734. Ello significa que España tiene el doble de litigios civiles y mercantiles por habitante que Europa.

2)El número de jueces por cada 100.000 habitantes apenas ha mejorado a pesar de tratarse de una queja recurrente de los jueces españoles. Según el último informe del Cepej, la ratio es de 12 jueces en España frente a los 14 de Holanda, los 18 de Finlandia, los 19 de Portugal, los 24 de Alemania o los 21 jueces de media de la UE, casi el doble que en España.

3) Uno de los últimos informes del Cepej indica también que España lidera junto con Irlanda y Portugal el grupo de países de la UE donde los recortes en Justicia son más evidentes, y especifica que en los tres estados, “las medidas de restricción presupuestaria continúan afectando de forma adversa los recursos dedicados al sistema judicial”. La observación, por su contundencia, no precisa comentario.

4) Según la Comisión Europea, la mejora o modernización de los sistemas judiciales se centra hoy en tres aspectos fundamentalmente: las reformas procesales, la generalización de la utilización de las nuevas tecnologías y el fomento de los métodos alternativos de resolución de litigios. En España estamos fallando estrepitosamente en los tres: tenemos, por ejemplo, una ley procesal penal de 1882 y una ley procesal civil que no resuelve adecuadamente el enorme problema de las reclamaciones masivas de consumidores, cada vez más frecuentes; en materia de nuevas tecnologías, el expediente digital o “papel cero” es una mera falacia, por no hablar de los siete sistemas informáticos de distintas CCAA que no se hablan entre sí, o de la situación de prehistoria informática en que se halla la Justicia española en comparación con otras administraciones; y en cuanto a la mediación y al arbitraje, el apoyo institucional ha sido muy escaso más allá de las buenas palabras.

5) A pesar de su estrecha vinculación con el mundo de la empresa, los juzgados de 1ª instancia y de lo mercantil son los más sobrecargados del sistema judicial español junto con los juzgados de lo social. Su situación es lamentable a pesar de que año tras año se denuncia el problema. De hecho apenas se han creado juzgados en los últimos 10 años. Hay datos que lo demuestran: según el CGPJ, el 93% de los juzgados de lo mercantil, el 95% de los juzgados de 1ª instancia y el 97% de los juzgados de lo social superan al menos en un 50% la entrada adecuada de asuntos, aunque en muchos casos la duplican e incluso triplican.

6) Si combinamos todos los parámetros anteriores las conclusiones son claras: primera, que España tiene que afrontar el doble de pleitos civiles y mercantiles que la media de la UE, pero con la mitad de jueces; segunda, que los juzgados civiles y mercantiles están muy sobrecargados y que en este contexto una justicia ágil y sobre todo de calidad -que no implica otra cosa que dedicar a cada asunto el tiempo y estudio que merece- es sencillamente imposible; tercera, que las reformas para la modernización del sistema judicial son escasas e insuficientes; cuarta, que somos uno de los tres estados que más ha reducido su inversión en Justicia en Europa en los últimos años; y quinta, que finalmente, esta situación afecta negativamente a la economía.

El paisaje no es desde luego muy alentador. En cualquier caso no es algo nuevo, porque en España nunca se ha invertido en modernizar la Justicia, como sí se hizo, por ejemplo, más de 20 años atrás, con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. De hecho los 3.500 millones de euros destinados anualmente a la Justicia en España apenas representan el 1% de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, no todo son malas noticias. A pesar de este desolador panorama, los juzgados españoles resolvieron 8.855.607 asuntos en 2015 mientras que ingresaron 8.376.311, con lo que la pendencia se redujo casi en medio millón de asuntos. Pero lo que es más llamativo, es que España tiene unos tiempos de respuesta bastante razonables en el ámbito civil y mercantil según el CEPEJ: 318 días de media, ciertamente por encima de los 192 días de Alemania pero por debajo de los 348 en Francia y muy por debajo de los 532 días de Italia.

La conclusión es evidente: el sistema judicial español es desde luego mejorable, pero funciona razonablemente bien a pesar del escaso interés que desde siempre ha suscitado su funcionamiento; y ello dejando aparte otros aspectos que también están evidenciando la eficacia del trabajo judicial, como la lucha contra la corrupción, que por cierto también tiene unas consecuencias económicas evidentes.

Ahora bien, es necesario ser optimista y no perder la esperanza: quizás el enfoque economicista de estas líneas podría ayudar a reflexionar sobre la situación de la Justicia en España y su impacto en el desarrollo económico. Lo cierto es que otros planteamientos no han dado ningún resultado.

Ante dicho panorama, las preguntas son obligadas: ¿para cuándo una inversión suficiente en Justicia que repercuta en beneficio de la economía? ¿Para cuándo un Pacto de Estado para la modernización de la Justicia que repercuta en beneficio de nuestros derechos como ciudadanos?

Pedro-Luis Viguer es magistrado-juez decano de Valencia y portavoz nacional de los Jueces Decanos de España.

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