El independentismo salió por su propio pie de la UCI, después de tres oscuros meses flirteando con el fracaso más absoluto. La elección del nuevo presidente de la Generalitat, los discursos que le siguieron y los gestos que los acompañaron no pueden disimular, sin embargo, las debilidades políticas del movimiento. Al proceso se le ha practicado una cura de urgencia, imprescindible para evitar la muerte prematura, pero insuficiente para combatir la gravedad de unos síntomas evidentes que amenazan seriamente su futuro.
Los factores de riesgo del proceso son un secreto a voces: las dudas sobre la viabilidad de la hoja de ruta aprobada por el Parlament, la desconfianza entre los partidos a cuenta de sus intereses electorales; las sospechas hacia los convergentes por su mochila de corrupción; la radicalización de los republicanos y su insistencia en fijar fechas límite para todo y los tics revolucionarios de la CUP que les empujan a quererlo todo y ahora. El primer Gobierno independentista alienta la esperanza de una oportunidad para crear lazos de lealtad entre las tres fuerzas y para que ERC aterrice en la realidad de la gestión, moderando su querencia por la vía de la desobediencia. De todas formas, las fuertes contradicciones ideológicas de la mayoría parlamentaria y la guerra abierta entre convergentes y republicanos por liderar la causa, ensombrece las perspectivas de los más optimistas.
Complementariamente a los males estructurales de la coalición, existen dos grandes temores: la precipitación de la crisis de la hoja de ruta (nadie duda de la inviabilidad jurídica de la desconexión) y la posibilidad de que los políticos de Madrid dejen de actuar como soldaditos de hojalata que dan vueltas en circulo y tomen la iniciativa con la reforma constitucional o la nueva financiación. La respuesta a estas eventualidades, perfectamente asumibles por PP y PSOE, agrandarían las diferencias entre CDC y ERC, a menos que los republicanos rebajaran su discurso sobre la existencia virtual de la república catalana. La propuesta de referéndum de Podemos se contempla como una hipótesis más difícil de concretar, pero mucho más satisfactoria.
El nuevo presidente de la Generalitat y el futuro de la ANC (Omnium parece encaminarse a un segundo plano) completan el paisaje. Carles Puigdemont fue elegido por Artur Mas por su neutralidad en las luchas internas en CDC, su peso en el mundo municipalista y su pedigrí inequívocamente independentista (en su juventud fue incluso colaborador de la Crida). Está, pues, en cuanto a pureza soberanista (virtud que no podía lucir Mas), en condiciones de igualdad respecto de Oriol Junqueras. Está por ver cuanto tiempo tarda en hacerse su lugar al sol y si es capaz de ej ercer influencia en el desarrollo de los acontecimientos. En cuanto a la Assemblea, contaminada por las diferencias genéricas del movimiento y amenazada por el interés de los partidos por controlarla, se jugará su papel transversal y unitario en la renovación de cargos prevista para la primavera.
De convertirse Puigdemont en determinante, de mantenerse la ANC como agente libre y con igual dirección, de cumplirse las expectativas más optimistas del nuevo Govern, tal vez entonces el independentismo pueda afrontar la rectificación de su estrategia. Nadie con peso específico en el movimiento duda de la causa primera de su incapacidad para alcanzar la mayoría social: el abandono prematuro de la reivindicación del derecho a decidir. Todos saben también que el único relato con probabilidades de ser atendido por los Gobiernos europeos es el de la reclamación de un referéndum, pero no el de la exigencia de la independencia sin haber cumplido el trámite esencial de la consulta (la equiparación de plebiscitos y procesos participativos queda para el consumo local y como provocación al Estado español).
La ampliación del perímetro social no se producirá por la simple incorporación de los partidarios del derecho a decidir. Esta sería una pretensión excesiva y poco realista, dadas las expectativas electorales de la oferta de los Comunes y Podemos y el rechazo frontal de este sector a la declaración de la desobediencia del 9-N; un rechazo compartido por la diáspora socialista, con la que se cuenta como integrantes del bloque proreferéndum.
El reencuentro de las diferentes sensibilidades exigirá crear un escenario de diálogo neutral, algo así como la convocatoria de unos Estados Generales del Soberanismo al que puedan acudir los diferentes actores para formalizar los puntos de acuerdo de un frente común. O esto, o el cumplimiento estricto de la declaración del Parlament, con el peligro de enterrar el proceso ante la falta de respuesta real a la reacción jurídica del Estado.
Jordi Mercader, periodista.