Lo ‘urgente’ era el consenso

En mayo de 2011, el Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero creó una Comisión de Expertos para estudiar el futuro del Valle de los Caídos de acuerdo con el artículo 16 de la ley 52/2007, conocida como ley de la memoria histórica. El informe que aquella entregó al Gobierno en noviembre de 2011 mostraba la necesidad de aunar prudencia y acuerdo para abordar un asunto tan complejo. De hecho, la Comisión se declaraba «consciente de las dificultades políticas y sociales» que suponía la «ejecución de sus recomendaciones», advirtiendo que correspondía al Gobierno decidir sobre la «conveniencia y oportunidad» y, sobre todo, «lograr los más amplios consensos sociales y políticos». Como si quisiera dar ejemplo, sus recomendaciones contaron con el voto unánime de sus 12 miembros. No obstante, uno de los párrafos tuvo un voto particular de tres comisionados motivando su negativa a la exhumación y el traslado de los restos de Franco.

Siete años más tarde, otro socialista llegó a la Presidencia del Gobierno y se apresuró a situar de nuevo en la agenda el Valle de los Caídos. A finales de junio de 2018, Pedro Sánchez hizo pública su intención de trasladar los restos de Franco fuera del Valle. El anuncio no respondía solamente al afán de cumplir con la ley 52/2007. Entraba en juego otra vez la batalla cultural que las izquierdas españolas tienen planteada a propósito del pasado español desde 1936 hasta 1978. Sánchez buscaba recuperar el bastón de mando perdido en el enfrentamiento reciente con Podemos, en el que los compañeros de Pablo Iglesias habían tomado la delantera por su izquierda con un discurso radicalmente crítico con la Transición por amnésica y en defensa de una «memoria» selectiva de las «víctimas» de la Guerra Civil. A la vez, la tumba de Franco podría servir, una vez más, para arrastrar al centroderecha hacia posiciones incómodas y cocinar una precampaña a partir del manido recurso a la «herencia sociológica» del franquismo.

Con un Gobierno en minoría, Sánchez tenía dos opciones en el verano de 2018: recurrir al partido al que había censurado para intentar forjar un acuerdo y, acompañados de Ciudadanos, utilizar el dictamen de la Comisión de 2011 para afrontar el espinoso asunto del Valle de los Caídos y los restos de Franco. O bien utilizar una vez más la apelación al franquismo como arma de combate partidista y erigirse en abanderado de la izquierda en esta materia. Escogió la segunda y rápidamente aprobó por real decreto una modificación de la ley 52/2007. El 24 de agosto se añadió un tercer apartado al artículo 16, haciendo explícito que en el «Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española», es decir, que Franco no podía seguir allí ni un minuto.

Habría sido interesante conocer las reacciones de los dirigentes del PSOE y de otros grupos a su izquierda, por no hablar de sus portavoces mediáticos, si el PP, estando en minoría en el Parlamento, hubiera aprobado por decreto-ley una modificación de la ley de la memoria histórica. Ésta, con el paso de los años, parece haberse convertido en una conquista sistémica para la opinión progresista.

Algunos conservadores han reprochado al Partido Popular de Rajoy que no aprovechara su mayoría absoluta de 2011 para cambiar la ley socialista de 2007. De hecho, la escisión por su derecha de un sector que confunde la radicalidad con la claridad de ideas encontró en este asunto un apoyo más en su particular denuncia de los supuestos complejos del rajoyismo. Ciertamente, que el PP se limitara a paralizar la aplicación de la ley por la vía presupuestaria supuso que, al final, ésta se consolidara y se pudieran aprobar desarrollos legislativos como la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (2/2017), cuya exposición de motivos es un lamentable ejemplo de la instrumentalización de las «víctimas» al servicio de un discurso histórico delirante.

De este modo, una vez que el Tribunal Supremo autorizó el traslado de los restos de Franco al lugar indicado por el Ejecutivo, la situación continuaba en el punto que interesaba a la estrategia del PSOE. La exposición de motivos del decreto-ley de agosto de 2018 consideraba «urgente» y «preferente» acabar con la «presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco» porque eso impedía cumplir con el «mandato legal de no exaltación del franquismo» y, por tanto, ponía en riesgo «el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda». Como típica declaración grandilocuente de la izquierda estaba bien. Pero cabe preguntarse si lo urgente y, sobre todo, conveniente no hubiera sido que una minoría parlamentaria tan escasa como la del PSOE buscara, por encima de todo, un amplio acuerdo con los principales partidos de la oposición. Un acuerdo que, además de ocuparse de Franco, sentara también las bases para afrontar algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos de 2011.

No es baladí recordar que el grupo parlamentario del Partido Popular apoyó buena parte del artículo referido al Valle de los Caídos en la ley 52/2007. Su portavoz en la Comisión Constitucional afirmó estar «a favor absolutamente de la despolitización total, integral y absoluta del Valle». Y que, diez años más tarde, en mayo de 2017, no votó en contra de una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Rajoy a «afrontar» con urgencia las recomendaciones de la Comisión de 2011. Además, se podrían citar antecedentes tanto o más relevantes sobre grandes acuerdos parlamentarios relacionados en este campo, como el que en noviembre de 2002 sellaron PP y PSOE para zanjar, supuestamente de una vez por todas, la cuestión de si el Congreso aprobaba una declaración condenando el golpe de Estado de 1936.

No hay, pues, motivos para pensar que un acuerdo entre el Gobierno y los dos principales partidos de la oposición sobre el Valle de los Caídos hubiera sido inalcanzable. Si lo ha sido es, en parte, por el empeño del PSOE en rentabilizar electoralmente una cuestión que le aporta una ventaja significativa en su disputa con Podemos por liderar la reivindicación del antifranquismo. En su pugna simbólica con el Pablo Iglesias republicano y visitador de fosas de la represión franquista, Sánchez aspira a convertirse en el presidente que supuestamente cerrará la Transición al sacar a Franco del Valle de los Caídos.

Mientras, la posición del PP y Ciudadanos ha sido incómoda, tal y como siempre deseó La Moncloa. No es extraño que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fingiera en septiembre de 2018 que lamentaba la abstención de los dos grupos cuando el Ejecutivo les impuso el trágala del decreto-ley que declaraba urgente la exhumación de los restos de Franco. En realidad, un PSOE en vías de recuperar la hegemonía en la izquierda estaba encantado con la eterna disputa cultural a propósito del franquismo. Apeló al dictamen de la Comisión de 2011 en la exposición de motivos de su decreto-ley, pero trampeando. No quiso recordar, entre otras cosas, que la primera recomendación se titulaba «Necesidad de los más amplios consensos»; o que la referida al lugar de enterramiento de Franco y Primo de Rivera, si bien no fue apoyada por unanimidad por recomendar su traslado, instaba al Gobierno a que «deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios».

Una parte del dictamen de aquella Comisión podría haber sido, así, el punto de partida para una reordenación de la estrategia del centroderecha ante la espinosa cuestión del pasado reciente. El PSOE ha vuelto a darles la oportunidad de convertir un trágala en una ventaja para reconsiderar su siempre problemática relación con el asunto de la mal llamada memoria histórica. Si su objetivo, como ha declarado en varias ocasiones el PP de Casado, es fortalecer el recuerdo de la concordia que hizo posible la Transición, haber puesto al PSOE en la encrucijada de negociar el cómo y el cuándo del traslado de los restos de Franco y el comienzo de una reorganización del Valle de los Caídos a partir de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, podría haber conllevado algunos riesgos –como proporcionar a Vox munición para sus estridencias– pero habría aportado ventajas sustantivas. De hecho, nada habría fortalecido más el anclaje de nuestra democracia a los pactos de la Transición que haber actualizado su relevancia para las nuevas generaciones mediante un acuerdo que colocara a Ciudadanos y al PP en el mismo lugar desde el que se anunciara y explicara la salida de Franco del Valle. Habría sido, además, un avance en la inexcusable derrota de los impugnadores de la Transición.

Manuel Álvarez Tardío es catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos. Y codirector de Podemos. Cuando lo nuevo se hace viejo (Tecnos).

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