Lo volverán a hacer

Uno de los rasgos más deprimentes de este embarazoso episodio de los indultos que el Gobierno pretende conceder a los golpistas de octubre de 2017 es la completa vacuidad, rayana en la mala fe, de los argumentos justificativos que se ofrecen. Como no hay razón confesable para indultar a un grupo de delincuentes contumaces que han cometido la felonía de rebelarse contra la legalidad que les había elevado a los puestos que ocupaban, el presidente y sus acólitos han sacado un prontuario de explicaciones mendaces esperando convencer a un nutrido contingente de almas de cántaro. «Por el bien de España»; «por la concordia»; «en la Constitución no se habla de venganza». Ofende a la inteligencia oír tan falsas vacuidades. Y cuando el amigo misterioso de Delcy Rodríguez, la de las no menos misteriosas maletas venezolanas, compara a los felones con Nelson Mandela, el nivel de cinismo produce bochorno y sonrojo. ¿La democracia española es comparable al apartheid? ¿Se considera Ábalos ministro de un régimen racista? Por cierto, cuando los felones pasen en la cárcel el tiempo que pasó Mandela (27 años), y en las condiciones que sufrió (bien diferentes de las que ellos disfrutan), quizá entonces podríamos apiadarnos de ellos; nunca compararlos con él. En la Constitución no se habla de venganza, cierto; pero se habla abundantemente de justicia. Y en ningún artículo dice que el poder ejecutivo tenga la potestad de corregir a la Justicia, como ha afirmado la docta vicepresidenta primera, experta en anglicanismos.

Lo volverán a hacerEn cuanto a lo del «bien de España» y la «concordia», el más somero repaso a la historia reciente nos hará ver que todas las concesiones (ninguna tan escandalosa como la de ahora) que se han hecho al nacionalismo y separatismo catalanes han perjudicado gravemente a España y a los españoles, incluidos los catalanes y, en lugar de concordia, han producido discordia y, a menudo, violencia. Y, desde luego, nunca han persuadido a los separatistas a cejar en su empeño: todo lo contrario.

El caso de Manuel Azaña, el paradigma republicano que tan eficazmente defendió el Estatuto de Cataluña en 1932, ilustra con su persona y su ejemplo los problemas de buscar la concordia con el separatismo a cualquier coste. Azaña ya debió maliciarse que tratar con los nacionalistas era peligroso cuando, tras acordarse en el Pacto de San Sebastián (1930), cónclave preparatorio republicano, que la cuestión del Estatut se debatiría en las Cortes, nada más proclamarse el nuevo régimen, Francesc Macià, jefe de Esquerra Republicana, anunció, sin encomendarse a Dios ni al diablo, la República Catalana en el marco de una inexistente Federación Ibérica. Apaciguado y rectificado Macià, Azaña, presidente del Gobierno, movido por el entusiasmo de haber derrocado la Monarquía e instaurado la República, defendió hábilmente el proyecto de Estatut en las Cortes, presentándolo como una pieza clave de la renovación que la República traía consigo y asegurando que la recién aprobada Constitución garantizaba que el Estatut no iba a ser el trampolín del separatismo.

El tiempo le quitó la razón. Dos años más tarde, en octubre de 1934, Lluís Companys, sucesor de Macià, y gran aliado de Azaña en el debate de 1932, proclamó, por su cuenta y riesgo, la República Federal Española, con capital en Barcelona. Azaña, que había perdido el poder en 1933 y se hallaba en esa ciudad durante la rebelión de Companys, pasó varios meses en la cárcel. Companys fue condenado a 30 años por rebelión, pero fue indultado en 1936 por el Gobierno del Frente Popular y reasumió la presidencia de la Generalitat. La Guerra Civil estalló meses más tarde y de nuevo Companys aprovechó la situación para «volverlo a hacer»: creó un Ejército de Cataluña que hizo, literalmente, la guerra por su cuenta, ciertamente con poco éxito. Para entonces, Azaña, a la sazón presidente de la República, estaba ya plenamente desengañado con respecto a la autonomía de Cataluña, como reflejó en su diario y correspondencia. Para él, el separatismo catalán fue «causa de desconcierto y debilidad en la conducta de la guerra […] e influyó perniciosamente hasta el último momento». Y atribuyó los combates entre comunistas y anarquistas en Barcelona en mayo de 1937, que él llamaba «la trifulca barcelonesa», a «10 meses de ineptitud delirante, aliada con la traición». Al acabar la Guerra Civil, la opinión de Azaña sobre «el problema catalán» había dado un giro de 180 grados. En las Cortes de 1932 había disentido de la famosa frase de Ortega y Gasset de que el problema catalán no tenía solución, sólo cabía «conllevarlo». Él pensaba entonces que la aprobación del Estatut era la ansiada solución. Siete años más tarde, recién acabada la guerra, escribía: «Nuestro pueblo está condenado a que, con Monarquía o con República, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias…».

Por desgracia, la triste experiencia de un hombre de la valía de Azaña no parece haber servido de nada. Él mismo decía que en España el mejor modo de guardar un secreto era ponerlo en un libro. Los políticos de la democracia han caído una vez tras otra en la misma trampa que Azaña, pero ellos, al parecer, siguen sin sacar las consecuencias. Él, al menos, reconoció tácitamente su error. Hasta hoy, que yo sepa, ni Felipe González ni José María Aznar ni aún menos J. L. Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, por no hablar del actual habitante de La Moncloa, han reconocido que sus cesiones ante los dirigentes catalanes nacionalistas o separatistas no solo no han servido para nada, sino que han agravado el problema, dando alas al separatismo. El caso más sangrante, cómico si no fuera trágico, es el de Zapatero, diciéndole a Pedro J. Ramírez, tras la aprobación del absurdo Estatut de 2006: «Dentro de 10 años España será más fuerte, Cataluña estará mejor integrada en España y usted y yo lo viviremos». Diez años más tarde, después de los dos referéndums ilegales de Mas, Puigdemont preparaba el suyo. Y en octubre del año siguiente declaró la independencia de Cataluña en una ceremonia que tuvo más de astracanada que de acto solemne; pero lo ridículo siempre es parte de las puestas en escena separatistas.

En esta materia, la ejecutoria de nuestros presidentes ha sido de vergüenza. Y lo del indulto es el colmo de la cobardía y la doblez del inquilino monclovita. Un político decente (él se permitió llamar «indecente» a Rajoy en un debate de televisión), un demócrata consecuente, convocaría elecciones para ver si el pueblo respaldaba su escandalosa decisión de indultar a los felones, contra la oposición unánime del tribunal que los condenó y sin que ellos no ya expresen propósito de enmienda, sino ni siquiera se dignen a solicitar la gracia. Si esto no es cobardía (y en mi opinión y en la de muchos más cualificados que yo, prevaricación o incluso traición) ya me dirán ustedes. Está dispuesto a cualquier cosa, vender España, incluida más de la mitad de Cataluña, con tal de seguir haciendo equilibrios en la cuerda floja, pero, eso sí, usando el Falcon, dos años más.

Además de cobardía, hay una inmensa torpeza. Porque un tahúr de raza, como el inquilino se precia de ser, se daría cuenta de que, en la partida de póker que ha entablado con los separatistas, él tiene un farol que jugar que, casi con toda seguridad, le saldría: pero para hacerlo hace falta más valor y sangre fría que la que tiene el okupa. Porque si se negara a firmar el indulto, o al menos exigiera promesa de no reincidir, ellos serían los que tendrían que decidirse y retirarle el apoyo, sabiendo que con ello precipitarían elecciones generales, y que de ellas nunca saldría un gobierno tan débil y miserable como el que tienen enfrente. Y el problema sería para ellos. La pelota quedaría en su campo y no se atreverían a devolverla. Se encontrarían así con una crisis entre los tres partidos de la coalición separatista que sería casi insoluble y probablemente fueran ellos los que se vieran obligados a convocar elecciones. Pero eso sería una jugada de tahúr arriesgada y valiente. Y el inquilino no es ni una cosa ni otra.

Gabriel Tortella, economista e historiador, es autor (con J.L. Garcí Ruiz, C.E. Núñez y G. Quiroga) de Cataluña en España. Historia y mito (Gadir).

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