Anticipar el futuro significa detectar, preferiblemente de forma prospectiva, características novedosas en el entorno que puedan afectar de forma significativa a ciertos hechos en el futuro y determinar en qué momento se debe centrar la atención en ellos y dedicar recursos para tratarlos. Pongamos que hablamos de la gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas —cuestión nada desdeñable en un presente apremiado por los efectos del cambio climático y en transición ecológica—. A pesar de la complejidad que caracteriza la gobernanza del hecho nuclear, en España se decidió, inaugurado el milenio, desafiar el arduo debate de la gestión de los residuos apremiando a todos los actores afectados a hallar soluciones consensuadas para tratar de mejorar una realidad social, ambiental y económicamente costosa. Para ello se dedicaron recursos materiales, humanos y económicos con la responsabilidad de encontrar la mejor solución para soportar el peso que suponía albergar instalaciones nucleares. El debate que por entonces impacientaba a ciertos actores era la búsqueda de emplazamiento(s) para el almacenamiento y gestión de los residuos —uno de los más controvertidos proyectos asociados al sector nuclear—. En dicha iniciativa, que por entonces tuvo una gran acogida, se propuso el desarrollo de una metodología claramente participativa e informativa que favoreciera un proceso de toma de decisión consensuado, es decir, que evitara políticas de decisiones consumadas, arbitrarias y unilaterales en esta materia.
El reconocimiento de las problemáticas sociales, económicas, legales y ambientales asociadas a dicha controversia fue objeto de análisis durante un periodo para nada insignificante en el que expertos de distintas áreas de conocimiento se esforzaron por ofrecer resultados prácticos y reales que orientaran sobre la mejor forma de iniciar y guiar un proceso de identificación, selección y planificación para el emplazamiento de la instalación de los residuos radiactivos generados en nuestras centrales. Si bien el tiempo de elaboración disponible y la atención exigible casi siempre son insuficientes para hacer frente a todas las contingencias que puedan surgir en estas cuestiones, lo cierto es que el producto final resultante logró aunar buena parte de las preocupaciones que inquietaban a los actores implicados en dicha decisión. Gran parte del éxito se lo llevaría el esfuerzo por enfocar y centrar la atención en la ecuanimidad de las decisiones, fuera por su impacto a largo plazo, por la transparencia de estas o por la inclusión de todos los actores afectados o implicados. A partir de aquí, y a sabiendas de las consecuencias económicas que la irresolución de esta polémica tenía para la sociedad en general, la siguiente fase solo requería responsabilidad política y consideración social.
Hasta aquí una breve descripción de una coyuntura pasada que, a nuestro pesar, no difiere ni un ápice de lo que recientemente publicaban algunos medios sobre estas cuestiones (rehuimos, intencionadamente, el momento Villar de Cañas por desatender y desoír con alevosía y desdén lo que en su momento y de conformidad acordaron expertos y actores sociales y económicos para resolver la gestión de los residuos nucleares).
Parece ser pues que, junto al proyecto para el almacenamiento de los residuos, también se congeló el tiempo y con ello, todos los recursos empleados para tratar de activar y acelerar un asunto que, para mayor sorpresa, se halla aún en fase de discusión.
Para quienes estuvimos comprometidos en el desarrollo inicial de aquel proyecto no deja de asombrar la astucia practicada por los que, debiendo haber resuelto ya el tema (políticos, gestores públicos y privados,...), nutren un debate inexistente que solo se justifica por los réditos que les suponen. Que la gestión de los residuos radiactivos es una necesidad y una obligación que tenemos como país nuclear es indiscutible, que dicho proceso supone una alta complejidad por lo que se refiere a su planificación, es también evidente, y que existía un procedimiento para afrontarlo, véase más arriba. La experiencia y las lecciones que nos aporta el desafío de pretender dar con la solución que mejor convenga a todos es el precio que debemos pagar como sociedades que gozan de unos recursos energéticos que, en su momento, se apostó por desplegar. El descontento de quien subscribe estas líneas no es el reflejo de una ingenuidad pueril sazonada con una vanidosa rabieta de quien no se sabe atendido. Es simple y llanamente la muestra de un enojo por la irresponsabilidad política y la indiferencia social que convierten esta y muchas otras cuestiones en tareas aplazadas sine die, con los impactos económicos, ambientales y sociales que ello acarrea. En el caso que nos ocupa, la ineficiencia es de órdago.
Nos hemos alejado de la responsabilidad de nuestras decisiones, lo que ha permitido que algunos actores (tanto públicos como privados) obtengan todas las ventajas y nada de las desventajas, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿es de extrañar por qué las cosas van mal? Peor aún, ¿nos importa? Debería. La transición no es ecológica; es de pura lógica.
Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad y coordinadora de La gestión democrática de los residuos radiactivos. Programa COWAM España.