Londres 7-J: reflexiones y lecciones después de la tragedia

Rogelio Alonso, Profesor de Ciencia Política y coordinador de la Unidad de Documentación y Análisis sobre Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos (REAL INSTITUTO ELCANO, 11/07/05).

Tema: Los atentados del 7 de julio en Londres, que han causado la muerte a decenas de personas, resultando gravemente heridas centenares de ellas, han supuesto la reaparición del terrorismo islamista en una capital europea después de los asesinatos cometidos en Madrid en marzo de 2004. En este ARI se reflexiona sobre algunas de las variables que deberían tenerse presente en la respuesta de gobiernos y sociedades ante un desafío como el terrorismo internacional, que sin duda va a permanecer entre nosotros en los próximos años.

Resumen: La reaparición del terrorismo islamista materializada en los brutales atentados perpetrados en la capital del Reino Unido no supone un fracaso de las estrategias antiterroristas puestas en marcha por este país a lo largo de los últimos años. La compleja naturaleza del desafío terrorista obliga a evaluar los esfuerzos antiterroristas desde la perspectiva que impone la fragilidad inherente a democracias plurales, particularmente vulnerables a la violencia indiscriminada perpetrada por individuos carentes de inhibiciones tácticas y morales a la hora de ejercer el terrorismo. Estas condiciones ponen de manifiesto las dificultades que la lucha antiterrorista entraña, requiriendo por ello una mejor comprensión de factores fundamentales en tan relevantes esfuerzos. Las acciones emprendidas con el objeto de contener el terrorismo internacional constituyen piezas de una estrategia cuyos resultados deben ser en algunos casos evaluados a medio y largo plazo, al exigir algunas de ellas el transcurso de un cierto tiempo para alcanzar su máximo grado de eficacia. No obstante, la amenaza que el terrorismo plantea a la seguridad de democracias liberales occidentales reclama inmediatas medidas políticas, policiales, judiciales y sociales que prevengan y eviten dicha violencia y que contrarresten sus desestabilizadores efectos en el caso de que se produzca.

Análisis: “El atentado en Londres es inevitable”. Así se expresó el máximo responsable de Scotland Yard, John Stevens, días después del atentado terrorista perpetrado en Madrid el 11-M. En aquellos momentos el Reino Unido había logrado neutralizar actividades terroristas que perseguían aterrorizar a la sociedad británica como después han hecho quienes el 7 de julio asesinaron a decenas de personas en Londres. Tras años de combatir al terrorismo etnonacionalista del IRA, de padecer sangrientos atentados de dicha organización terrorista en lugares como los que aquel día volvieron a ser escenario del terror, el Reino Unido debió adaptar sus estructuras de seguridad a la amenaza del fundamentalismo islamista. Ha venido haciéndolo con éxito, evitando lo que sin embargo finalmente resultó inevitable, como avanzaban las autoridades políticas y policiales en Gran Bretaña. La desgraciada materialización de sus premoniciones no cuestiona a priori la eficacia de la lucha antiterrorista en dicho país, poniendo de relieve sin embargo las complejidades que entraña y los enormes esfuerzos que requiere. No puede ser de otro modo si tenemos en cuenta la deliberada intención de atentar indiscriminadamente mostrada por individuos carentes de inhibiciones morales y tácticas a la hora de utilizar el terrorismo. De hecho, al reforzarse en los últimos años de manera considerable la seguridad sobre determinados blancos simbólicos, como ciertos edificios y aeropuertos, dificultando que los terroristas dirijan hacia ellos su violencia, es probable que éstos entiendan como menos arriesgados y con mayores posibilidades de éxito la ejecución de atentados contra objetivos expuestos a una mayor vulnerabilidad como los que el 7 de julio recibieron el impacto del terrorismo islamista.

La selección de los objetivos en la capital londinense, tres estaciones de metro y un autobús, confirma los deseos de los perpetradores de causar elevados niveles de letalidad generando unos efectos comunes en diversos fenómenos terroristas con indiferencia de su motivación o ubicación geográfica. Es muy frecuente que el terrorista elija como el blanco de su violencia redes y medios de transporte con la intención de afectar de manera considerable la vida de los ciudadanos, multiplicando así el impacto de su acción, como demostró el 11 M en nuestro país, así como en numerosos atentados contra este tipo de objetivos. El 6 de febrero de 2004 medio centenar de personas perdieron la vida en el metro de Moscú en un atentado perpetrado por suicidas chechenos que se cobró varios centenares de víctimas. En agosto de ese mismo año los terroristas volvieron a elegir idéntico escenario para asesinar a nueve personas. En marzo de 1995 un atentado con gas sarín en el metro de Tokio causó la muerte a doce personas, resultando heridos más de cinco mil, acción atribuida a la secta Aum Shinrikyo liderada por Shoko Asahara. En julio de ese mismo año una bomba colocada por el GIA argelino explotó en la estación parisina de St. Michel junto a Notre Dame matando a nueve personas e hiriendo a un centenar. Este tipo de acciones terroristas representa al mismo tiempo una sencilla forma de generar una profunda sensación de alarma, pánico y vulnerabilidad entre la población víctima directa de la violencia y también en aquella audiencia que contempla la tragedia provocada por el terrorista. De ese modo la violencia física adquiere una dimensión también psicológica al generar reacciones emocionales como la desolación, la confusión y el miedo, factores todos ellos que condicionan los comportamientos de quienes presencian el acto terrorista. De ahí el interés de perpetrar atentados contra estos objetivos, motivado también por la notable dependencia de los medios y redes de transporte que las sociedades actuales tienen, como expone el caos que se ha desencadenado en la capital británica tras la matanza de hace unos días.

La vulnerabilidad de nuestras sociedades ante el fenómeno terrorista que de dichas circunstancias se deriva dificulta el éxito completo e inmediato de esfuerzos como los que indudablemente se han llevado a cabo en el Reino Unido para contrarrestar el desafío del terrorismo islamista, trabajo que ha incluido un incremento notable de los presupuestos destinados a los servicios de inteligencia y medidas como la creación del denominado Joint Terrorism Analysis Center (JTAC), operativo desde julio de 2003. El JTAC ha supuesto una significativa reforma estructural de la comunidad de inteligencia en el Reino Unido, aglutinando a representantes de las diferentes agencias de seguridad con el objetivo de perfeccionar la coordinación entre ellas. Mediante la colaboración y la acción coordinada de las distintas policías y servicios de inteligencia ha mejorado sin duda la calidad en la evaluación y el análisis de las amenazas, obteniendo positivos resultados que evitaron otros atentados terroristas y, por tanto, la pérdida de vidas humanas. Recuérdese por ejemplo que en marzo de 2004, en el transcurso de una redada antiterrorista en diversas ciudades del Reino Unido en la que fueron detenidos varios sospechosos de pertenecer a grupos islamistas radicales, la policía interceptó media tonelada de nitrato de amonio, un fertilizante agrícola utilizado en atentados tan sangrientos como el de Oklahoma en 1995 o Bali en 2002, en los que murieron 168 y 202 personas respectivamente. Conviene quizá recordar este punto en unos difíciles y trágicos momentos en los que decenas de personas han sido asesinadas. Debe tenerse presente que la eficacia de ciertas medidas antiterroristas requiere precisamente de tiempo para poder adquirir su máximo grado de eficiencia. Es preciso destacarlo con objeto de entender que la erradicación absoluta del terrorismo en un corto espacio de tiempo no es un objetivo político realista. La inteligencia continúa siendo un factor vital que exige unos ritmos, resultando de una enorme complejidad la adquisición de conocimientos previos de todos y cada uno de los potenciales actos de terrorismo que se planean. Recabar información de calidad que se traduzca en inteligencia útil para la aprehensión de activistas es desafortunadamente una laboriosa tarea que se ve entorpecida por la estructura en red del terrorismo islamista. La penetración de células se ve por tanto obstaculizada, afectando al ciclo de inteligencia consistente en recabar, analizar y diseminar información que revierta en un mayor y mejor conocimiento de los activistas terroristas y de sus intenciones.

El Reino Unido complementó tan relevante dimensión de la lucha antiterrorista con legislación específica que con el nombre de Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 (ATCSA) fue introducida inmediatamente después de los atentados terroristas del 11-S en EEUU. En ella se incluían provisiones frente a delitos como la incitación al odio religioso así como medidas orientadas a frenar la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, contemplándose además la detención indefinida sin juicio previo de inmigrantes, solicitantes de asilo y nacionales de otros países sospechosos de constituir una amenaza para la seguridad nacional al ser considerados como terroristas. Recientemente se sustituyó la detención indefinida y sin juicio de extranjeros sospechosos de terrorismo por el arresto domiciliario de éstos, extendiéndose las restricciones también a ciudadanos británicos. A finales de 2004 se aprobó la utilización de documentos de identidad con el objeto de facilitar la lucha contra el terrorismo, medida que se aplicará en 2008, pero que hasta el año 2013 tendrá carácter voluntario. La mejora de las relaciones con la amplia comunidad musulmana en el país fue también una prioridad del gobierno, estableciéndose foros para tal fin al tiempo que se fortalecían los vínculos entre la policía y los representantes musulmanes.

Más allá de los aspectos referidos que pueden entenderse como parte de una estrategia pro activa del Reino Unido frente al desafío terrorista, los recientes atentados sugieren otras consideraciones en relación con la respuesta que nuestras democracias pueden plantear. En primer lugar, no está de más destacar que la confusión en la que en ocasiones se incurre al identificar las causas del terrorismo islamista con los pretextos utilizados por quienes lo propugnan y practican en absoluto contribuye a esclarecer la verdadera etiología de este fenómeno. La búsqueda de las causas del terrorismo es sin duda obligada pero requiere asimismo que se evite la genérica atribución de determinados agravios como origen de la violencia sin la evidencia empírica que así permita constatarlo. El fanatismo que domina los comportamientos de quienes tras un proceso de radicalización recurren al terrorismo justificándolo mediante el fundamentalismo religioso no debe ser ignorado al analizar factores causales, pues de lo contrario queda totalmente desvirtuada la explicación sobre las auténticas raíces de la violencia y las motivaciones de sus perpetradores. De ahí que sea apropiado subrayar que, al igual que ha ocurrido con fenómenos terroristas endógenos, habrá siempre individuos a los que no será posible integrar en nuestras sociedades, siendo por tanto el encarcelamiento de los mismos y su posterior reinserción el horizonte deseable.

Asimismo, apropiado parece introducir una mayor cautela y realismo en el análisis de un fenómeno sobre el que se desconocen todavía amplias facetas. Es por ello por lo que parece oportuno aventurar que aunque ciertamente conocemos cuáles son los mecanismos a los que jamás deben recurrir los Estados en su actual lucha contra el terrorismo, desconocemos en cambio si la implementación de los métodos que sí entendemos necesarios y adecuados será suficiente para la eliminación de semejante amenaza. A pesar de esta incertidumbre debemos obrar con la certeza de que el debilitamiento del terrorismo exige siempre respuestas que no se sustraigan a los principios democráticos y al estricto marco de la legalidad, recayendo por tanto en nuestros entornos plurales una enorme responsabilidad a la hora de evitar la reproducción del terrorismo.

En este sentido, experiencias previas de lucha antiterrorista nos ilustran sobre errores cometidos en el pasado, alertándonos acerca de los efectos contraproducentes que acciones estatales desproporcionadas pueden llegar a tener. Con frecuencia se ha asumido como válida la noción de que los Estados debían erradicar el terrorismo con celeridad al jugar el tiempo a favor de los terroristas que intentaban subvertir el sistema mediante la utilización de la violencia. Numerosos han sido los ejemplos de acciones estatales que inspiradas en dicha lógica han resultado ser respuestas apresuradas y desproporcionadas. Cierto es que el factor tiempo constituye una variable de gran importancia, pues la dilación en la implementación de determinadas políticas puede mermar la capacidad de prevención, facilitando la preparación de actos delictivos ejecutados con impunidad. Ahora bien, tan contraproducente resulta la demora en la respuesta como la desproporción a la hora de adoptarla, pues ésta exige un procedimiento que comprenda la correcta y rigurosa evaluación de la amenaza, así como la consideración de los efectos que los métodos frente a ella pueden tener al plantearse hipotéticos escenarios a los que llevaría su aplicación.

La sensación de vulnerabilidad que el terror indiscriminado provoca no debe hacernos olvidar que la política antiterrorista requiere una coherencia que precisamente el terrorista busca alterar. Madrid y Londres han sido golpeadas una vez y podrían volver a serlo en el futuro a pesar de los intensos esfuerzos por conjurar un desafío terrorista que sin duda va a permanecer entre nosotros en los próximos años. Ambas capitales no dejan de ser blancos de oportunidad que en momentos determinados han sido objetivo de una violencia terrorista que también podría golpear a cualquier otra capital de Europa. Ni siquiera el hecho de haber sufrido ya brutales atentados como el del 11 de marzo y el del 7 de julio permite asumir que no vuelvan a intentarse nuevas masacres en estos lugares. Semejante realidad obliga a apostar por una pedagogía que permita a nuestras sociedades comprender tan inquietante fenómeno sociopolítico y cómo hacerle frente.

A este respecto, las críticas que en nuestro país se han vertido sobre la manera en la que se distribuyó la información en torno a los atentados de Londres revela cuan pertinente parece la consolidación de determinadas actitudes frente al terrorismo. Numerosos han sido los comentarios en contra de una gestión informativa que evitó en todo momento especular sobre el número de víctimas mortales, optando en cambio por la necesaria y prioritaria identificación de cadáveres y la confirmación de identidades antes de trasladar a la opinión pública cifras sobre tan delicada cuestión. Es evidente que los devastadores efectos de explosiones como las ocurridas, dejando a menudo irreconocibles a sus víctimas, al provocar severas desfiguraciones de cuerpos y abundantes amputaciones de miembros, añade serias dificultades en tareas como las descritas, obstaculizando enormemente los trabajos de los equipos de emergencia. Estos deben además tomar numerosas precauciones en sus labores de asistencia y evacuación ante el peligro que supone, entre otros, la posibilidad de secuencias continuadas de explosiones. Otras restricciones informativas también criticadas inoportunamente desde algunos medios de comunicación en nuestro país parecían obedecer a la acertada necesidad de impedir que la revelación de determinados datos perjudicasen la investigación sobre los responsables de la atrocidad. Las referidas críticas denotan un preocupante desconocimiento de cuáles son las cuestiones relevantes en una situación de emergencia como la que supuso el atentado terrorista en Londres y de las prioridades que en gestiones de crisis de esta naturaleza deben mantenerse.

La concienciación por la que se aboga afecta igualmente a instituciones y dirigentes políticos. La profundización en el conocimiento del reto terrorista desde el ámbito europeo perseguiría el perfeccionamiento de los esfuerzos de cooperación y coordinación destinados a estrechar relaciones en la lucha antiterrorista que con tantos obstáculos viene topándose, sin que sea posible circunscribirlos únicamente al terreno de las dificultades técnicas que la lógica armonización de los instrumentos y procedimientos empleados entraña. Esta tarea se ha visto afectada por las divergencias derivadas de la cesión de soberanía en tan delicado terreno, traduciéndose ello en objeciones en torno a la distribución de responsabilidades que impone la adopción de una acción colectiva ante la emergencia de amenazas compartidas. Asimismo, la existencia de diferentes modelos policiales e interpretaciones de lo que constituye el fenómeno terrorista han contribuido también a dichas divergencias entre los socios europeos. Al mismo tiempo, la distinta percepción que de la gravedad del problema terrorista manifiesta la opinión pública en los países miembros incide directamente en esta cuestión al priorizar los Estados diferentes materias. Insuficiente resultan, por tanto, meras reacciones de repulsa posteriores a la violencia, debiéndose complementar éstas con iniciativas previas sostenidas y proactivas acordes con la gravedad de la amenaza que demuestren una verdadera voluntad y determinación por impedir su reproducción.

Conclusiones: Los recientes atentados en Londres han confirmado que el terrorismo islamista constituye un desafío que amenaza con perpetuarse en el tiempo. El carácter indiscriminado de la violencia terrorista utilizada por sus ejecutores dificulta los esfuerzos que las democracias liberales vienen realizando con el objeto de contrarrestar y contener una amenaza que en cualquier momento podría volver a materializarse con las brutales intenciones de letalidad que las masacres en Madrid y Londres exponen. Frente a la vulnerabilidad de nuestras sociedades plurales ante este fenómeno, resulta necesario profundizar en la comprensión del mismo con el fin de perfeccionar los mecanismos de respuesta antiterrorista por parte de gobiernos y sociedades. La compleja naturaleza de la amenaza terrorista a la que nuestras democracias se enfrentan exige inmediatas medidas multidimensionales de carácter tanto político, como policial, jurídico y social, siendo necesario además tomar conciencia de que la lucha antiterrorista constituye una confrontación que se prolongará en el tiempo al ser el terrorismo internacional una amenaza que permanecerá entre nosotros durante los próximos años. Quizá por ello resulte recomendable oponer a la brutalidad y al fanatismo del militante terrorista una militancia por parte de nuestros sistemas democráticos que contribuya a minimizar los efectos desestabilizadores que toda acción terrorista persigue, neutralizándose así la lógica inclinación al desistimiento que el uso sistemático de la violencia produce.