Helle Dale es directora del Centro Douglas y Sarah Allison para Estudios de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Fundación Heritage (GEES, 12/08/05).
Los atentados de Londres han sido un horrendo recordatorio que estar alerta contra el terrorismo debe estar en el orden del día a largo plazo. Por eso las medidas que tomamos contra los terroristas y las leyes que ponemos en práctica para dar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad las armas correctas son tan vitales. Para los americanos, es seguramente el momento apropiado para sentirse agradecidos por la muy difamada Ley de armas de lucha contra el terrorismo, más conocida como Ley Patriota* cuya renovación está siendo estropeada en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
El gobierno británico ha caido en la cuenta de manera trágica y tardía que los investigadores y la policía de su país no tenían todas las armas que necesitaban. El lunes el Primer Ministro Tony Blair trató de arreglar el problema porque es claramente muy necesario pero ya saben, a buenas horas mangas verdes.
El estilo británico contra el terrorismo que prevaleció después del 11-S ha fallado en separar el trigo de la paja, o sea a los musulmanes respetuosos de la ley frente a los terroristas. Mientras que no hay respuestas definitivas sobre los atentados de Londres, hay una amplia coincidencia entre investigadores a que, por la precisión y la sofisticación, todo apunta a que los atentados llevan el sello de Al Qaeda.
En una serie de tres partes publicada en el londinense Sunday Times, usando información filtrada de documentos del gobierno, muestran que el reclutamiento secreto de los terroristas se lleva a cabo enérgicamente en los campus universitarios británicos entre insatisfechos inmigrantes de segunda generación. Aquellos que poseen pericia técnica o conocimientos de ingeniería son especialmente buscados. El informe indica que el 1% de los musulmanes británicos pueden ser terroristas en potencia – 16.000 personas en una población de 1.6 millones – que 10.000 han ido a conferencias terroristas y que 3.000 han visitado los campos de entrenamiento de Osama bin Laden en Afganistán.
Ahora, el derecho anglosajón conocido también como Common Law es la tradición legal de la cual derivan las tradiciones americanas constitucionales y legales. Tiene un fuerte énfasis en la privacidad y en los derechos individuales frente al Estado, por ejemplo la libertad de expresión, de reunión, etc. En verdad, todos podemos sentirnos agradecidos por esta tradición que ha mantenido a los países anglosajones libres de los abusos y terrores que los ciudadanos de la Europa continental han sufrido en nombre del Estado. Los británicos se encrespan ante la idea de un D.N.I. y tradicionalmente nunca han estado obligados a llevar el carné de conducir cuando conducen.
Las leyes antiterroristas anteriormente dirigidas contra el IRA, los principales culpables del terror en Gran Bretaña en el pasado, eran duras y dieron poderes al gobierno británico para poder detener sin necesidad de juicio. Pero la policía ha cambiado de curso en dirección contraria. Su entrega por la libertad de expresión y de reunión se ha cruzado en el camino para romper las redes terroristas y la despiadada retórica inflamatoria de ciertos clérigos musulmanes que incitan al odio y a la violencia desde mezquitas en el corazón mismo de Londres y otras ciudades.
En otras palabras, la bastante débil Ley británica de Prevención del terrorismo no ha sido suficiente y Blair está pidiendo ahora al Parlamento que se le de al gobierno más poderes preventivos. Bajo la presente presidencia británica de la Unión Europea, Blair quiere pedir lo mismo a sus socios de la UE. Los europeos podrían mirar hacia Estados Unidos por un modelo más efectivo.
Ante la Cámara de Representantes está la reautorización de la llamada Ley Patriota. El Senado ya pasó su versión de la ley. Las disposiciones de la ley para su rescisión automática fueron puestas para permitir al Congreso que revisase posibles abusos contra las libertades civiles de los ciudadanos americanos debido a los ampliados poderes investigativos dados al FBI y otras agencias federales. Y a pesar de los vendedores de humo en ambos lados del espectro político – aunque la mayor parte viene de la izquierda y la ACLU— no se ha podido documentar ningún abuso oficial. Por ejemplo, no se ha mandado a la cárcel a ningún bibliotecario que se haya negado a divulgar los materiales de lectura de los bibliófilos. Por tanto, el proceso de reautorización debe proceder con prontitud.
La Ley Patriota nos permite detener a los malos antes que nos ataquen, incluso mejora el poder compartir inteligencia entre agencias que antes del 11-S sólo acumulaban su información. (Fue el problema más grande que localizó el informe de la Comisión del 11-S). Tambien permite que los expertos en contraterrorismo tengan herramientas usadas en otras investigaciones criminales e incluye técnicas de vigilancia que pueden capturar información sobre el uso de Internet y de teléfonos móviles. Los inocentes ciudadanos comunes y corrientes no tienen absolutamente nada que temer.
La lección de Londres es que seguimos necesitando la Ley Patriota y la necesitaremos en los años venideros. Quizá los europeos se den cuenta que ellos también necesitan algo así.