López Obrador se mantiene a flote, pero México no

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2019. Credit Claudio Cruz/Agence France-Presse — Getty Images
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2019. Credit Claudio Cruz/Agence France-Presse — Getty Images

Se cumplió el primer año de la presidencia en México de Andrés Manuel López Obrador y hay mucho y poco qué decir al respecto. Aunque no ha ocurrido alguna catástrofe de gran importancia, ahora se ve más lejos que nunca un futuro nuevo y brillante. Él se mantiene a flote, pero sus resultados son inconsistentes.

De acuerdo con la mayoría de las encuestas, López Obrador mantiene su popularidad. En promedio, su índice de aprobación está en poco más del 60 por ciento, más o menos en la misma posición en la que dos de sus tres predecesores —Vicente Fox y Felipe Calderón— se encontraban en la misma etapa de sus periodos. Esta es una hazaña notable, ya que su desempeño real en las áreas importantes para la mayoría de los mexicanos es deplorable. Las dos más significativas —violencia y economía— están en su peor nivel en años. La supervivencia de la joven y precaria democracia de México es cada vez menos clara. Los mismos mexicanos que le aplauden de manera personal no creen en el éxito de sus políticas y desaprueban sus resultados.

El crecimiento económico mediocre durante los veinticinco años pasados contribuyó de manera decisiva a la elección de López Obrador. Con un promedio menor al uno por ciento de crecimiento anual per cápita, la economía de México fue incapaz de sacar a la gente de la pobreza, elevar los ingresos para las clases bajas y medias de la sociedad, mejorar la salud y la educación o reducir la desigualdad.

López Obrador prometió un crecimiento anual del cuatro por ciento. En 2019, el crecimiento fue nulo, y en 2020 apenas alcanzará el uno por ciento, de acuerdo con los pronósticos más optimistas. Dada la actual caída de las inversiones, muchos creen que un crecimiento del cero por ciento para el próximo año es un cálculo más razonable.

A diferencia de la situación de hace diez años, la última vez que México entró en recesión, el estancamiento actual no es de importación. La economía estadounidense se está expandiendo, pero el vínculo previo entre el crecimiento de ambas naciones ha desaparecido. Se han desacoplado. La caída es autoinfligida, en gran medida como resultado de decisiones de gobierno erráticas y tasas de interés elevadas, consideradas necesarias para sostener a un peso cada vez más sobrevaluado.

La falta de crecimiento económico en un país con una captación fiscal absurdamente baja significa menores ingresos para el gobierno, lo que implica menor gasto. La vasta cantidad de dinero que López Obrador desea otorgar de manera directa a los pobres de México a través de sus ambiciosos programas sociales solo se entregó parcialmente este año, mientras que algunos programas han sido recortados en el presupuesto del próximo año. Estos desafíos nacionales todavía no han afectado la popularidad del presidente, pero lo harán de manera inevitable.

Sus índices de aprobación han recibido una ligera mella debido a su incapacidad para cumplir con su segunda promesa de campaña: controlar el crimen y poner fin a la cruenta guerra contra las drogas en el país. Iniciada a finales de 2006 por el presidente Felipe Calderón, la guerra contra las drogas ha cobrado miles de vidas, ha dejado un rastro incontable de personas desaparecidas, ha absorbido recursos y ha manchado la imagen de México en el extranjero.

Durante la campaña presidencial, López Obrador sabiamente concluyó que esa guerra no podía ser ganada y prometió regresar a los militares mexicanos a los cuarteles e incluso consideró legalizar el cultivo de marihuana y amapola. Sin embargo, ya electo, reconfiguró las fuerzas militares y policiacas en una nueva Guardia Nacional, que pronto fue desplegada de nuevo para patrullar la frontera. Continuó rechazando la estrategia de perseguir a los líderes de los grupos criminales (kingpin strategy), diseñada en Washington, y prosiguió con un rumbo similar a los enfoques de hacerse de la vista gorda o consentimiento tácito de sus predecesores. Tenía la esperanza de que la violencia y el crimen disminuyeran de manera rápida y que los estadounidenses no se dieran cuenta.

Sin embargo, la tasa de homicidios de México se disparó en la primera mitad del año y es probable que supere el récord de 2018 de más de 33.000 homicidios. La tragedia se ha extendido a casi cada rincón de México, con episodios destacados que han llevado al país al borde de la crisis. En octubre, tras lo que parece haber sido un pitazo de las agencias de seguridad de Estados Unidos, las fuerzas militares mexicanas intentaron capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. No lograron proteger a los habitantes de la ciudad de los ataques subsecuentes del cártel. Guzmán fue detenido muy brevemente antes de que el presidente mexicano diera la orden de liberarlo.

Semanas después, nueve mexicoestadounidenses, incluidos seis niños, fueron asesinados por sicarios cerca de la frontera con Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó con designar a los cárteles mexicanos como “narcoterroristas”, una medida irrelevante con el único propósito de asustar al equipo de López Obrador. Lo consiguió. Trump reconsideró su postura, pero México parece listo para volver a enfrascarse por completo en una guerra universal contra las drogas siguiendo la estrategia de persecución de capos, lo que solo exacerbará la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Esto es lo que preocupa a los ciudadanos mexicanos. Sus inquietudes surgen de manera clara en encuestas que muestran su desacuerdo o decepción con las políticas específicas de López Obrador sobre economía y violencia. Sin embargo, la comentocracia y las élites del país —incluyendo a una comunidad empresarial que ha establecido una relación estrecha con él mientras que, al mismo tiempo, pone en pausa las inversiones— están más preocupadas por su conducta autoritaria o su evidente concentración del poder. Aunque existen muchas expresiones de esta peligrosa tendencia, las principales involucran amenazas contra las agencias independientes construidas durante los veinticinco años pasados de democratización de México.

Durante décadas, el sistema mexicano de un partido subsumió todo al Estado. Los sindicatos de trabajadores, los tribunales, los medios, las instancias regulatorias y el proceso electoral estaban al servicio del presidente. El remedio democrático fue conceder autonomía al Banco de México, la Suprema Corte, la Comisión Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, López Obrador ha buscado revertir eso, con la excepción por ahora del Banco de México. En octubre, un ministro de la Suprema Corte, a quien desde hace tiempo le guarda rencor, renunció de manera abrupta en medio de acusaciones de lavado de dinero y fue remplazado con la jefa del Servicio de Administración Tributaria, cercana al presidente. También designó a una excandidata de su partido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y busca cambiar el estatus del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En los medios, un gran número de conductores y comentaristas han perdido sus empleos o han visto su exposición reducida de manera drástica, en parte debido a que la publicidad oficial ha sido reducida y en parte porque el sector privado no está dispuesto a ser asociado con sus críticos.

¿Existe algo digno de alabar sobre el primer aniversario de López Obrador en el cargo? Sí: elevó el salario mínimo nacional un 17 por ciento, algo que debía haberse hecho desde hace mucho tiempo, y lo duplicó a lo largo de la frontera con Estados Unidos. También ha logrado hasta el momento evitar confrontaciones con Trump, aunque a un alto costo, incluyendo aceptar prácticamente todas las exigencias de los demócratas de Estados Unidos respecto al nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte, el T-MEC, y podría haber otras medidas en el lado simbólico del libro de contabilidad. Sin embargo, si los cinco años restantes de López Obrador se parecen en algo a este primero, México seguirá una larga y accidentada trayectoria. Y lo mismo ocurrirá con su vecino del norte.

Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003, es profesor en la Universidad de Nueva York y columnista de opinión del Times.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *