Los abusos y los cómplices

España siempre se ha perfilado como líder europeo en asuntos relacionados con América Latina. Está claro por qué: con la historia colonial de España y la vasta población de expatriados en la región, España tiene una comprensión clara de los problemas en juego. Y, sin embargo, a pesar de toda la historia, las conexiones culturales y el deseo de orientar la política europea en la región, España y la Unión Europea no solo han fracasado en liderar la política contra las violaciones cubanas de derechos humanos; han sido cómplices de esas violaciones.

Hablar de complicidad puede parecer una acusación grave, pero la historia la confirma. Hasta ahora, la UE no solo ha demorado el despliegue de las sanciones europeas por la Ley Magnitsky contra los funcionarios del régimen que han detenido, agredido y torturado arbitrariamente a disidentes, sino que se ha pasado los últimos cuatro años proporcionando legitimidad comercial y política al régimen a través de uno de sus mayores errores políticos frente al régimen: el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC).

Si bien Estados Unidos mantiene un fuerte embargo sobre el régimen cubano, reforzado aún más por sanciones a entidades que benefician de manera desproporcionada al aparato de inteligencia, seguridad y militar cubano, la UE ha seguido manteniendo el obsoleto ADPC. Desarrollado para fortalecer las relaciones entre la UE y el régimen cubano, el acuerdo se centra en tres puntos: diálogo político sobre derechos humanos; cooperación en democracia y buen gobierno; y relaciones comerciales. Todos los miembros de la UE, a excepción de Lituania, han ratificado el acuerdo, que se ha aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2017.

La pregunta, por supuesto, es qué se ha logrado con el acuerdo. Comencemos con el tercer aspecto: el comercio. El acuerdo ha otorgado una importante legitimidad política y económica al régimen cubano, que de por sí es totalmente ilegítimo. Ha permitido y reforzado las relaciones comerciales europeas con el régimen comunista cubano, cuyos beneficios sirven para engrosar las fortunas de Miguel Díaz-Canel y sus ‘apparatchiks’. Brinda apoyo político a consorcios conjuntos de larga duración con empresas europeas que canalizan dinero directamente a las fuerzas que actualmente encarcelan a manifestantes cubanos. Es, en todos los aspectos, una herramienta valiosa para el régimen cubano.

En lo que respecta a los derechos humanos, estos solo se han deteriorado, una realidad expresada por el Europarlamento en su resolución de 28 de noviembre de 2019 en la que «expresa su pesar porque, a pesar del ADPC adoptado, la situación de la democracia y los derechos humanos no haya mejorado».

Aproximadamente al mismo tiempo, el relator especial de las Naciones Unidas para la Trata de Personas y el relator especial para la Esclavitud también emitieron cartas en las que planteaban su preocupación por la posible trata de profesionales médicos en Cuba, algo que Estados Unidos ha señalado en un informe de 2021. Hasta aquí el progreso en los derechos humanos y la buena gobernanza.

En marzo de 2020, mientras me desempeñaba como subsecretaria adjunta para Cuba en el Departamento de Estado de EE.UU., fui a Vilna (Lituania) con una carta del secretario Pompeo al entonces primer ministro lituano Saulius Skvernelis, el ministro de Relaciones Exteriores Linas Linkevicius y el portavoz Viktoras Pranckietis. La Administración Trump y otros líderes clave de la seguridad nacional se habían enterado de que el Parlamento lituano estaba preparando la ratificación del acuerdo ADPC, que habría convertido su aplicación de provisional en permanente, y que podría haber permitido que fluyeran miles de millones de euros en crédito para dar vida al régimen cubano.

No es de extrañar que sea Lituania quien adoptó esta posición. Los lituanos tienen larga experiencia viviendo bajo un régimen comunista. Tienen su propio historial de represión, expropiación, tortura y muerte por parte de los soviéticos. Muchos de ellos reconocen en sus hermanos y hermanas cubanos el mismo espíritu de libertad que habían avivado al exigir su propia libertad de la represión comunista que les llevó a independizarse del control soviético. Y así, poco después de recibir la carta del secretario, el Gobierno lituano hizo lo que ha hecho una y otra vez: defendió la libertad y se negó a ratificar el ADPC. De hecho, justo antes del aumento sin precedentes de las protestas en Cuba este 11 de julio, el Parlamento lituano aprobó una resolución en la que declaraba «enérgica e inequívocamente» que «no es políticamente apropiado ratificar el ADPC entre la UE y Cuba».

Ciertamente fue una postura valiente, pero sin más apoyo de la UE, sólo retórica. Como dije, en asuntos de América Latina, la Unión Europea espera que España lidere; esto es tanto más cierto cuando el alto representante de Exteriores de la UE, Josep Borrell, es él mismo un exdiplomático español. Y, sin embargo, España ha rechazado constantemente los esfuerzos para reconsiderar el ADPC, y en lugar de eso ha respaldado a los regímenes cubano y venezolano a lo largo de los años, y ha dado la bienvenida a su país a los funcionarios del régimen sancionados y recompensado a los líderes cubanos con la primera visita oficial en décadas tanto de la corona española como de un primer ministro español.

Al menos el Rey habló acertadamente de la importancia de permitir que el pueblo cubano «exprese libremente sus ideas, la libertad de asociación y reunión». Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno español para fomentar esa libertad? Lamentablemente, nada.

Si España se toma en serio los llamamientos para que se respeten los derechos humanos y las libertades, debe liderar la petición de que en Europa se apliquen las sanciones Magnitsky del mismo modo que se hace en EE.UU. También debe unirse a los lituanos y pedir la suspensión del ADPC.

El propio ADPC incluye disposiciones claras para la suspensión del acuerdo en caso de violación de sus disposiciones sobre derechos humanos. La UE debe invocar estas disposiciones ahora y negarse a seguir financiando al régimen cubano. Después de todo, si la detención arbitraria de cientos de manifestantes cubanos, la trata de miles de profesionales médicos durante una pandemia, la emisión de decretos que impiden la libre expresión de artistas en la isla, el hostigamiento y detención arbitraria de periodistas internacionales -entre ellos una corresponsal de este medio- el uso constante de la tortura y la intimidación, y las desapariciones forzadas no se consideran violaciones de derechos humanos suficientemente graves para España y otros países europeos que hasta ahora se han negado a reconsiderar los términos del ADPC, ¿qué lo es?

Carrie Filipetti es directora ejecutiva de la Coalición Vandenberg.

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