Los agujeros negros del 11-M (IX)

Por Fernando Múgica (EL MUNDO, 29/11/04):

En la 'célula de Avilés' hay personajes que parecen secundarios pero que han tenido un papel esencial en la trama de la dinamita que ayudó a los presuntos autores de los atentados del 11-M. El más significativo es Carmen María Toro Castro, la esposa de Emilio Suárez Trashorras y hermana de Antonio Toro, los hombres que manejaban todo el trapicheo de drogas, armas y explosivos, que servían a los intereses de la Policía, de la que eran confidentes, y que han sido imputados por el juez Juan del Olmo en los atentados. Carmen Toro era un pieza clave en el enlace telefónico entre la banda de Avilés y los marroquíes radicales que compraron explosivos en Asturias y que presuntamente perpetraron los atentados. Ahora se ha sabido por un informe de la Guardia Civil que, durante la 'operación Pípol' en 2001, ella llevó a Cogollo los explosivos que almacenaban mientras la Policía se conformaba con registrar un garaje en el que encontraron, además de droga, 16 cartuchos de dinamita y detonadores.

AVILES.- Un informe de la Guardia Civil enviado al juez instructor del sumario del 11-M, Juan del Olmo, afirma que la policía no hizo un registro adecuado, en julio de 2001, durante la operación Pípol. De esa forma, permitió que Carmen Toro Castro se llevara el grueso de la dinamita almacenada por la célula de Avilés hasta un hórreo de la localidad de Cogollo. La policía se conformó con seguir las indicaciones de uno de los implicados, Antonio Toro, que les llevó hasta un garaje alquilado por él en Avilés.En su interior encontraron más de 90 kilogramos de hachís, 16 kilos de dinamita y detonadores.

Carmen, una mujer joven, morena, pequeña y algo entrada en carnes, nunca se corta un pelo. Nada ha conseguido amilanarla. Ni siquiera la primera acusación en la que se la vinculaba directamente con la trama de Avilés, la que supuestamente proporcionó la dinamita que se utilizó para perpetrar los atentados del 11-M. Carmen es la hermana de Antonio Toro y la esposa de Emilio Suárez, ambos encarcelados e imputados en relación a la tragedia. A pesar de todo, el juez la puso en libertad.

La mejor prueba del desparpajo con el que se desenvuelve es que cualquiera puede verla, ahora mismo, regentando un café bar, en pleno centro de Avilés. El local está en el número 13 de la avenida de San Agustín. Es pequeño y bastante cutre. Ha pasado por distintos arrendatarios en los últimos años. En el Ayuntamiento consta el último cambio de titularidad efectuado el pasado 18 de noviembre a nombre de Carmen María Toro Castro. El bar se llama ahora Elio, pero Carmen lo llamará, según ha declarado en la Alcaldía, Avenida.

En el mostrador atiende Lucía, una chica vivaracha que enseña el canalillo a los clientes. En la barra formada en ángulo recto, hay unos pocos bocadillos y un grifo viejo de cerveza a presión.En las estanterías, alguna botella, dos pequeñas estatuas de santos y un taco de lotería de Navidad con el número 28.666.

El sitio es muy pequeño. Apenas caben dos mesas cuadradas con sus sillas, una máquina expendedora de tabaco y una gran tragaperras.En el primer piso, al que se accede por una escalera interior, están los servicios y una pequeña sala con grandes ventanales a la calle. No hay cortinas. Todo está a la luz, como si nadie tuviera nada que ocultar. A pesar de ello, muchas noches se ven, en esa primera planta, personas reunidas durante varias horas después de que se haya cerrado la puerta del bar.

UNA MUJER PROTEGIDA

¿Quién protege a Carmen Toro? Nadie entiende que pueda estar libre una persona tan directamente involucrada con los implicados en el 11-M. La Guardia Civil lo vive con auténtica furia.

Todos los cañones mediáticos se han concentrado últimamente en los fallos cometidos por la Benemérita en la investigación de la trama asturiana de la dinamita. En el Cuerpo se está viviendo una auténtica paranoia colectiva. En las comandancias de Gijón y Oviedo se han precintado puertas y son necesarios un montón de papeles firmados para la menor gestión.

La caza de brujas continúa al extremo de que los miembros de la UCO, la Unidad Central Operativa, dedican todos sus esfuerzos a vigilar y controlar a los propios miembros de la Guardia Civil.«Nos hacen seguimientos, tenemos todos pinchados los teléfonos.Las bajas psicológicas han llegado a tal extremo que ha tenido que darse de baja el propio psicólogo, incapaz de canalizar la rabia y la frustración de tantos hombres», dicen.

El coronel Búrdalo, el jefe de la Zona de Asturias, no se fía de nadie. Ha traído gente de otras comandancias para que hagan labores de Policía Judicial. Han llegado de Madrid expertos en explosivos arrinconando a los guardias asturianos. Mientras tanto, continúan las comparecencias en la Fiscalía asturiana que investiga posibles delitos de obstrucción a la justicia cometidos por guardias civiles, en relación con la investigación del 11-M. Por otra parte, la Dirección de la Guardia Civil continúa una férrea investigación interna.

En la Benemérita hay una sensación de indefensión y rabia y esto ha provocado que se decidan a pasar al contraataque. En este contexto, el informe de 14 folios que ha enviado la Guardia Civil de Asturias al juez Del Olmo es demoledor. En él, aceptan las culpas propias y, en este sentido, el general Laguna, antiguo jefe de la Zona asturiana, no sale muy bien parado. Pero lo más llamativo es la acusación de que la Policía que intervino en la llamada operación Pípol, en 2001, miró para otro lado a la hora de hacer los registros que acompañaron a la detención de más de 20 individuos, relacionados con una banda de tráfico de droga que tenía como proveedor a los narcotraficantes gallegos.

En las diligencias de aquella operación, instruidas curiosamente por el inspector Manuel García Rodríguez, quien tenía como confidente a Emilio Suárez Trashorras, consta la relación detallada del alijo que encontraron en un vehículo de un garaje de la calle Eloy Fernández, de Avilés, alquilado por Antonio Toro.

El registro se efectuó a las 15.30 horas del día 25 de julio de 2001 y duró 20 minutos. La Policía Nacional encontró 39 paquetes de hachís, conteniendo cada uno de ellos cuatro pastillas. Otros tres paquetes, de aproximadamente cinco kilos de peso y 25 láminas cada uno, además de una pastilla suelta y otra dividida en dos partes. También se descubrieron, entre otras sustancias, tres kilogramos de cocaína, pastillas y material para cortar la droga.

Pero lo más significativo es que se hallaron explosivos y que, a pesar de ser preceptivo, la Policía no pasó la información a la Guardia Civil, quien tiene encomendada la custodia y vigilancia de ese tipo de material. Concretamente, se hallaron 16 cartuchos de Goma 2 Eco de 26 por 200 milímetros, en un estado de conservación precario, 94 detonadores eléctricos de diferentes calibres, además de dos armas cortas con munición abundante y dos pistolas de fogueo. Los Tedax fueron los que aconsejaron la destrucción de la dinamita -que se llevó a cabo en agosto- por su deterioro.La Guardia Civil tampoco recibió información, como también es preceptivo, de las armas de fuego.

Tanto Lavandero como más tarde Nayo insistieron, en sus reiteradas revelaciones a la Guardia Civil, en que Toro estaba muy contento porque había pactado con la Policía para que sólo requisaran lo que se encontró en el garaje.

Ahora, en el informe reservado remitido por la Guardia Civil al juez Del Olmo y cuyo contenido ha sido revelado a EL MUNDO por fuentes de la propia Guardia Civil, se da un paso más al asegurar que la Policía se conformó con el registro del garaje y se sugiere que miró para otro lado para que Carmen Toro, en compañía de un amigo, se llevara el cuantioso alijo de dinamita que su hermano Antonio Toro y el que llegaría a ser su marido, Emilio Suárez Trashorras, habían almacenado, en otro lugar, para su venta. No se debe olvidar que ambos eran confidentes de la Policía y que seguirían siéndolo hasta después del 11-M.

SE LLEVA LA DINAMITA

La Benemérita explica al juez que Carmen y su amigo trasladaron el grueso de la dinamita hasta un hórreo situado en la localidad de Cogollo, entre Avilés y Grao. La pelota pasa así al tejado de la Policía Nacional, que hasta ahora ha sabido mantenerse al margen de la vorágine surgida a raíz de la aparición de una cinta magnetofónica, grabada en el verano de 2001, en la que Lavandero advertía a un agente de Información de la Guardia Civil, Angel Campillo, de que la llamada célula de Avilés vendía gran cantidad de explosivos y quería contactar con alguien que supiera fabricar bombas activadas por teléfonos móviles.

La detención de Carmen Toro a raíz del 11-M y su paso por la Comandancia de Madrid no dio, en su momento, muchos frutos. Carmen se limitó a llorar durante todo el interrogatorio sin aportar ningún dato. Alegó que no sabía nada y que las llamadas comprometidas a miembros de la célula marroquí y al inspector de la Policía de Avilés, Manuel García Rodríguez, Manolón, las había hecho su esposo desde su teléfono. No se debe olvidar que fue la Guardia Civil quien advirtió en un informe de que en el domicilio de Carmen Toro se habían encontrado varios números de teléfono de Madrid que correspondían a agentes de Información de la Policía.Uno de estos números estaba al lado del apellido Manzano, que curiosamente coincidía con el apellido del Jefe del servicio de los Tedax.

El juez Del Olmo la puso en libertad a pesar del duro informe que redactaron en su día los investigadores de la Guardia Civil, dentro de la llamada operación Páramo, encomendada por el propio juez para aclarar la procedencia de los explosivos utilizados en el 11-M. Los párrafos textuales de ese informe no dejan lugar a dudas:

«Actual esposa de Emilio Suárez Trashorras y hermana de Antonio Toro Castro. Usuaria del teléfono 656526727. Ha mantenido al menos dos reuniones en Madrid, una junto a Antonio Toro y otra junto a Emilio Suárez, con Jamal Ahmidan, Mohamed Oulad Akcha y otros. En la última, llevada a cabo el día 26.02.04, junto a Emilio Suárez, pudo haberse desplazado a la casa de campo que Jamal Ahmidan poseía en la localidad de Morata de Tajuña y donde, presuntamente, se fabricaron los artefactos explosivos utilizados en los atentados del 11-M».

«Por la cadencia de llamadas realizadas desde el teléfono antes reseñado a los de Emilio Suárez, así como por la frecuencia de las mismas, se puede determinar que cada uno de ellos es usuario exclusivo de sus respectivos teléfonos, descartándose que el de Carmen fuera indistintamente utilizado por Emilio Suárez».

«Teniendo en cuenta lo anterior, Carmen Toro ha mantenido -además de las reuniones mencionadas- contactos directos a través de su teléfono con Ahmidan, Javier González Díaz el Dinamita, Antonio Toro, con el usuario del 619535764 y con el usuario del teléfono 649436246, cuyo titular es Manuel García Rodríguez -el policía de la comisaría de Avilés que controlaba como confidentes a Emilio Suárez y Antonio Toro-, entre otros de importancia».

«Su papel dentro del entramado investigado ha sido activo e imprescindible, facilitando la comunicación entre los restantes miembros de la red, posibilitando de esta manera que los terroristas pudieran obtener los explosivos necesarios para perpetrar los atentados».

Las llamadas de teléfono de Carmen Toro están perfectamente acreditadas ante el juez. En concreto, y en los días anteriores al 11-M, llamó a las 15.33 horas y durante 50 segundos, el 27 de febrero, al policía Manuel García. También llamó a un número implicado en la trama y del que aún no se conoce su propietario, dos minutos más tarde. Carmen Toro llamó a Jamal Ahmidan, al número 665040605, los días 22, 26 y 29 de enero de 2004. Por la duración de esas llamadas, tan sólo 22, 54 y 24 segundos, parece que sólo necesitaba dar o recibir alguna consigna. La llamada más larga de Carmen a Jamal Ahmidan, 140 segundos, la hace a las 20.55 horas del 4 de febrero de 2004.

NUEVAS ACUSACIONES

El confidente de la Guardia Civil Rafa Zouhier concretó hace pocos días una grave acusación contra Carmen Toro. Aseguró en un manuscrito, sustentado luego por una declaración suya ante el juez que lleva en Asturias las diligencias del juicio por la operación Pípol, que Carmen había participado en un plan para asesinar al confidente Lavandero. Según Zouhier, Emilio Suárez, su mujer Carmen Toro y su cuñado, Antonio Toro, le habrían encargado buscar a alguien en Madrid para que liquidara al confidente por chivato.

Carmen Toro ha logrado pasar hasta ahora de puntillas por todas las acusaciones. Se siente protegida por la Policía y no es difícil ver a algunos miembros de la comisaría de Avilés en su local de vinos. Su madre, una señora pequeña, rubia y regordeta, es precisamente quien se encarga de espantar a los pocos periodistas que se han atrevido a asomarse por su bar. Los saca entre gritos como: «Largaos de aquí. Dejad en paz a mis hijos. Sólo sois carroña».

La pugna entre la Policía y la Guardia Civil ha llegado en Asturias a su nivel más elevado con estas graves acusaciones que ahora salen a la luz. «Es inconcebible», han dicho distintos guardias civiles a este periódico, «que los policías se vayan a ir de rositas cuando están metidos hasta el cuello. Eran sus confidentes y ahora parece que no tienen nada que ver con el asunto».

Las acusaciones se concretan cuando se habla de la comisaría de Avilés. «Alguien debiera de investigar en serio el grado de corrupción de algunos policías. Es increíble que uno acuda a locales de alterne asturianos y se encuentre de porteros a policías en activo. ¿Por qué no revisa alguien el tráfico de coches de segunda mano en esta zona? Yo se lo diré. Porque esos coches se han distribuido entre otros a mandos, policías, fiscales y diputados».

«Yo le aseguro una cosa. Usted investiga lo del 11-M y es una tarea peligrosa. Pero si usted intenta averiguar algo sobre estas mafias relacionadas con la prostitución, la droga o la venta de coches de lujo, acabará flotando en el canal de Avilés. ¿Acaso cree usted que es una casualidad que Emilio Suárez Trashorras participara en una red de tráfico de vehículos de lujo hacia Africa? Aquí no se ha preguntado nadie aún por qué desde Ceuta llegaron denuncias en este sentido contra Emilio. Eran coches robados, pero Emilio siguió en libertad y pudo participar en la trama del 11-M con total impunidad».

Este tema lo avalan al menos cinco fuentes diferentes, pero ninguna de ellas se atreve a hacer público su nombre. «Esto no es una cuestión de partidos políticos. Si el ministro del Interior quiere sanear esta comunidad lo tiene muy sencillo. Que abra una investigación seria e independiente y encontrará las claves de estas mafias que al final siempre están involucradas con personas que presuntamente participaron en el 11-M. Claro está, que debe ser caiga quien caiga, sin exclusiones».

Se da la circunstancia de que la Policía y la Guardia Civil escenificaron su desencuentro a la hora de llevarse de la prisión de Villabona a Beresmail, el preso integrista argelino al que, tras un registro ordenado por el juez Garzón, se le encontró en su bolsillo un papel con la dirección de dos sanguinarios etarras, Henri Parot y Harriet Iragi, que cumplen condena en Córdoba, después de haber sido condenados a 3.000 años de cárcel.

LA NARIZ ROTA

La Policía quiso trasladar el preso a Madrid en la tarde del miércoles 20 de octubre. Ya estaba metido en un furgón cuando el propio subdirector de Operaciones de la Guardia Civil llamó desde su despacho de Madrid a Villabona para comunicar, en los términos más enérgicos, que el traslado de presos está encomendado a la Guardia Civil.

La Policía tuvo que ceder y sacar de nuevo del furgón al preso.Fue entonces cuando Beresmail aprovechó la confusión para arrear un impresionante cabezazo a uno de los policías que lo custodiaban, al que rompió la nariz. Al día siguiente, la Guardia Civil procedió al traslado del preso a Madrid.

Mandos de la Guardia Civil están convencidos de que parte de lo que está sucediendo es una campaña destinada a facilitar ante la opinión pública la desaparición de la Guardia Civil y la unificación de los cuerpos policiales. Es algo que ya se intentó hace 12 años.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha dado una orden tajante por la que ningún miembro de la Guardia Civil, incluido el director general, puede hacer la más mínima declaración a la prensa. Los mandos consideran que esto supone un auténtico estado de indefensión ante la avalancha de críticas.

En este clima enrarecido, con luchas enconadas entre distintos cuerpos de seguridad y ocultación de datos claves, ¿como es posible investigar nada de una forma seria, eficaz y objetiva?