Por José Ramón Recalde, ex consejero socialista del Gobierno vasco (EL PAIS, 12/11/03):
Mi oposición al plan Ibarretxe se sostiene en tres tipos de argumentos que son tres denuncias: la del principio de legitimidad que alega el lehendakari, la del procedimiento jurídico que anuncia para su establecimiento y la de la corrección política de sus objetivos. Las tres tienen una importancia fundamental para el asentamiento de la democracia: quién propone, y en nombre de quién; cómo se cumplen, o se incumplen, las reglas del sistema jurídico, y cómo se realiza, o no, el bien común. La falsa legitimidad de los "albores de la historia", el incumplimiento de las reglas de juego que, desde el sistema constitucional-estatutario, nos habíamos establecido, y el atentado grave que supone contra la convivencia en España y en Euskadi son, así, mis argumentos fundamentales contra el plan. Por razones prácticas, derivadas del género literario utilizado -artículo en la prensa-, limitaré el tema, por ahora, al primero de esos argumentos: la denuncia del principio de legitimidad en que el plan se sostiene, que es su apelación a los "albores de la historia".
La ideología del nacionalismo tiene algo de prestidigitación. No es la menor audacia la de inventarse una legitimidad apelando a argumentos que se refieren, para justificar unas pretensiones actuales, a derechos que pretendidamente derivan de una identidad "desde los albores de la historia".
Se nos dice así (en adelante, las comillas corresponden al texto de la presentación de la propuesta del lehendakari en el mes de septiembre, que es en donde se sostiene esta legitimidad; los paréntesis son míos):
"El pueblo vasco existe como pueblo, con una identidad propia, desde los albores de la historia. Por todo ello... reivindica el derecho a decidir propio futuro". Este derecho, derivado de una identidad desde los albores de la historia, es, sin embargo, "un derecho democrático irrenunciable".
Dos golpes de varita en la chistera: primero, deduce que un derecho democrático, esto es, una ideología política y jurídica que comienza a afirmarse a finales del siglo XVIII y, en España, en el siglo XIX, procede desde los albores de la historia; segundo, aparece el truco de sustituir la tercera persona del singular por la primera del plural: en lugar de decir que, desde los albores de la historia, ese pueblo reivindica su propio futuro, dice que "reivindicamos el derecho a decidir nuestro propio futuro. ¿Quiénes?
Está claro: aquellos que se colocan en nombre de todo el pueblo vasco. Si alguien, yo, por ejemplo, niega que se esté tratando de "un derecho democrático irrenunciable", está negando, al tiempo que el derecho de los albores de la historia, la identidad como pueblo; "y después, una vez superada la evidencia" (o sea, que yo no sólo pienso mal, sino que niego hasta lo evidente), también seré uno de aquellos que "tendrá que seguir negando la democracia para seguir negándonos el derecho a decidir nuestro propio futuro".
Pero el gran golpe en la chistera ha sido dado antes, en la parte hasta ahora suprimida por mí, por razones de método, en el texto del lehendakari. El texto completo decía: "Por todo ello, y como integrantes del Pueblo Vasco, los ciudadanos y ciudadanas de los Territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que conformamos la actual Comunidad de Euskadi, reivindicamos el derecho a decidir nuestro propio futuro".
¡Acabáramos! ¡Ése era el misterio de la chistera!
Quien reivindica no es el pueblo vasco de los albores de la historia, ni tampoco todos los integrantes, hoy, del pueblo vasco, pues ello debería incluir a "los ciudadanos y ciudadanas... de la Comunidad Foral de Navarra y a los de Iparralde (País Vasco francés) como integrantes también del pueblo vasco". Quien reivindica es el Gobierno de sólo una parte política y administrativa del Estado español de las autonomías, parte que se sostiene y define en la Constitución y en el Estatuto de autonomía, porque, si no, no existiría como unidad sujeto de derechos. Existirían Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, pero el conjunto de las tres, las provincias vascongadas, no tendría entidad institucional, jurídica o política. Si son algo más, lo son por la Constitución y por el Estatuto.
El lehendakari pretende, por el contrario, que una parte del pueblo vasco (el de la comunidad autónoma) actúe en nombre del todo, ejerciendo la legitimidad de "los albores"; algo que, por coherencia lógica, no correspondería nunca a una parte, sino a la totalidad. Porque, si una parte se puede atribuir el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, ¿por qué ese derecho no puede ser ejercido, en nombre de todo el pueblo vasco, mediante la expresión de la voluntad de cualquier otra parte, sea Álava, Navarra o el País Vasco francés?
La actuación vicaria, el sentirse mantenedor de los intereses de todos, se puede entender, que no justificar, todavía desde una ideología, pero nunca desde una institución. El nacionalismo vasco puede así pensar que es el salvador del pueblo vasco, por encima de lo que los vascos vayan diciendo a lo largo del tiempo y a lo ancho del espacio. Pero eso no le da título para decidir por otros. No le valen los argumentos que pretenden extender su opinión, como si fueran expresión democrática, a otras partes del pueblo vasco al que desde ningún punto de vista representan.
Como no podía ser de otro modo, en el plan Ibarretxe no se piensa forzar la voluntad de los navarros y de los vasco-franceses, aunque se habla por ellos. Pero no es de eso de lo que se trata; se trata de que el derecho que, desde la legitimidad alegada, habría de ser ejercitado por todo el pueblo, como unidad, se usurpa al ser ejercitado por sólo una parte.
Queda un residuo de argumentación: el lehendakari ejerce, en nombre del pueblo vasco, el derecho a la autodeterminación no por representación del pueblo vasco de los albores, sino por algo mucho más utilitario, porque, al amparo de la Constitución y del Estatuto, ha encontrado una fracción de ese pueblo de los albores en la que espera encontrar un campo más cómodo para denunciar el pacto autonómico.
Si ejercemos un derecho a modificar los sistemas jurídico y democrático español y francés, navarro y autónomo vasco, no nos vale hacerlo en nombre de la parte (la comunidad autónoma), aplazando para después la adhesión del todo (Navarra y País Vasco francés). Por el contrario, esta reivindicación parcial, para poder ejercer la pretensión en nombre del todo, debería resolver previamente su posible discrepancia antes de usurpar el ejercicio de la voluntad política de los demás, que viven tan ricamente autodeterminándose como miembros de la sociedad española o francesa. Si no cuentas con ellos, no hables en nombre de ellos, porque, en ese caso, no estás definido ni siquiera como pueblo de los albores.