Los antecedentes de la Lomce

«El hecho de que el contenido del anteproyecto pueda estimarse ajustado a Derecho no puede, sin embargo, obviar que este Consejo de Estado estime que, dada la ausencia de consenso respecto a su contenido, pueda llegar a ser simplemente uno más de los muchos que se elaboran cada vez que se produce alternancia de poder, en una cuestión tan esencial como lo es la organización del sistema educativo».

No busquen este texto en el prolijo informe remitido por el Consejo de Estado acerca de la Lomce, sino en la breve exposición con la que ese organismo evaluaba en 2005, no sólo los aspectos jurídicos de la LOE sino la pertinencia de haber derogado una ley –la Loce– que no había llegado a entrar en vigor. Dieciocho folios en los que el desconcierto de los consejeros se hace patente en numerosas ocasiones, para concluir con la sospecha de que lo único que parecía justificar la sustitución de una ley por otra era aparentar la imposición de un nuevo modelo en el que, lo más significativo era la implantación de la asignatura Educación para la ciudadanía.

Me dirán que no es la LOE la que ha iniciado su trámite parlamentario, ni tampoco la que ha provocado la huelga y las manifestaciones recientes. Sin embargo, a menudo analizamos las noticias como si lo que ocurre careciese de antecedentes. Y así, se habla a la ligera de una ley redactada sin consenso y se tacha de frívolo a quien la impulsa, porque la Educación no debería estar al albur de cada cambio de gobierno.

Pero déjenme decirles que algunos cambios en Educación están justificados, aunque no todos nacen con la voluntad de mejorar lo que es obvio que no funciona. Como deja entrever el informe aludido y establece de manera patente su propio articulado, la LOE se aprobó para marcar distancias con una ley cuyo único pecado era haber sido propuesta por el Partido Popular. En ningún momento se justificó el cambio de normativa, por la necesidad de mejorar los penosos resultados a los que los sistemas educativos anteriores nos habían llevado. En eso el PSOE fue honesto: no podía explicar la derogación de la ley del PP a partir de sus logros, porque la había matado antes de nacer y justificar la nueva modificación por el fracaso de las leyes anteriores era reconocer su propio fracaso porque todas ellas habían sido elaboradas por el PSOE. Una vez más se ponía en evidencia que el único motivo para no dar siquiera una oportunidad a la LOE era que el PP carecía de legitimidad para legislar en un ámbito que junto con la cultura la izquierda considera de su propiedad.

Por eso, resulta escandaloso que hablen de consenso quienes jamás lo han practicado y también aquellas organizaciones que permanecieron mudas ante el súbito e injustificado cambio normativo de 2005. Las mismas que presumen razones ideológicas en una ley básicamente técnica, y, sin embargo, aplaudieron la implantación de una asignatura que imponía de los tres a los 18 años lo que de hecho era una verdadera «moral de Estado» evaluable. Esos mismos que, rechazando el paralelismo de esa asignatura con otra ciertamente similar de la educación franquista, utilizan este apelativo para calificar a la Lomce por el mero hecho de establecer evaluaciones externas, obviando que es práctica común en los países de nuestro entorno y que así lo recomendó la OCDE.

Se habla de los recortes de la Lomce y de que busca perjudicar a la escuela pública, y se olvida que son las comunidades autónomas quienes disponen del presupuesto de Educación, y a las que compete establecer la oferta educativa.

Sonroja ver cómo flexibilizar las trayectorias formativas para que nadie quede fuera del sistema se muestra como un intento de segregar a los alumnos según sus capacidades. E indigna que dignificar la Formación Profesional, se convierta, en manos de los demagogos de izquierdas, en la pretensión de formar mano de obra barata.

El mensaje ha calado porque es más efectiva una pancarta que todas las explicaciones que puedan darse en sede parlamentaria. Sin embargo, para quien quiera verlo, no hay más que lo que recoge el texto: una ley que busca solucionar una situación dramática ante la que, salvo la algarada callejera, la huelga y la soflama, no se ha ofrecido alternativa alguna.

Gari Durán es senadora del PP por Baleares.

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