Nuestra democracia ha sufrido en sus escasos 42 años de vida varias acometidas que la han hecho peligrar. Recordemos algunas: dos golpes de estado, en 1981 por unos militares franquistas y en 2017 por unos políticos disfrazados de demócratas; un salvaje terrorismo etarra secesionista; una no menos perturbadora réplica de terrorismo de estado, el GAL; una corrupción rampante en todos los partidos que han tenido funciones de gobierno, el PSOE, el PP, CiU…; la infiltración de la discordia ciudadana con una nefasta ley llamada de memoria histórica que produjo el efecto derogatorio de las amnistías reconciliadoras de la Transición; una brutal crisis económica no atajada a tiempo en la que fermentó un populismo colgado de un rancio y fracasado comunismo, que llegó una década después al Gobierno de la nación; una imprevista abdicación del Rey que alumbró la democracia, Juan Carlos I, envuelto luego en sofocantes indicios y recriminaciones que han servido a un escrache político y mediático culminado ahora con su salida de España.
Falta añadir que este último embate ha contado y se ha beneficiado de un presidente del Gobierno en actitud de aparente protección a la institución monárquica pero con evidente falta de entusiasmo. Pedro Sánchez se organizó el martes 4 otra comparecencia a la hora del telediario para, dijo, hacer balance y solo abordó el episodio del Rey Emérito, principal motivo de interés y preocupación de España, a preguntas de los periodistas. No citó una sola vez el nombre de Felipe VI ni el término Rey, sustituidos por Casa Real y jefe del Estado, como si le interesara obviarlos, y solo aludió a la “Monarquía parlamentaria” al final de su perorata como contenido del pacto constitucional que dijo respetar. Todo ello al tiempo que evitaba replicar a su vicepresidente, con el que dijo sentirse cómodo, a pesar de haber acusado sin fundamento a Juan Carlos de “huir” de España. Solo al día siguiente encomendó a la vicepresidenta Calvo aclararle que nadie puede huir si no está perseguido, y contra el Emérito no hay causa judicial abierta.
Sánchez no demuestra ser un firme dique protector de la Monarquía, que es su deber como presidente constitucional. Y eso es un mal asunto cuando Felipe VI ha perdido el resguardo efectivo que ejercía su padre como pararrayos de los antimonárquicos. El Rey está ahora solo ante un peligro que no se apresta el Gobierno a despejar con energía y que alimentan cada día con más aversión los enemigos de la democracia. Hablemos claro: esta es la arremetida que sufre ahora la democracia española de manos hostiles. Dicho de otra manera: quienes buscan tumbar al Rey son los antidemócratas de corazón. que aspiran a implantar en España un sistema en las antípodas de la democracia, o de oficio, que violan la ley democrática, signo evidente de su extravío.
El ataque actual a la Corona en España no es producto de un deseo republicano basado en la eficacia de los sistemas
La parte más numerosa de los antimonárquicos está formada por Unidas Podemos y los grupos a su alrededor, el PCE, Más País, adheridos formal o ideológicamente a Pablo Iglesias y su bolivarismo/comunismo, en cuyo ámbito confluyen Bildu, que desciende de ETA, la CUP catalana, el BNG y otros grupos regionales y extraparlamentarios. Su modelo no es la democracia de los derechos humanos, la libertad de partidos y de sindicatos, la libertad de expresión, de elección y de movimientos, y la ausencia de todo poder arbitrario, sino la llamada democracia popular que siempre deriva en tiranía. Junto a ellos, en la coalición antidemocrática hay que situar a los partidos burgueses catalanes, JxCat, heredero de CiU y predecesor de otras denominaciones oportunistas, y ERC, que violaron la Constitución y siguen dispuestos a transgredirla hasta romper España para que, dicen ellos, resplandezca Cataluña y en realidad muera la democracia: Friedrich Hayek advierte de que, donde las instituciones no se han visto limitadas por el respeto a la ley, han evolucionado siempre hacia soluciones “totalitarias” que acaban degenerando en algún tipo de “dictadura plebiscitaria”.
Estos grupos no son mayoría, ocupan una quinta parte del Parlamento, pero tienen acceso al Gobierno, que casi todos ellos apoyaron, lo que ayuda a su política de agitación y propaganda. Si son enemigos de la democracia es porque ellos quieren, no por un error de clasificación. Nunca está de más insistir en que democracia significa libertad individual, respeto a la ley consensuada y limitación del poder. El sistema que mutila la libertad e impone la ley de una minoría pueden titularlo como quieran pero no tiene que ver con la democracia. Franco se inventó una democracia que llamaba orgánica, que en el adjetivo llevaba su derogación. Parecido ocurre con la que la extrema izquierda denomina democracia popular, términos que en la práctica se anulan. Ahí está la historia y la realidad de hoy en varios países para demostrarlo.
El ataque actual a la Corona en España no es producto de un deseo republicano basado en la eficacia de los sistemas. Es el intento de torcer el curso de la historia para desembocar en un régimen controlador de las voluntades, en el que la libertad sea la primera víctima que abra la sepultura de todas las demás. Lo llaman república para ocultar su verdadero nombre: dictadura. La república puede ser una democracia, como lo es la Monarquía española, una democracia contenida en la Constitución de 1978. Ese modelo de república democrática es el de republicanos sinceros como hay en el mundo y también en España. Pero no lo es de quienes se declaran bolivarianos, comunistas, admiradores de Lenin, antiimperialistas, populistas y otras hierbas que unas veces los retratan y otras veces ocultan sus verdaderas intenciones. Quieren acabar con la institución monárquica porque es lo que impide su quimera y, desde la Constitución, lo que protege la libertad y la seguridad de los españoles.
Justino Sinova es periodista y profesor emérito extraordinario de la Universidad CEU San Pablo.