Tiene derecho el presidente de Estados Unidos a asesinar, preventivamente y en territorios extranjeros, a supuestos terroristas sin ajustarse a ningún procedimiento legal? Desde que en el 2004 Washington comenzó una campaña secreta para eliminar a líderes de los talibanes y Al Qaeda en Pakistán la práctica de usar aviones no tripulados (o drones) se ha convertido en forma habitual de guerra que no rinde cuentas a nadie. Todo se decide en secreto, sin dar cuentas al Congreso ni a la sociedad.
Obama denunció en su primera campaña electoral los métodos ilegales que el presidente Bush utilizaba en la guerra contra el terrorismo, entre otros la tortura, el traslado internacional de prisioneros, violar la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de prisioneros, la detención indefinida sin respetar procedimientos legales y establecer centros de detención con bajo jurisdicción militar (como la cárcel de Guantánamo). Pero poco después de asumir la presidencia, Obama ordenó proseguir con la campaña de eliminación selectiva de líderes terroristas.
Un artículo publicado el 21 de noviembre pasado en The New York Times subrayó que desde el 2009 la CIA ha asesinado a 2.500 personas (más de un centenar de civiles inocentes) en 300 ataques con aviones no tripulados. La mayor parte de las operaciones fueron llevadas a cabo en Pakistán, en segundo lugar en Afganistán y en menor medida en Yemen y Somalia. Según el Bureau of Investigative Journalism los drones han matado a 3.247 personas (de ellas 852 civiles) en estos tres países.
El presidente explicó durante su reciente campaña electoral que el uso de los drones ha servido para prevenir ataques terroristas contra EE.UU. Y dio pasos para legitimar estos asesinatos al decir que “crear las estructuras legales, los procesos, con controles sobre cómo usar armas no manejadas por personas va a ser un desafío para mí y mis sucesores”. Los asesores de Obama explican que los blancos se seleccionan con gran cuidado, se usa alta tecnología para no impactar sobre civiles inocentes, y que el presidente decide personalmente a quién matar. Esta afirmación electoralista, orientada a mostrar la capacidad de mando de Obama, abre varios interrogantes legales. Un país tiene derecho a defenderse de un ataque inminente, pero es difícil probar que un grupo de hombres, en muchos casos de los que no se conoce la identidad, en un poblado de Pakistán, son supuestos terroristas que amenazan a Estados Unidos.
Obama se arroga el derecho a decidir por encima de la justicia de su país y del que recibe el ataque, y reniega del principio jurídico que todo ciudadano es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. De hecho, la V Enmienda de la Constitución establece que los ciudadanos estadounidense deben ser acusados y procesados debidamente para probar su inocencia o culpabilidad. Además, una orden ejecutiva del presidente Ford, en 1976, prohibió el asesinato político. En realidad, los drones se han convertido en un sustituto de Guantánamo. Bush encarcelaba preventivamente; Obama se ahorra el problema de juicios engorrosos y dilemas judiciales matando a los sospechosos.
Por ejemplo, el 30 de septiembre del 2011 el ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki fue asesinado por un drone en Yemen. La explicación del fiscal general, Eric Holder, fue que el presidente y su equipo concluyeron que al-Awlaki era un peligro para EE.UU., que su captura era imposible, y que la operación se llevaría a cabo según los principios de las leyes de la guerra. Pero dado el secretismo que rodea las operaciones, no se sabe en qué datos se basan para desechar la posibilidad de una detención o si realmente, aparte de sus prédicas incendiarias por YouTube, planificaba un ataque terrorista. The New York Times y la oenegé American Civil Liberties Union han litigado, hasta ahora infructuosamente, contra el Estado para que se hagan públicos las opiniones legales en las que la Casa Blanca dice ampararse.
Obama está perfeccionando la guerra contra el terror que inició Bush y se ahorra la impopularidad de las bajas en combate al no poner fuerzas propias en peligro. Pero los ataques son arbitrarios, causan víctimas civiles y violan los principios del Derecho Internacional Humanitario para la protección de civiles. El uso de aviones no tripulados para operaciones de castigo sin juicio plantea, además, un problema futuro. Alrededor de 40 países trabajan en desarrollar la tecnología para disponer de drones, sin contar los que se pueden comprar, capturar o robar. Cada vez que un drone impacta en Pakistán, muchas personas sueñan con el momento en que podrán hacer lo mismo apuntando hacia Estados Unidos.
Mariano Aguirre, director del Norwegian Peacebuilding Resource Centre, en Oslo.