Los brotes verdes de la solidaridad por el COVID

Los brotes verdes de la solidaridad por el COVID
Cyrille Bah/Anadolu Agency via Getty Images

En una carta reciente a sus colegas del G20, la Secretaria del Tesoro de EE.UU.  Janet Yellen señaló que un programa de vacunación contra el COVID-19 verdaderamente global “es el estímulo más potente que podemos dar a la economía global”. El mundo parece muy alejado de esa meta, con los países ricos vacunando a sus habitantes mientras los países de bajos ingresos todavía están por recibir incluso las dosis de vacunas ya pagadas. Sin embargo, los primeros brotes de solidaridad están comenzando a aparecer, y los líderes deben fortalecer la cooperación para nutrirlos.

Un enfoque así es esencial, porque para reabrir la economía global es necesario contener el virus en todas partes. Un estudio reciente estima que, incluso si las economías avanzadas alcanzaran niveles óptimos de vacunación para mediados de 2021, igualmente sufrirían pérdidas económicas de hasta $4,5 billones este año si los programas de vacunación de los países en desarrollo siguen estando a la zaga. Las que arriesgarían más serían las economías abiertas como los estados miembros de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, y las pérdidas en sectores como la construcción, la industria textil, el comercio minorista y los automóviles podrían superar el 5%.

La distribución de vacunas sin coordinación plantea además graves riesgos de salud. Dejar a los países más pobres y necesitados fuera de la cadena de suministro ha causado las muertes de numerosos trabajadores sanitarios y personal de enfermería de primera línea, que se necesitan desesperadamente. Cuando Guinea declaró un brote de Ébola en febrero, el mundo confió en los trabajadores sanitarios del propio país para desplegar una campaña de contención y vacunación. Sin esos trabajadores, el mundo es más vulnerable a futuras pandemias: por ejemplo, en 2014 un solo caso de Ébola en EE.UU. causó pánico nacional cuando se propagó al personal sanitario que trataba al paciente.

Pero está siendo difícil asegurar una campaña global de vacunación rápida. La Implementación del Acceso Global para la Vacuna contra el COVID-19 (COVAX), creado por tres agencias sanitarias internacionales para acelerar la producción y distribución de vacunas, necesita más dinero. De lo contrario, los países más pobres se verán obligados a desviar escasos recursos presupuestarios o enlentecer sus programas de vacunación contra otras enfermedades como la polio, el sarampión y la meningitis.

También se necesitan más fondos para el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19, que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos colaboradores han creado para desarrollar exámenes, tratamientos y vacunas para luchar contra la enfermedad. Según una estimación, si EE.UU. contribuye $10 mil millones a esta iniciativa, podría salvaguardar hasta $1,34 billones en producción nacional, dando a este país un retorno de más de cien veces sobre su inversión. La carta de Yellen al G20 reconoce esta lógica, y el grupo acordó el 26 de febrero que garantizar un acceso equitativo a las vacunas, diagnóstico y tratamientos contra el COVID-19 a todos los países “es una alta prioridad”.

Pero el dinero no es el obstáculo más inmediato. Los países africanos que han pedido préstamos para adquirir vacunas han descubierto que ya no quedan dosis a la venta. Aunque el COVAX ha logrado concluir algunos acuerdos para países en desarrollo, para el 1 de marzo había entregado solo unos cuantos cientos de miles de dosis a Ghana y Costa de Marfil. Un primer envío llegó a Nigeria en 2 de marzo. Y Guinea ha administrado un total de 55 dosis a la fecha.

Algunos culpan a las protecciones de la propiedad intelectual (PI) por la falta de acceso a la vacuna de los países en desarrollo. A fines de 2020, India y Sudáfrica, junto con algunas ONG, hicieron un llamado a la Organización Mundial del Comercio para que invalidara las normas de PI vigentes relacionadas con la COVID-19, pero la UE, el Reino Unido y EE.UU. se opusieron a la idea. Los gobiernos debatirán el asunto en la Organización Mundial del Comercio a principios de marzo.

Pero las patentes no son (todavía) el problema. La farmacéutica estadounidense Moderna, que ha desarrollado una vacuna aprobada contra la COVID-19, ha señalado que, mientras siga la pandemia, no hará cumplir los derechos de sus patentes relacionadas con el coronavirus contra otras entidades que produzcan vacunas para combatirlo. Y AstraZeneca dice que “mientras dure la pandemia del coronavirus” funcionará “solo cubriendo los costes de producción y distribución”.

Sin embargo, pronto se hará necesario examinar estas disposiciones de corto plazo. Bien puede ser que el régimen de licencias voluntarias preferido por el Reino Unido y otros países ricos sea inadecuado. Como mínimo, las autoridades deberían considerar las licencias no exclusivas y la transferencia de tecnologías, como ha propuesto John-Arne Rottingen, que encabeza el Ensayo de Solidaridad de la OMS sobre tratamientos para el COVID-19.

Todavía hay dos obstáculos inmediatos. Primero, existen retos para acelerar la producción. Cada vacuna es diferente y depende de procesos biológicos y químicos de eficacia variable cuya escala a veces es difícil de aumentar. Y la producción de la vacuna exige altos niveles de supervisión y control de calidad. De todos modos, estos problemas irán cediendo a medida que mejore la fabricación y se unan al flujo más vacunas, como la recién aprobada de Johnson & Johnson.

El otro gran problema es el nacionalismo de las vacunas. Los países adinerados han acumulado más dosis de la vacuna contra el COVID-19 que las que necesitan, y otros gobiernos compiten por demostrar que están adquiriendo insumos adecuados para sus propios ciudadanos.

Dos centros de investigación brasileños habían planeado producir millones de dosis de las vacunas AstraZeneca-Oxford y la china Sinovac, pero se han visto complicados por demoras sin explicaciones de envíos de ingredientes esenciales desde China. Y el Instituto Serum de India, el mayor fabricante mundial de vacunas, apuntaba a hacer que más de 300 millones de dosis estuvieran disponibles para 145 países a través del COVAX en el primer semestre de 2021, antes de que el gobierno indio le ordenara priorizar la demanda local.

Con todo, están surgiendo algunas señales alentadoras de solidaridad en torno a la vacuna. China, Rusia e India han llegado a acuerdos sobre la vacuna o se los han ofrecido a cuarenta y siete países, así como a la Unión Africana, que tiene 55 estados miembros. India ya ha enviado cerca de 6,8 millones de dosis gratuitas a todo el mundo. China ha prometido cerca de 3,9 millones dosis e Israel ofrece 100.000.

El Primer Ministro británico Boris Johnson se comprometió a donar la mayoría de los excedentes de dosis de su país a países más pobres. Algunos otros líderes del G7, como el Presidente francés Emmanuel Macron, han hecho promesas similares, aunque el gobierno estadounidense ha declinado hacerlo por ahora.

Es necesario que los gobiernos de los países ricos cumplan sus promesas de solidaridad. Deben donar dosis de vacunas inmediatamente para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea en los países vulnerables. Tienen que aportar más a las iniciativas ACT y COVAX para garantizar un despliegue genuinamente global. Y deben colaborar con sus propias empresas farmacéuticas para llegar a acuerdos más transparentes con licencias no exclusivas. Solo con este nivel de solidaridad se podrá reanudar el crecimiento global.

Ngaire Woods is Dean of the Blavatnik School of Government at the University of Oxford. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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