Los celos de sus señorías

El conflicto de competencias -la expresión técnicamente correcta es «cuestión de competencia»- suscitado entre los jueces Javier Gómez Bermúdez y Pablo Ruz, a raíz del requerimiento de inhibición que el primero hizo al segundo para que éste dejase de conocer y, por tanto, le remitiese las actuaciones seguidas a propósito de unos documentos denominados papeles de Bárcenas y que, según cuentan algunos, entre los que no faltan leguleyos y zurupetos, se refieren a una contabilidad B del Partido Popular, que sin duda para el ciudadano ha constituido una gran sorpresa e incluso le ha producido estupor. Mas, aparte de que el suceso pueda resultar llamativo y preocupante, si pensamos en el planteamiento, nudo y desenlace, entonces la conclusión resulta distinta, pues se juntan todas las condiciones capaces de explicar el por qué la Audiencia Nacional, en el ámbito penal, es diferente, pese a los vanos esfuerzos de muchos, jueces y no jueces, para que deje de serlo alguna vez.

Antes de continuar, con la finalidad de que el lector no tenga dudas, advierto que de las siete acepciones que el diccionario de la Real Academia Española asigna a la palabra «celo», me quedo con la segunda; a saber: «interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona». Y aunque sea innecesario declararlo, vaya también por delante que siento por los miembros de la Audiencia Nacional gran consideración y mayor aún es mi aprecio. Como Federico Jiménez Losantos dijo en estas mismas páginas el pasado viernes, «en la Audiencia Nacional están algunos de los mejores jueces y fiscales de España». Por tanto, aceptando riesgos no queridos y con la inquietud y el respeto como únicos móviles, me permito hacer este comentario.

De «esperpento» calificaba EL MUNDO la «maniobra del juez Bermúdez para quitar a Ruz el caso Bárcenas» y de igual forma ese mismo día lo hacían otros diarios -ejemplo, el editorial de Abc de 22/03/2013- al señalar que así era como la opinión pública percibía «la intromisión del juez en el asunto». No sé si el esperpento es propio de Valle Inclán o de quien guste, pero lo que sí es seguro es que la iniciativa es extraña y atípica. Salvo error u omisión, no hay en los anales de la Audiencia Nacional un precedente como el establecido por el juez Gómez Bermúdez de exigir la abstención de su colega. Hasta en la propia sede de la calle Prim, de Madrid, el día de San José se hablaba de gran semana de fallas judiciales.

Al margen de estas opiniones y voces, el conflicto es un pésimo precedente y no por el hecho de plantearse, pues las cuestiones de competencia entre jueces están contempladas en todas las leyes procesales. Ni siquiera porque los términos empleados por el magistrado Gómez Bermúdez al tachar de «inconsistentes, ilógicos y contrarios a la Constitución» los argumentos del compañero Ruz me parezcan incorrectos, sino porque la iniciativa tiene pinta de no ser un acto judicial en estrictos términos racionales y jurídicos.

Sería pretencioso decir a la Sala de lo Penal cómo debe resolver hoy el asunto, pero de desestimarse la pretensión del promotor de la controversia, bien podría tener en cuenta que la facultad de los tribunales para «rechazar peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal» -artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- también afecta a los jueces. Tampoco estaría de más recordar que las luchas gratuitas no redundan precisamente en el prestigio de uno de los máximos órganos de la jurisdicción ordinaria del Estado. Como tampoco lo hicieron aquellos enfrentamientos habidos hace años entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Las trifulcas entre jueces hacen un enorme daño a la credibilidad de la Justicia, que es un poder constitucional obligado a dar ejemplo de cohesión.

Cicerón cantaba la majestad de la prudencia definiéndola como el arte que enseña a distinguir lo deseable de lo inconveniente; lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, ni tan siquiera pensar hacer. Digo esto porque es probable que entre todos hayamos idealizado y también deformado la figura del juez de instrucción de la Audiencia Nacional y ahora nos encontremos frente a un enigma muy difícil de descifrar: el del juez que desvirtúa su función al ser invadido por ansias políticas u otros anhelos o inquietudes espurias. Todo afán, seguido de acaparamiento, por entrar a conocer de un asunto del que ya conoce otro juzgado, quizá genere una sospecha de parcialidad fundada y nunca menor dicho, de un «interés en la causa». En los 24 razonamientos jurídicos del auto del juez Gómez Bermúdez planteando la inhibición sólo hay una apariencia de juridicidad y comparto con el fiscal Romeral que muy concretos movimientos jurídicos, como citar a Bárcenas cuando su compañero lo había hecho para dos horas antes o utilizar la fórmula de providencia para decidir algo que tendría que haber revestido la de auto y de ese modo, indebidamente, declarar inadmisible un recurso del fiscal, sitúan a su señoría «en el ámbito de la picaresca procesal». Administrar Justicia debe desarrollarse al margen de tentaciones y otras intrusiones, como la de aquel juez que ya es historia y que se proclamó perseguidor de fantasmas y fiel redentor de la Humanidad entera.

Aun cuando no tenga costumbre de mentir ni, por tanto, de adular, creo poder afirmar que las dos señorías judiciales en disputa reúnen todas las condiciones precisas y aún alguna más para no perder el sentido de justicia, el sentido de la orientación y el sentido común, entre otros. La prepotencia nunca fue buena consejera, ni tampoco el mirarse constantemente el ombligo sirve para llevar a buen fin. Nadie es inteligente absoluto, ni sabio sin límite, ni juez sin parangón. Tanto es así que a quien se cree mejor que los demás y más listo que otros le convendría practicar el ejercicio de la virtud de la humildad. Como Baltasar Gracián aconseja en su Oráculo manual, siempre es bueno esforzarse por distinguir lo válido de lo cierto y no olvidar que huir de los empeños puede ser uno de los primeros signos de la prudencia. No nos engañemos. En el gremio judicial, al igual que en la mayoría de los oficios, lo que hay es gente útil, no imprescindible.

Estoy seguro de que al gran León Felipe no le importaría que hiciera uso de uno de sus poemas más trágicos. Me refiero a las amargas preguntas que se hace en El payaso de las bofetadas: «¿La Justicia es esto? ¿Un truco de pista? ¿Un número de circo? ¿Un pim-pam-pum de feria? Que me conteste alguien». Yo me atrevo a responder. Lo hago con el deseo de que dentro de poco este conflicto inoportuno huela a olvido.

Ser juez estriba en volver la cara a las pasiones y en comportarse como un aparcero honrado. Lo contrario es actuar al margen e incluso a espaldas de la Justicia. El final, ya se sabe: el telón de la tragicomedia de la obra titulada ¡Ay, la Justicia! cae entre las burlas y las carcajadas de los espectadores, esa carne de juzgado que ríe o llora con espanto.

Javier Gómez de Liaño es abogado y juez excedente.

2 comentarios


  1. Javier Gómez de Liaño y Botella (Orense, 1948) también fue Magistrado de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Juez Central de Instrucción, luego, de la misma Audiencia Nacional.....

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  2. pedro j. ramirez.......¿Empeñado en publicar noticias negativas para la Monarquía Española?

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