Los ciudadanos contra la contaminación

 Dos mujeres pasan por un puente que ve hacia el viaducto Miguel Alemán, en Ciudad de México, durante la hora pico. Credit Luis Antonio Rojas para The New York Times
Dos mujeres pasan por un puente que ve hacia el viaducto Miguel Alemán, en Ciudad de México, durante la hora pico. Credit Luis Antonio Rojas para The New York Times

Cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México cumplió un mes, en enero de 2019, se implementaron cambios que hicieron más laxa la verificación de automóviles, el proceso de medición de contaminantes del que dependen los distintos permisos para circular.

Al hacerlo, su gobierno cometió un error de cálculo y un acto inconstitucional que afecta la salud de los casi nueve millones de habitantes de la capital mexicana: se calcula que aproximadamente 200.000 coches adicionales comenzaron a circular desde inicios del año. El gobierno de Sheinbaum sabía que expertos internacionales aconsejaban no relajar la verificación de automóviles porque eso podía deteriorar la calidad del aire de la ciudad. Y ocurrió: hasta ahora se ha duplicado el número de contingencias ambientales con respecto a 2018, cuando ni siquiera ha concluido el primer semestre.

En materia de contaminación siempre hay causas adicionales, como las cenizas del volcán Popocatépetl y la velocidad del aire. Pero esta complejidad no reduce la responsabilidad gubernamental en los factores que sí puede controlar. La lógica científica era ineludible: los automóviles son uno de los mayores emisores de contaminantes que afectan la calidad del aire; la contaminación ambiental reduce las expectativas de vida, ocasiona enfermedades respiratorias, pero también daña el sistema inmunológico de las personas y produce envejecimiento prematuro. Los habitantes de una urbe contaminada están condenados a la enfermedad.

Por esa situación, el abogado Gunnar Hellmund y yo emprendimos una acción legal contra el gobierno de Ciudad de México: presentamos siete amparos en contra de la jefa de Gobierno y de la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad. La idea era desandar lo que hemos llamado la “verificación light” —que eliminó una de las dos pruebas en algunos autos— que la nueva gestión puso en marcha y que deterioró la calidad del aire de una ciudad que durante décadas ha batallado con la contaminación: en 2018 fue declarada una de las treinta metrópolis más contaminadas del mundo.

Así que a través de redes sociales convocamos a personas que se hubieran enfermado por la contaminación y presentamos demandas organizadas según tres tipos de afectados: menores de edad, ciclistas y personas con enfermedades crónicas asociadas a la contaminación o agravadas por esta. Fueron doce personas en total. Y hace dos días, el 6 de mayo, un juez federal falló a favor de ellas: se emitió la primera orden de emergencia que obliga al gobierno de la ciudad a implementar cambios en su proceso de verificación vehicular. En los próximos días estaremos inmersos en el proceso que decidirá cómo cumplir específicamente el mandato del juez. Seremos firmes en que no puede durar meses: las medidas que han puesto en circulación diaria a miles de automóviles más se tienen que revertir de manera urgente e inmediata.

Al margen de ese proceso, la resolución judicial por sí misma es una buena noticia por dos razones. Por un lado, se prueba que, aunque históricamente ha habido pocos contrapesos y mecanismos para desmontar acciones gubernamentales que afectan a los ciudadanos, podemos movilizarnos y exigir modificaciones a las acciones que deterioran nuestra calidad de vida. Y también es un paso adelante en hacer que los políticos sean más conscientes del medioambiente y de cómo hay consecuencias directas en la salud de los habitantes que representan.

Al suavizar los estándares de la verificación, el gobierno implementó una medida que quizás le benefició a corto plazo, pero provocó que en solo cuatro meses se deteriorara la calidad del aire de una de las ciudades más pobladas de América Latina. Es probable que la intención fuese ganar popularidad: cuando cumplió cien días en el gobierno, Sheinbaum llegó a tener el 63 por ciento de aprobación ciudadana; el mejor porcentaje de los jefes de gobierno de la ciudad al inicio de sus mandatos. Pero también su gobierno reveló una enorme arrogancia. Se creyó que, aunque circularían miles de automóviles más, los expertos internacionales exageraban al recomendar prudencia.

Con la resolución judicial a favor de doce ciudadanos, el gobierno de Ciudad de México ahora tiene la obligación de atender las recomendaciones de los expertos internacionales que fueron las que moldearon las reglas de verificación de 2018 y que se relajaron con Sheinbaum. Es urgente hacerlo para no seguir contaminando la ciudad. Si no se cambian las reglas y sigue empeorando la calidad del aire, el daño será irreversible para algunos niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La solución de fondo al problema de la contaminación de Ciudad de México, además de fortalecer los parámetros de una verificación vehicular rigurosa y fiel a los estándares del cuidado medioambiental, es mejorar el transporte público masivo y de calidad. Un mes antes de que Claudia Sheinbaum llegara al gobierno, en Santiago de Chile inauguraron una flotilla de cien camiones eléctricos para el transporte público de la ciudad, un tipo de vehículo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y también es menos costoso. Parece que Ciudad de México va en sentido inverso de la tendencia mundial: puso a circular a más coches en lugar de buscar alternativas probadas para reducir la contaminación y los costos del transporte público.

Quienes vivimos en la ciudad también debemos cambiar: es necesario pensar menos como automovilistas y más como quienes padecemos las consecuencias nocivas para nuestra salud de las políticas gubernamentales. Debemos estar juntos en la batalla por conseguir una megalópolis conectada eficientemente, pero también con un mejor aire para todos. Tener un medioambiente sano es un derecho humano.

Bernardo Bolaños es abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Ciudad de México.

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