Los ciudadanos reclaman concordia ¿Habrá valor para negociar?

Hubo quien criticó a Adolfo Suárez Illana por anunciar el viernes de la semana pasada que su padre se encontraba en situación terminal. Tal vez lo hizo para evitar filtraciones, noticias sin fundamento, etc. Pero, consciente o no de ello, puso en marcha el mecanismo de la memoria. Las televisiones, las emisoras de radio, los periódicos nos volcamos en la evocación del hombre que, junto al Rey, hizo posible la democracia en España.

Cuando se produjo el fallecimiento, 48 horas después del anuncio (su hijo y los médicos acertaron de pleno), todo el país -jóvenes y viejos; vascos, gallegos, catalanes; de izquierdas y de derechas- tenía en mente la envergadura política de un hombre que sufrió como pocos la dureza de su época. Si, como estoy seguro, la intención de Suárez Illana era hacerle un gran y último homenaje a su padre, lo logró a plena satisfacción.

Lo más emotivo no fue la imagen de González, Aznar y Zapatero juntos en la capilla ardiente; ni los discursos de los que le conocieron de cerca; ni el arrepentimiento de los que le fustigaron sin piedad. Fue la imagen de las colas de ciudadanos para despedir al hombre que no se ocultó cuando Tejero entró dando tiros en el Congreso, al presidente que hizo posible la Constitución de la concordia.

La recuperación de la política como algo noble ha sido su último gran legado. Y nadie debería ignorar el gran significado de lo que ha ocurrido en España durante unos días.

Cuando aún sus restos se encontraban en la Carrera de San Jerónimo, el Tribunal Constitucional concluyó una de las sentencias más importantes de los últimos tiempos.

No sólo porque establecía la nulidad de la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña de enero de 2013, sino porque su resolución se firmó por unanimidad, sin fisuras, sin votos particulares. Es decir, es un mensaje rotundo, inequívoco, avalado incluso por los magistrados cercanos al nacionalismo, por progresistas y conservadores, de dónde se encuentran los límites de la Carta Magna.

La sentencia se conoció justo el mismo día en que la Mesa del Parlamento catalán -con el apoyo del PSC- acordaba la recusación de tres de los miembros del TC, incluido su presidente, Francisco Pérez de los Cobos. Era una maniobra de distracción, encaminada a minar la credibilidad del tribunal. Por eso, la unanimidad de sus 12 miembros tiene una fuerza incuestionable. Que la soberanía reside en el pueblo español, que el pueblo de Cataluña no puede arrogarse derechos políticos y jurídicos no es algo que mantenga la derecha judicial, sino todos los que se aproximan a la cuestión desde las bases del Derecho y no desde la ceguera del sectarismo.

La afirmación del portavoz de CiU en el Parlamento de Cataluña, Jordi Turull, de que la sentencia era fruto de la «catalanofobia» carece de valor y no es más que la pataleta del que carece de argumentos ¿O acaso Antonio Xiol o Encarnación Roca son anticatalanes?

Aunque la sentencia del TC se venía cocinando desde hacía semanas y fue puesta en suerte por una comisión de cuatro magistrados, capitaneada por el presidente del tribunal, el resultado final en su esencia conectaba a la perfección con la demanda que en ese momento hacía la mayoría de los ciudadanos: el consenso, la concordia.

La habilidad de Pérez de los Cobos -un hombre que por su trayectoria sabe lo importantes que son los pactos- consistió enencontrar una vía para contentar a los que hace tan sólo unos meses se oponían a darle un revolcón a las pretensiones de Mas.

Esa era la «vía política», haber sabido -como bien recordaba Francesc de Carreras en El País- identificar la ley, en este caso la Constitución, con un cauce, en lugar de asimilarla a un muro.

El derecho a decidir que se reclama puede ser posible si, fruto de la negociación política, se producen las modificaciones que lo situarían dentro de la legalidad.

Algunos analistas afirman que lo que apunta el TC es una obviedad, que la propia Constitución recoge los mecanismos para su modificación (artículo 168), etc. Pero lo que han hecho los magistrados con su sentencia es apelar a la capacidad de los políticos para llegar a pactos que puedan desatascar una situación que parece insoluble.

Sin duda, hay un problema político en Cataluña que no se resuelve sólo aplicando la ley, aunque hay que aplicarla en cualquier circunstancia. La cuestión es que hay un porcentaje alto de la población (¿30%, 40%?) que quiere la independencia para Cataluña. Y, además, que ese porcentaje va en alza y afecta a la población más joven. Cómo hacer que esa parte de Cataluña quede reducida a un 10% o a un 15% que, pase lo que pase, seguirá reclamando la secesión, debería ser la principal preocupación del Gobierno que, por otro lado, tiene la obligación de hacer que la ley se cumpla.

El Gobierno ensayó una fórmula. Ofreció un pacto a CiU para apoyar los presupuestos junto al PSC, dar a Mas suficiente apoyo parlamentario como para que pudiera desembarazarse del yugo de ERC. No fue posible.

Parece que Mas puso sobre la mesa como cuestión irrenunciable, no sólo un pacto fiscal que diera a Cataluña un tratamiento similar al del País Vasco o Navarra, sino la cesión total de competencias en Educación y Cultura.

El Gobierno ha sondeado una posible reforma constitucional. Pero se ha encontrado con que sólo el PSOE estaría dispuesto a abordarla en términos razonables. Otros partidos, como IU y UPyD, han sacado a colación la cuestión del modelo de Estado; es decir, la República. Ni Rajoy ni Rubalcaba están por abrir ese debate ahora. Y lo sensato es no hacerlo.

Desde Cataluña, Mas agita la bandera del diálogo como arma arrojadiza contra el Gobierno. «Madrid -dicen en la Generalitat- es una puerta cerrada».

Pero Mas olvida una cosa. Para dialogar lo primordial es estar dispuesto a ceder. Si el presidente de la Generalitat quiere que su oferta sea creíble, lo primero que debe hacer es anunciar la suspensión del referéndum ilegal del 9 de noviembre. Es decir, su disposición a acatar la ley.

Si lo hiciera, Rajoy no tendría más remedio que recibirle en Moncloa e iniciar una negociación sobre el futuro de Cataluña para encontrar su mejor encaje dentro de España.

Si Suárez nos enseñó algo es que en las situaciones más difíciles es cuando hay que poner en valor los acuerdos y ser valientes. Señor Mas, tome usted nota.

Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo.

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