Que el nacionalismo vasco funciona como un paquete completo, y que ni siquiera los moderados le hacen ascos a actuar junto a los radicales, por más detestables que sean sus comportamientos, es un hecho sabido desde la Transición.
Hace mucho tiempo que a los nacionalistas vascos moderados no les cree nadie cuando se dan golpes de pecho condenando el terrorismo, poniendo cara compungida y pidiendo perdón a sus víctimas.
Uno de los que mejor borda este tipo de paripés es el lehendakari Iñigo Urkullu. Los más viejos del lugar recuerdan perfectamente cuando presidía la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco, allá por 2000, mientras en ella se sentaba, como un parlamentario más, el asesino Josu Ternera. Y eso con el precedente del Pacto de Estella (1998), en el que todo el nacionalismo, incluido el comunista Javier Madrazo, estigmatizó al no-nacionalismo por considerarlo enemigo de lo vasco.
En toda esta historia lamentable hay un punto en el que no se insiste lo suficiente. Quizá por pensar que el euskera no tiene la culpa de nada y que mejor dejar en paz la lengua.
Sí, dejémosla en paz. Pero los primeros, quienes siempre la han utilizado, de una manera interesada, fraudulenta y sectaria, como arma de presión, chantaje pseudocultural y adoctrinamiento político.
Dos episodios recientes demuestran la utilización política del euskera.
El primero tuvo lugar el pasado 18 de enero, cuando 124 escritores en euskera firmaron un manifiesto para que su colega de oficio Mikel Albisu Iriarte, más conocido por su seudónimo Mikel Antza, no fuera reclamado por la Justicia española en relación con el asesinato de Gregorio Ordóñez. Alegaban que Mikel Antza ya había purgado su condena en Francia (donde estuvo en la cárcel por su papel como dirigente de ETA).
Hay que recordar que este individuo fue el máximo jefe de ETA entre 1993 y 2004, cuando la banda proclamó su desgraciado lema de la socialización del sufrimiento, que defendía que la sociedad civil sufriera en sus carnes esas salvajadas del terrorismo que hasta entonces recaían principalmente sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Y vaya si las sufrió. Durante ese periodo fueron asesinadas 112 personas, incluidos políticos, periodistas e intelectuales como Francisco Tomás y Valiente. Una verdadera sarracina que hizo más evidente todavía, por si hiciera falta, la catadura moral de esta lacra que nos tocó en suerte en el reparto de la infamia universal.
Entre esos 124 escritores en euskera que reclaman que Mikel Antza no sea vuelto a juzgar en España, donde lleva tres años en libertad (y escribiendo), nos encontramos incluso con autores premiados por instituciones oficiales, como Kirmen Uribe.
O como la última Premio Nacional de Poesía Miren Agur Meabe.
O como el eterno Joseba Sarrionandia, cerebro gris de este movimiento y compañero íntimo de Mikel Antza desde el principio de los tiempos. El mismo Sarrionandia a quien el PSE de Patxi López, siendo este lehendakari, le concedió el Premio Euskadi de Literatura en 2011.
Estos autores muestran así su faceta de comisarios políticos. Inculcan ideología amparándose en el prestigio de sus obras y tratan de blanquear el pasado siniestro de quien fue uno de los mayores inductores de asesinatos de la historia de ETA.
Otro ejemplo de esta teoría de los "vascos comunicantes" entre moderados y radicales a través del euskera es Kirmen Uribe. Un autor especialmente mimado por la Administración cultural vasca, que le concede premios, becas, viajes de estudios y estancias en el extranjero. Uribe también acompañó en su día a Urkullu en la comitiva oficial que visitó Auschwitz con motivo del 80º aniversario del bombardeo de Guernica.
Véase también lo que alcanza a balbucear el citado Kirmen Uribe en un documental de Iñaki Arteta ampliamente difundido en redes cuando es preguntado por las víctimas de ETA. Para excusar su presencia dice que se siente incómodo con la entrevista.
Poco después de este episodio ha llegado otro que también tiene el euskera como protagonista y que ha provocado la reacción del comisariado cultural nacionalista vasco.
El motivo ha sido una plaza de funcionaria interina en Llodio. Quien ocupaba dicha plaza desde hace años no ha podido superar las pruebas de euskera preceptivas y una juez ha salido en su defensa con argumentos un tanto peregrinos (más por su fundamentación teórica que por su realidad social innegable) sobre la dificultad del aprendizaje del euskera. Argumentos que reflejan bien a las claras los problemas de implantación del euskera en la Administración y entre una población que se expresa en su totalidad en castellano.
La funcionaria en cuestión tiene ya más de 45 años, por lo que quedaría eximida de esa exigencia, aunque se ha pasado toda su vida estudiando euskera para alcanzar el nivel más alto que se le exige por el puesto que ocupa. Algo frecuente en el País Vasco. El año pasado, sólo uno de los 6417 candidatos en el examen de acceso a la abogacía en toda España solicitó su realización en euskera.
A raíz de la sentencia, los defensores del euskera han cargado contra la juez del caso, considerándola una enemiga del euskera.
Estos defensores del euskera convocaron una manifestación en el mismo Llodio, muy indignados, para denunciar lo que según ellos es un atropello del Poder Judicial contra la lengua vasca y para reclamar unidad de acción de todos los practicantes del euskera.
Por otro lado, el PNV, a través de su eurodiputada Izaskun Bilbao, pidió en Bruselas que la Comisión Europea se pronuncie sobre la explicación que dio la jueza de Llodio para echar abajo el despido de la funcionaria: que el euskera es la quinta lengua más difícil del mundo.
¿Por qué aprietan tanto las tuercas de los funcionarios que optan a una plaza en la Administración cuando a los propios políticos nacionalistas, y al enjambre de asesores y de miembros del personal eventual nombrado por ellos en las Administraciones del País Vasco, nadie les pide un certificado de dominio de la lengua para acceder a su puesto?
Uno de los casos más llamativos y que mejor ilustra la discriminación ideológica que se padece en el País Vasco a cuenta del euskera es el siguiente.
En 2020 fue nombrado director de la televisión vasca Andoni Aldekoa, un militante del PNV de reconocido prestigio por su eficacia administrativa. En la sesión de su nombramiento, EH Bildu se quejó de que Aldekoa no tenga certificado oficial de conocimiento del euskera. Sus partidarios respondieron que "se desenvuelve bastante bien". Pero, como es obvio, eso no es ningún reconocimiento oficial. A ningún funcionario que aspirara a entrar en la Administración vasca le serviría ese argumento.
Aldekoa ha sido la mano derecha todopoderosa del alcalde Iñaki Azkuna en el Ayuntamiento de Bilbao durante catorce años. Luego fue director de Comunicación del gabinete del lehendakari Urkullu entre 2015 y 2017. Luego, director del Palacio Euskalduna de Bilbao. Y ahora es el director general de la televisión pública vasca, EiTB, responsable máxima de la comunicación audiovisual en euskera. Desde el mes de enero pasado es también presidente de la FORTA, el organismo que agrupa todas las televisiones autonómicas.
Y todo eso sin tener que presentar nunca un título oficial en euskera. Le ha bastado con el carnet del PNV y, por supuesto, con su buena gestión, que nadie pone en duda. Sólo faltaba.
Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.