Los costes de la integración de España a la UE

Por Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra (EL PAÍS, 01/10/07):

A raíz del aniversario de la integración de España a la Unión Europea (UE) y a la eurozona, se han escrito muchos artículos y libros celebrando este hecho que ha tenido gran importancia para nuestro país y que, sin duda, nos ha aportado muchos beneficios. Uno de los más importantes ha sido la existencia del euro, que ha sustituido a la peseta como la moneda del país dando un poder y estabilidad monetaria que la peseta nunca tuvo. Muchos otros ejemplos podrían mostrarse de los beneficios que ha significado para España su integración económica y monetaria en la UE.

Ahora bien, en este clima celebratorio no se reconoce que la manera como se hizo tal integración ha tenido también costes, resultado de la gran contención del gasto público durante el período que se consiguió tal integración, causa de un enorme déficit de tal gasto, el más bajo de la Unión Europea de los Quince, UE-15, el grupo de países de la Unión que tienen un nivel de desarrollo económico más cercano al nuestro.

En 1993, año en que se iniciaron los pasos más importantes para alcanzar la integración monetaria de España en la UE, nuestro país tenía el gasto público (como porcentaje del PIB) más bajo de la UE-15. Más de trece años más tarde, en el año 2006, España no sólo continuaba siendo el país con el gasto público (38,5% del PIB) más bajo de la UE-15, sino que tal gasto público como porcentaje del PIB era mucho más bajo en 2005 que en el año 1993 (45%). Una situación semejante aparece cuando analizamos el gasto público por habitante. España no sólo continúa estando a la cola de gasto público en la UE-15, sino que la diferencia de gasto público por habitante entre España y el promedio de la UE fue mayor en el año 2005 que en el año 1993, y ello como consecuencia de que el crecimiento de los ingresos al Estado se destinaron primordialmente a equilibrar las cuentas del mismo y eliminar su déficit presupuestario (hoy convertido en un superávit equivalente a un 1,8% del PIB) en lugar de reducir el gran déficit de gasto público que España tiene con la UE-15. De esta manera, la convergencia monetaria se consiguió a costa de una desconvergencia de gasto público con la UE-15.

Las consecuencias de esta austeridad de gasto público son muchas y se ven en la vida cotidiana de los españoles. Una de ellas es el enorme déficit en las infraestructuras del Estado, que incluyen transportes y sistemas de comunicación y energía, entre otros, déficit que estallan periódicamente a lo largo del territorio español, siendo el caso más reciente el de Cataluña, donde el nivel de insatisfacción de la ciudadanía está alcanzando dimensiones preocupantes. Por desgracia, tal insatisfacción es canalizada con fines electoralistas por fuerzas políticas que presentan tales insuficiencias como resultado de la mala distribución de recursos que hace el Gobierno central entre las distintas comunidades autónomas. Se generan así tensiones interterritoriales (por desgracia, altamente rentables políticamente en España) sin centrarse en la causa mayor de tales insuficiencias, que es el de la pobreza de recursos públicos. España, cuyo nivel de riqueza ha aumentado considerablemente durante el período de su integración a la Unión Europea, no ha desarrollado la infraestructura física, humana y social que le corresponde por el desarrollo económico que tiene. España, cuyo PIB per cápita es ya el 92% del PIB per cápita de la UE-15, tiene un gasto público per cápita que es sólo un 65% del promedio de la UE-15.

El otro capítulo del gasto público que muestra un gran retraso es el del gasto público social, es decir, gasto en las transferencias públicas (como por ejemplo ayudas a las familias) y en los servicios públicos (tales como sanidad, educación, vivienda, servicios de ayuda a personas con discapacidades, servicios sociales, servicios de prevención de la exclusión social e integración de la inmigración), que juegan un papel fundamental en configurar la calidad de vida de la ciudadanía y en garantizar la cohesión social. En el año 1993, el gasto público social por habitante era el más bajo de la UE-15. Años más tarde, continuamos a la cola de la misma, con el agravante de que el crecimiento de tal gasto social por habitante en España también ha sido menor que el crecimiento promedio de la UE-15; con lo cual, el déficit de gasto público social con el promedio de la UE ha aumentado, pasando de 2.109 euros por habitante en 1993 a 3.193 euros en el año 2004. (Ver V. Navarro (Dir.), La situación social de España, volumen II, 2007).

Vemos, pues, que la convergencia monetaria se ha conseguido también a costa de aumentar la desconvergencia social de España con la UE-15. El gasto público social por habitante de España es casi la mitad del promedio de la UE-15. Tal austeridad de gasto público social aparece claramente en las deficiencias de los servicios públicos, causa de las frustraciones existentes tanto entre los usuarios como entre los profesionales y trabajadores de tales servicios. Ejemplos hay múltiples. En la sanidad pública española (cuyo gasto público por habitante es sólo el 66% del promedio de la UE-15, siendo de los más bajos de tal comunidad), hemos visto huelgas de médicos de la atención primaria exigiendo tener al menos diez minutos de tiempo de visita como promedio (hoy, el promedio en España es de seis minutos). Por desgracia, los establishments políticos y mediáticos no son, en general, conscientes de tales déficit al utilizar en su gran mayoría los servicios sanitarios privados o recibir trato preferencial en los servicios públicos.

Pero la austeridad del gasto público tiene también un elevado coste económico. La baja competitividad y baja productividad española se basa precisamente en la pobreza del gasto público. La última encuesta de competitividad y desempeño económico, publicado en el Cambridge Journal of Economics (volumen 31, número 1, 2007), muestra cómo en Europa los países más competitivos y eficientes económicamente son aquellos que, a través de un elevado gasto público, ofrecen seguridad laboral y protección social a la población, facilitando la flexibilidad necesaria para responder a los retos de la integración europea y la globalización. A no ser que se vaya convergiendo con el promedio de la UE-15 en gasto público (lo cual no está ocurriendo), no se corregirán los grandes déficit que el país tiene en infraestructuras físicas, humanas y sociales.