Los costes políticos del silencio histórico

Por Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra (EL PAÍS, 18/01/06):

La limitada simpatía a nivel popular que las propuestas del Estatuto aprobadas por el Parlamento catalán han tenido en España, junto con las dificultades que el Gobierno socialista español ha encontrado en poder aprobarlo, sin que ello pudiera suponerle un coste electoral, es el precio que las izquierdas están pagando por su complicidad en el silencio que ha existido en España sobre lo que fue la República (que aceptó la plurinacionalidad de España), lo que significó la dictadura y cómo se realizó la transición (en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras). Tal silencio supuso, en la práctica, la aceptación de la visión conservadora de España promovida durante la dictadura y aceptada después en la transición: una España uniforme, que negó la plurinacionalidad de España, incluso a costa de interrumpir su existencia con un golpe militar el año 1936.

Las únicas comunidades autónomas que rompieron este silencio fueron Cataluña y el País Vasco, que, bajo gobiernos nacionalistas conservadores, reescribieron la historia de España, presentando la Guerra Civil como un conflicto entre España, por un lado, y Cataluña y el País Vasco, por el otro. Al hacerlo, ignoraron que la Guerra Civil fue predominantemente una lucha de clases, en la que las clases dominantes de Cataluña y el País Vasco apoyaron, en general, el golpe fascista militar, aunque hubo también un conflicto interterritorial, consecuencia de la victoria de la España centralista uniforme de los golpistas (que se autodefinieron como nacionales) sobre la España plurinacional liderada por las fuerzas republicanas populares y de izquierdas, las cuales también protagonizaron en Cataluña y en el País Vasco la lucha por la identidad nacional catalana y vasca durante la dictadura, hecho ignorado en la historiografía nacionalista conservadora catalana y vasca. En el resto de España, las izquierdas, que habían sido las protagonistas en la lucha por la justicia social, la libertad y las identidades nacionales (a lo largo de toda España hubo manifestaciones ilegales durante la dictadura bajo pancartas que pedían libertad para España y Estatuto de autonomía para Cataluña), aceptaron durante la transición una Constitución que reproducía una visión de España predominantemente uniforme, que negó su plurinacionalidad y que incluía elementos que significaban una clara renuncia a muchas aspiraciones que las izquierdas habían tenido históricamente en España, aceptando, entre otras concesiones, la existencia de una Monarquía, convirtiéndose sus símbolos en los símbolos del Estado español, transformándose la bandera borbónica, que fue la bandera del bando franquista (con eliminación de sus símbolos fascistas), en la bandera española, y una Marcha Real en el Himno Nacional; la consolidación de la escuela privada (mayoritariamente de propiedad de la Iglesia) como paritaria con la escuela pública; la perpetuación de los privilegios de la Iglesia católica; la asignación del Ejército como garantía de la unidad de España (convirtiéndole así en un organismo policial de carácter doméstico); una excesiva protección de la propiedad privada (que está dificultando, por cierto, la resolución del enorme problema de la vivienda en España), y otras muchas concesiones que fueron aceptadas a cambio de muchos otros aspectos de la Constitución que fueron y continúan siendo auténticamente progresistas. Entre éstos, el más importante fue la aceptación por parte de las fuerzas conservadoras de que todo poder y legitimación en el Estado español procede de la voluntad popular, hecho que históricamente las fuerzas conservadoras en España no habían respetado.

Otra gran cesión por parte de las izquierdas fue el silencio sobre su propia historia, así como la aprobación de la amnistía para los responsables de las violaciones de los derechos humanos realizadas durante la Guerra Civil y durante la dictadura, pertenecientes en su mayoría a las fuerzas conservadoras y derechistas en España. Se me dirá que, considerando la correlación de fuerzas en aquel momento, no había otra alternativa. Pero aun aceptando tal lectura del momento histórico, el silencio que las izquierdas adoptaron fue no sólo una profunda injusticia, sino también un gran error político, pues permitió la perpetuación de la visión conservadora de España, uniforme, centralista y esencialista, que se convirtió en la visión dominante de lo que es España, hecho que se interpretó erróneamente como la desaparición de las dos Españas. Silencio significó acatamiento, reproduciendo una enorme ignorancia de lo que fue la otra España, la republicana, que históricamente fue siempre la que luchó por la libertad, por la justicia social y por la diversidad de los distintos pueblos y naciones de España, silencio que incluso alcanzó situaciones extremas como la prohibición de la bandera y del himno republicanos.

Aunque las izquierdas guardaron silencio, no lo hicieron las derechas, que continuaron promoviendo su visión de España, honrando -como hace constantemente la Iglesia católica- a sus muertos, presentando al bando republicano como el responsable de sus muertes. Las izquierdas, en lugar de estar silenciosas, tendrían que haber mostrado -en los medios públicos de información televisiva y radiofónica que tenían a su alcance- el papel antidemocrático que la Iglesia tuvo durante la República en defensa de sus intereses corporativos, realizados a costa de los intereses de las clases populares, lo cual explica -aunque no justifica- que sectores de estas clases populares decidieran en muchas partes de España -incluyendo Catalunya- tomar la justicia por sus manos el 19 de julio (el día después del golpe militar). Las izquierdas, sin embargo, callaron, subvencionando extensamente a la Iglesia, y ofreciendo los medios públicos de información y persuasión televisivos y radiofónicos para la promoción de su ideario.

Este olvido por parte de las izquierdas de sus raíces históricas fue acompañado de una dilución de su ideología, sustituyendo ésta por un deseo e imagen de modernización que diluyó su especificidad. En lugar de presentarse como herederos de la República -que fue, por cierto, la época más modernizada de la historia de España en la primera mitad del siglo XX- enfatizando el discurso (narrativa y terminología) de izquierdas, éste fue sustituido por un patriotismo constitucional, tal como ocurrió también en Alemania, olvidando que en aquel país el nazismo ganó unas elecciones y gozó de un gran apoyo, mientras que en España el fascismo se impuso tras una enorme resistencia popular de tres años, a pesar del apoyo militar que Hitler y Mussolini dieron al bando golpista nacional. En Alemania, la Constitución significaba la necesidad de olvidar un pasado colectivo. En España, las izquierdas no tenían por qué olvidarse de las conquistas sociales de la República y de la resistencia frente al golpe fascista y a la dictadura. En realidad, el gran temor de las derechas -como ha quedado reflejado en muchas de las declaraciones de sus dirigentes- es que las izquierdas quieran conseguir los derechos políticos y sociales que el alzamiento militar interrumpió durante la República.

Pero este olvido llega a situaciones extremas cuando la visión "nacional" centralista se reproduce en sectores de la izquierda que están anteponiendo su nacionalismo a los compromisos que las izquierdas debieran siempre tener con las clases populares, tal como ocurre cuando exigen al Gobierno socialista español que cambie de alianzas y se apoye en el partido de las derechas catalanas en lugar de un partido de izquierdas (por ser independentista). Tales voces muestran gran desconocimiento de Catalunya (en la que la mayoría de catalanes nos sentimos españoles), donde veintitrés años de Gobierno de derechas fue una de las causas del escaso desarrollo de los servicios públicos tales como educación, sanidad, servicios de ayuda a la familia y otros, y ello como resultado de su apoyo a los servicios privados, situación que ha cambiado significativamente con el nuevo Gobierno catalán (que incluye el partido independentista). Es más, cuando los gobiernos españoles gobernaron con el apoyo de las derechas catalanas 1993-2000, el gasto público social por habitante descendió (primero, en términos absolutos, y después, en términos relativos) en comparación con la UE-15. Esta situación ha cambiado significativamente a partir del nuevo Gobierno español, y ello como resultado de la presión realizada por las izquierdas (incluyendo ERC), de la cual las clases populares, no sólo de Cataluña, sino de toda España, se están beneficiando. ¿Hasta cuándo antepondrán el nacionalismo centralista a su compromiso con las clases populares?