La Unión Europea enfrenta una amenaza existencial, pero su dirigencia responde con concesiones, aparentemente convencida de que la amenaza se irá con sólo desearlo. El régimen cleptocrático del primer ministro Viktor Orbán en Hungría y, en menor grado, el gobierno iliberal de Ley y Justicia en Polonia han plantado un desafío descarado a los valores en los que se basa la Unión Europea. Considerar que ese desafío es una postura política legítima, digna de reconocimiento y negociación, implica multiplicar los riesgos que ya enfrenta la UE.
Admito y entiendo que la canciller alemana Angela Merkel está sujeta a una presión intensa. Ha sido canciller de Alemania por quince años, y le falta poco para dejar el cargo, en septiembre de 2021. Con el presidente francés Emmanuel Macron temporalmente distraído por la cuestión de la laïcité y otros problemas de seguridad serios en Francia, Merkel ha quedado hasta cierto punto sola en el papel de principal instancia de decisión dentro de la UE.
También comprendo por qué la canciller alemana no quiere que otro país, Hungría, anuncie durante su mandato planes de abandonar la UE. Se dice que estos últimos días Orbán estaba dispuesto a hacer eso, porque no puede permitir que se exponga la enorme magnitud de la corrupción de su régimen, algo que habría sido inevitable al aplicarse al desembolso de fondos de la Unión el «mecanismo de Estado de Derecho».
Orbán robó y malversó enormes sumas durante su decenio en el poder, incluidos fondos de la UE que tendrían que haberse usado en beneficio del pueblo húngaro. No puede permitir que se imponga un límite práctico a su corrupción personal y política, porque estas ganancias ilícitas son el lubricante que mantiene girando los engranajes de su régimen y asegura la lealtad de sus secuaces.
Con su amenaza de torpedear las finanzas de la UE vetando su presupuesto, Orbán hizo una apuesta desesperada. Pero era un farol, y como tal había que exponerlo. Por desgracia, parece que Merkel cedió a la extorsión húngaro‑polaca.
Mientras escribo, todo indica que Merkel negoció un acuerdo con Orbán y con el líder de facto de Polonia, el vice primer ministro Jarosław Kaczyński. Pero este acuerdo entre Alemania y los dos estados rebeldes de la UE es el peor de los mundos posibles. El texto de la propuesta de acuerdo (cuya filtración tuvo amplia difusión) que se incorporará a la declaración final de la reunión de esta semana del Consejo Europeo tiene tres defectos fundamentales.
En primer lugar, la declaración altera en sustancia e intención el texto de la regulación acordada por las instituciones de la UE el 5 de noviembre, ya que debilita considerablemente el mecanismo de Estado de Derecho. Ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo (mucho menos los gobiernos nacionales que en el Consejo Europeo dejaron clara su insistencia en la integridad de las normas aprobadas) deben permitir que se los ignore de este modo.
En segundo lugar, algunas cláusulas del acuerdo permiten demorar hasta dos años la implementación del mecanismo de Estado de Derecho. Eso sería un triunfo para Orbán, ya que postergaría cualquier posible acción hasta después de la próxima elección parlamentaria de 2022 en Hungría.
La moratoria daría al partido Fidesz de Orbán tiempo más que suficiente para cambiar la legislación y la constitución de Hungría y permitir que Orbán siga redefiniendo el significado de «fondos públicos» en modos que le permitan canalizar el botín robado a organismos públicos hacia «fundaciones» privadas controladas por sus leales. La principal víctima del presunto acuerdo entre Merkel y Orbán será el pueblo de Hungría.
Finalmente, la propuesta de declaración de la cumbre es un ejemplo de extralimitación de la autoridad del Consejo Europeo al restringir la capacidad de la Comisión Europea para interpretar la legislación de la UE y actuar en consecuencia. Eso sienta un peligroso precedente, porque reduce la independencia legal de la Comisión y puede contradecir el Tratado de la Unión Europea, al menos en espíritu.
El contenido presunto del acuerdo es un horror y es contrario a los deseos expresos del Parlamento Europeo. Pero como hay necesidad urgente de usar los 750 000 millones de euros (909 000 millones de dólares) del fondo de recuperación para la COVID‑19, bien puede ocurrir que el Parlamento Europeo lo apruebe.
No puedo sino expresar la indignación que deben sentir las personas que creyeron en la UE como protectora de los valores europeos y universales. También quiero advertir que esta concesión puede dañar la confianza que con tanto esfuerzo las instituciones de la Unión se ganaron al crear el fondo de recuperación.
George Soros is Chairman of Soros Fund Management and the Open Society Foundations. A pioneer of the hedge-fund industry, he is the author of many books, including The Alchemy of Finance, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means, and The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival? His most recent book is In Defense of Open Society (Public Affairs, 2019). Traducción: Esteban Flamini.