Los cromos

Cuarenta y ocho horas después de que José María Aznar clamara en su hondo y certero discurso de San Sebastián contra la «normalización de la confusión moral», tres jueces de la Audiencia Nacional se empeñaban en demostrar hasta qué punto están justificadas sus alarmas, perpetrando una sentencia en la que se dan cita la instrumentación política de la Justicia, el atolondramiento intelectual y el desfondamiento ético.

Eran precisos estos tres ingredientes para que una relación de hechos probados en la que se describe de forma minuciosa y aplastante lo que la propia sentencia admite como «una acción culpable y típica» de colaboración con banda armada haya desembocado en la absolución de los policías Pamies y Ballesteros por ese delito. Dicho de otra manera, unos jueces que simplemente hubieran querido servir un interés político habrían dado por buenos los relatos alternativos de los acusados o, al menos, abierto dudas que les hubieran permitido aferrarse al in dubio pro reo, absolviéndoles de todos los cargos. Pero al intentar conciliar ese interés con la mínima autoestima de quien, tras examinar las pruebas y escuchar a los testigos, no puede llegar sino a la ineludible conclusión de que los hechos sucedieron tal y como los narró Fernando Lázaro en EL MUNDO hace ocho años, Sus Señorías han producido un adefesio que les pone en evidencia.

El planteamiento de que la «antijuricidad» –menudo palabro– requiere no sólo esa «acción culpable y típica», sino que se haya producido además «la lesión del bien jurídico protegido», puede tener sentido en una discusión escolástica, pues como explicaba ayer Enrique Gimbernat normalmente la tipicidad engloba el daño. Pero ese sueño de la razón ha alumbrado esta vez el más delirante o «exótico» –por utilizar la expresión de un alto cargo de la Fiscalía– de los monstruos del averno jurisdiccional.

Además de por el pésimo castellano en el que, para no variar, está redactada, la sentencia llama la atención, desde un punto de vista dialéctico, por la contradicción que supone alegar, con arrogancia digna de mejor causa, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es de aplicación en este caso por su «interpretación tan amplia» del delito de colaboración con banda armada y establecer en el párrafo siguiente, con la laxitud oceánica de los filósofos rancios, que «el bien jurídico a proteger» era en éste y en todos los casos de terrorismo «la convivencia pacífica entre los ciudadanos, alcanzar la paz social y preservar el orden constitucional».

Estremece que con tan párvulos palotes se pueda llegar a la conclusión de que, al ser «la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada», se evapora el «dolo intencional» sobre el que se vertebra el delito. Si no conociéramos a Alfonso Guevara y Guillermo Ruiz Polanco parecería inverosímil que un tribunal de una instancia cualificada como la Audiencia Nacional se pronunciara en estos términos en un Estado de Derecho. Al hacerlo así, junto a su émulo el ponente Antonio Díaz Delgado, estos jueces están abdicando de sus obligaciones de tutela efectiva para echarse de bruces a los pies del utilitarismo en el que el fin justifica los medios.

No, Sus Señorías, el «bien jurídico a proteger» en la instrucción y enjuiciamiento del caso Faisán no era ninguno de esos valores abstractos de tan equívoca interpretación y casi omnicomprensiva aplicación a lo largo de los tiempos, sino el derecho que todas y cada una de las personas con nombre y apellido que pagaron el «impuesto revolucionario» tenían a no ser extorsionadas bajo amenaza de muerte; y el derecho que cada una de las personas con nombre y apellido que fueron víctimas de ETA, antes y después del ignominioso chivatazo, tenían a no ser secuestradas, lesionadas y asesinadas gracias al dinero así recaudado. Todo cuanto esas víctimas y sus familiares digan ahora sobre este bodrio en el que el idioma, los principios generales del derecho y los valores éticos más elementales han sido amartillados hasta adquirir apariencia de sentencia, me parecerá excesivamente benévolo pues pocas veces derechos humanos tan fundamentales han sido sacrificados con tan perversa amalgama de entreguismo, estulticia y ligereza.

¿O acaso no cabría colegir, si el canon fuera éste, que tampoco habría sido delito impedir la detención de uno de los muchos asesinos múltiples de ETA que siguen en libertad; o incluso impedir la liberación de un secuestrado, si la banda hubiera puesto como condición para seguir adelante con el «proceso de paz» mantenerlo en su poder hasta llegar a un acuerdo, y el Gobierno hubiera aceptado esa condición?

No me extraña que a los mismos que fueron tan indulgentes con los GAL, en función de sus estrechos lazos con sus promotores, les parezca que ésta es una sentencia «sensata». De hecho, la cadena de asesinatos, secuestros y actos de tortura puesta en marcha hace exactamente 30 años no tenía otro móvil intrínseco –cosa distinta es que luego se llevaran además la pasta– sino «proteger la convivencia pacífica entre los ciudadanos, alcanzar la paz social y preservar el orden constitucional».

Guevara, Ruiz Polanco y Díaz Delgado nos retrotraen así a los años de la impunidad de la guerra sucia –¿o no fue el chivatazo guerra sucia contra las víctimas de ETA?– y proclaman que, mientras el empeño sea acabar con la «actividad armada» de una banda terrorista, los «atajos» son válidos por mucha legalidad que se lleven por delante. Nadie sale más beneficiado de su sentencia que la propia ETA pues, de igual manera que los crímenes de los GAL legitimaban los suyos al ponerse el Estado a su repugnante altura, la absolución de los autores del chivatazo blanquea y convalida, como precedente para cualquier negociación con una banda terrorista, la desactivación de los resortes represivos del Estado. Es comprensible y admisible, vienen a decirnos estos tres jueces, que ETA supeditara la disposición a dejar las armas a que no se tocara su red de extorsión.

¿A qué nos suena esto? Exactamente al tenor literal de las actas de la primera negociación del Gobierno de Zapatero con ETA, desveladas en su día por Ángeles Escrivá e íntegramente recogidas en su importante libro Maldito el país que necesita héroes. En la reunión de 22 de junio de 2006, después de que Grande Marlaska haya desmantelado al fin la trama del «impuesto» aunque sin haber podido obtener ni las pruebas ni el dinero que volaron con el Faisán, ETA advierte de que «ha quedado un panorama desolador en cuanto a la continuidad de lo puesto en marcha hace un año». Uno de los representantes del Gobierno –Moscoso o Eguiguren– invoca entonces el nombre de Rubalcaba y añade: «Las detenciones son un accidente grave. Cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis (sic). Intentamos pararlas pero no pudimos…». Le faltó añadir: «como la otra vez». Pero eso ya lo hizo en la siguiente reunión el representante personal de Rubalcaba, Gómez Benítez, al alegar ante los etarras que el Gobierno era víctima, como ellos, de la misma incomprensión de Marlaska: «Os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía».

En tales actas están todas las claves de esta catastrófica sentencia. No en balde el Gobierno transmite a los terroristas que tiene dos problemas: los jueces y el PP. En relación a la magistratura, ETA es taxativa: «Si las detenciones dependen de los jueces, ¿por qué firmasteis los acuerdos?». Y en relación al entonces partido de la oposición, también queda claro lo que la banda quiere: un «pacto de Estado entre PP y PSOE» que blinde sus acuerdos. Basta que el terrorista esboce su recelo sobre lo dificultad de conseguirlo para que la delegación gubernamental le tranquilice: «Eso es cosa nuestra».

Y en efecto lo fue, pues en octubre de 2011, 13 asesinatos después del chivatazo, Rajoy bendijo el «proceso de paz» certificando que ETA dejaba las armas «sin ningún tipo de concesión política» cuando Bildu había podido presentarse a las elecciones vascas y el Constitucional preparaba la legalización de Sortu. Entre tanto, las togas de los fiscales ya se habían manchado con el «polvo del camino», tal y como prometió Conde Pumpido, pues no en vano en esa reunión de 2006 el Gobierno exhibió como mérito ante ETA el haber «cambiado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional».

No es de extrañar, por tanto, que ese fiscal jefe ofrendado a ETA, por nombre Javier Zaragoza, se regocije ahora con esta sentencia para desolación ética y estética del Fiscal del Estado. Fue la fiscalía de la Audiencia la que aprovechó el carácter contemporizador de Torres Dulce para incluir la colaboración con banda armada solamente como «calificación alternativa», cocinando así este repelente guiso, al que además ha aportado el ingrediente del cinismo. Ahí queda la sobreactuación de Carlos Bautista pidiendo que Pamies y Ballesteros «hablen como Amedo en los GAL» pero tapando a la vez su boca para siempre con el regalo de la cuasi impunidad. ¿O es que Amedo habría hablado alguna vez si no le hubieran condenado a 108 años de cárcel? Para el Fiscal General ha llegado la hora de la verdad: si no le dejan recurrir, que se vaya a casa.

Antes dije que conozco bien a Guevara y Ruiz Polanco. Al primero en vivo y en directo pues no en vano fue quien en 1985 ordenó mi ingreso en los calabozos de Plaza de Castilla y, al cabo de varias horas de revuelo político y mediático, me puso en libertad, admitiendo que lo había hecho por un «capricho». El último hito reciente de su trayectoria es la multa de 600 euros con la que el Poder Judicial saldó su amenaza de agredir a un justiciable: «Si yo llevo ayer un arma, ¡un culatazo!»; pero, claro, como «aquí nos la cogemos con papel de fumar antes que tocar a nadie…». Entre uno y otro episodio, Guevara será también recordado por la excarcelación de la etarra Elena Beloki, cuando sólo había cumplido uno de los 13 años de condena, para que pudiera seguir un tratamiento de fertilidad en «condiciones psicológicas adecuadas» y, naturalmente, por su coautoría de la sentencia del 11-M.

En ambos gatuperios concurrieron también el fiscal Zaragoza y, por supuesto, el juez Bermúdez pues si no hubiera sido por sus maniobras, como presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia, Ruiz Polanco no habría recuperado nunca la plaza de la que fue despojado, en 2004, cuando se le inhabilitó durante un año por haberse ido de festejo el día tenía que prorrogar la prisión provisional de un etarra. Éste es el material del que están hechos nuestros sueños de justicia; pero quede claro que los tres magistrados que firman la sentencia del Faisán no han sido sino los torpes amanuenses que han añadido sus propios borrones al deleznable guion que mediante el código habitual –no hacen falta órdenes explícitas– les ha dictado la superioridad política.

Estos días se ha hablado mucho del «cambio de cromos» después de que Rajoy prometiera a sus alarmados barones que no lo practicaría en el caso de Cataluña. Al margen de que, en efecto, la profundidad de la metáfora confirma que, como dice Alfonso Alonso, entre Rajoy y Aznar hay diferencias de «estilo», el mero hecho de que el jefe de Gobierno mencione esa opción para –rebus sic stantibus– descartarla, denota su amplia experiencia en la materia. ¿Cuántas veces se han «cambiado cromos» en secreto durante estos últimos años para bordear la ley con la aquiescencia de nuestros politizados tribunales? ¿Es casualidad que Galindo y Bolinaga fueran condenados por hechos atrozmente similares y estén libres con idéntico pretexto? ¿Se inscribe en esa dinámica el archivo del caso Blanco antes de que se realizaran pesquisas policiales clave? ¿Habrá desenlaces parecidos para los sumarios de Bárcenas y los ERE? La mera pertinencia de estas preguntas indica la envergadura de nuestro déficit democrático porque, no nos engañemos, en el fondo los «cromos» somos todos nosotros.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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