Los currículos de los políticos

Las noticias recientes sobre los currículos de algunos políticos permiten reflexionar mirando al futuro. Parece que embellecer el currículo es una práctica que afecta a todos los partidos aunque muy marginalmente. La transparencia, el celo periodístico y una cierta vergüenza ayudan a conocer algunos casos. El embellecimiento busca construir una imagen resaltando méritos que se presentan como veraces sin serlo. Puede ocurrir cuando se busca trabajo, pero ¿tiene sentido en una cámara de representación cuando se está sometido al escrutinio público?

A diferencia de muchas otras ocupaciones, la política representativa no tiene ningún requisito de entrada; no es necesario que nuestros parlamentarios sepan hacer algo en especial, ni siquiera que tengan estudios de ningún tipo. Y, sin embargo, en las cámaras se concentra una elevada proporción de universitarios: actualmente, un 90% en las autonomías (Canarias, Navarra y Galicia las que más) y un 93% en el Congreso; nada que ver con la proporción de españoles con título universitario (alrededor del 25%).

Que no existan requisitos de entrada no quiere decir que no se precisen ciertas habilidades que, según los protagonistas (estudio CIS 2827 de 2010), son necesarias: pasión por la política y vocación de servicio, perseverancia y esfuerzo, integridad y ciertas habilidades sociales. Nada sobre títulos académicos, aunque los casos recientes revelan que son ampliamente valorados. Esto entronca con una tendencia general: el título universitario es un bien preciado porque facilita la movilidad social ascendente.

A pesar de las críticas a las instituciones políticas y sus gestores, a nadie se le escapa su relevancia. Y algunos de quienes ocupan esas instituciones pueden sentirse impelidos a mostrar los mejores méritos o, al menos, aquellos que creen que la sociedad espera que tengan. De un parlamentario se espera que tenga una cierta educación formal, cierta experiencia profesional, que sepa detectar y explicar un problema y sus soluciones, que sepa hablar, escuchar, argumentar y convencer, escribir más o menos correctamente, que sea capaz de analizar la realidad, manejar fuentes de información variadas, tener criterio, aspectos que sí suelen ir vinculados a la educación universitaria.

Además, si el entorno en el que se mueve el aspirante a político está plagado de titulados, entonces ese entorno puede ser una fuente de presión adicional para aparentar ser como los demás y calmar así cierta mala conciencia por no haber terminado los estudios o cierto complejo de inferioridad por no tenerlos. Y ahí es donde puede llegar el problema: si no encajo con las expectativas que creo que tienen sobre mí, fabrico una realidad paralela para encajar (“deseabilidad social”). De ahí el engaño a sus partidos, electores e instituciones. Quizás alguien debería preguntarse que si engaño en algo tan esencial como la manera en que me presento al mundo, ¿cómo puedo pedir que me crean cuando haga promesas políticas o rinda cuentas sobre mi acción de gobierno u oposición?

Este tipo de engaños tiene consecuencias que van más allá de dimisiones o actos de contrición: jóvenes que pueden verse tentados a hacer lo mismo porque, si una alta dignidad política engaña, ¿por qué no lo van a hacer los demás?; desconfianza generalizada y más desapego de la política por estos comportamientos asumiendo que todos los políticos son iguales, cuando nada hay más lejos de la realidad; desvalorización y menosprecio a los esfuerzos de la población con estudios universitarios.

Para evitar estas consecuencias negativas hay algunos remedios. Es básico considerar que no hay nada deshonroso en dedicarse a la política y no tener un título universitario. Otros remedios que dio Manuel Alcántara en su libro El oficio de político los adapto aquí. Primero, que se institucionalice que las cámaras de representación recopilen información homogénea y completa del perfil social de los representantes y la hagan pública. Segundo, que los partidos pongan un celo mayor en controlar la veracidad del currículo de sus candidatos y que el engaño tenga consecuencias internas puesto que afecta al partido y a las instituciones que gestiona. Además, que se preocupen de no atiborrar de responsabilidades a quienes se están formando para evitar el abandono y la futura tentación de deseabilidad social y engaño. Tercero, que haya una explicación mínima de la idoneidad del candidato para ocupar un puesto de elección. Probablemente esto ayude a evitarnos situaciones poco decorosas.

Xavier Coller es catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide y LUISS University.

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