«Los marcos prevalecen sobre los hechos» G. Lakoff
El marco o relato del actual Gobierno en funciones es que el Reino de España es un gran país en el que sus ciudadanos tienen un alto grado de libertad, de seguridad y de solidaridad que se concreta en casi catorce millones de perceptores de prestaciones públicas; con unas infraestructuras y un sistema educativo y sanitario públicos de alta calidad que se han mantenido pese a una brutal crisis económica. Una crisis de la que ya se está saliendo gracias al esfuerzo de todos y a las reformas del Gobierno, y tras la que hay un futuro esperanzador si se consiguen acuerdos sobre las cuestiones fundamentales como los construidos desde la Transición.
La oposición parte del relato de la liquidación del Estado del bienestar, la sanidad y la educación públicas, en un marco general de denuncia de la Transición, y de proscripción de pactos con una derecha inhabilitada moralmente como heredera del franquismo, con el añadido populista de un resentimiento trasversal derivado de la lucha de «los de abajo contra los de arriba».
Dentro del centro-derecha cabría distinguir un subrelato sostenido por lo que podríamos llamar «la derecha enfadada», cuyo eje fundamental es la afirmación de que el Gobierno no ha hecho reformas. Es un relato relevante en la medida en que ha sido fundamento para la fragmentación de la base social de apoyo al actual Gobierno.
Pasando a los datos, la reforma laboral impulsada por el Gobierno ha permitido la creación de más de un millón de empleos en los dos últimos años. En Italia, el Gobierno socialista de Renzi ha aprobado una norma semejante, mientras en Francia los también socialistas Hollande y Valls tratan de hacer lo mismo. España será el segundo país de la OCDE en creación de empleo en 2016 según los datos de este organismo.
En materia de seguridad, en la pasada legislatura han sido detenidos y puestos a disposición de la Justicia 161 etarras en un tiempo en que ETA no ha atentado. En el mismo periodo, también han sido detenidos en torno a 300 presuntos yihadistas. El Gobierno ha impulsado la reforma del Código Penal para incluir la prisión permanente revisable, que impide que los condenados por asesinatos múltiples salgan de la cárcel cuando todavía son un peligro para la sociedad, y se han aprobado normas, como la Ley de Seguridad Ciudadana, para garantizar la seguridad y facilitar la prevención del terrorismo.
En política económica, el Gobierno en funciones evitó el rescate que muchos pedían en 2012, y que sin duda habría determinado una reducción de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios. Por contra, en los últimos cuatro años, el gasto del Estado en pensiones ha pasado de 112.215 millones de euros en 2011 a 135.448 millones en los presupuestos del Estado de 2016. La reforma educativa impulsada por el Gobierno ha permitido que en 2015 la tasa de abandono educativo temprano baje por primera vez del 20 por ciento.
Pese a estos hechos y datos, desde «la derecha enfadada» se insiste en el relato de que el Gobierno no ha hecho nada, mientras la oposición exige la derogación inmediata de todas las reformas citadas y acusa al Gobierno de «austericidio» por seguir las instrucciones europeas y también de lo contrario por incumplir el límite de déficit fijado por la Unión.
En política de regeneración democrática, el Gobierno ha impulsado una serie de leyes y medidas para atajar la corrupción, al tiempo que la evidencia cotidiana nos muestra que la actuación de jueces, fiscales y fuerzas del orden está llevando a prisión a muchos de los que han delinquido. Paradójicamente, la percepción de corrupción crece cuando los procesamientos abren los telediarios, incluso con casos tan expresivos del buen funcionamiento del sistema como el del exdirigente político encarcelado en la prisión que él mismo inauguró hace pocos años. En cualquier caso, según el relato de la oposición, nada se ha hecho en esta materia, incluso algún banquero de discutible comportamiento empresarial imparte filosóficas lecciones de moral, mientras desde el populismo la última propuesta es que el Gobierno ordene directamente a jueces y policías las detenciones a efectuar.
Por último, destaca un dato espectacular que es expresión de las buenas políticas desarrolladas en España en los últimos cuarenta años. Desde 1976 los españoles hemos ganado unos diez años de esperanza de vida al nacer. Cada cuatro años, un año más de vida. Es un regalo que cada español se ha hecho a sí mismo gracias en definitiva al acierto al votar y, también, a los grandes acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas. ¡Que sigamos acertando!
Antonio Tornel, jurista.