Los debates sin debate

En EEUU los debates electorales forman parte de la tradición democrática y uno de los méritos que más se valora en los candidatos es la espontaneidad y la capacidad para responder a preguntas inesperadas que les pueden hacer los representantes de otros partidos, los moderadores o incluso el público, sin límites temáticos. Son debates abiertos y no se admiten condiciones previas de los partidos.

En España, cada vez que hay elecciones generales nos enfrentamos al mismo espectáculo: si habrá debate o no, cuántos habrá, quién los organiza, cuándo, quiénes participan, de qué temas quieren hablar, qué temas están prohibidos, cómo va a ser el decorado, cómo van a ir vestidos, cómo van a ser los planos, en qué orden van a intervenir y cuántos minutos puede consumir cada uno. Es como si un delincuente decidiera las preguntas que le puede hacer el juez.

La Academia de Televisión ha alcanzado esa categoría abstracta de lugar neutral y se ha convertido, una vez más, en el escenario de consenso para celebrar el gran debate entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Pero la neutralidad no depende sólo del escenario, sino de las circunstancias que rodean al hecho informativo y, sobre todo, del trabajo que hacen los periodistas (o que les dejan hacer). Algunas televisiones privadas y TVE se conformaron con organizar otros debates considerados menores porque no asistieron los líderes de los partidos, algo que podría compararse con los conciertos que ofrecen las grandes estrellas de la canción, que siempre llevan teloneros.

Las informaciones que hemos conocido estos días son preocupantes. El día 30 de octubre se publicaba en EL MUNDO que la Academia de Televisión proponía un debate electoral encorsetado, donde los moderadores no podían preguntar ni repreguntar a los líderes políticos. Semejante disparate causó estupor en muchos profesionales y algunos reconocieron sentir vergüenza ajena. Esa propuesta implica un desprecio absoluto por el periodismo y por la dignidad profesional de los moderadores, porque la obligación y el derecho permanente de un periodista es preguntar siempre, en todas las circunstancias y sobre cualquier tema. Luego, en el Telediario 2 de TVE del día 2 de noviembre anunciaban en los titulares que finalmente los moderadores podrían preguntar, como si alguien les hubiera autorizado a hacer su trabajo con libertad. De nuevo en el periódico EL MUNDO, el día 2 de noviembre, leíamos que el debate electoral sería abierto e incluiría preguntas neutrales. Y en el Telediario 1 de TVE del día 4 escuchábamos que se habían pactado todos los detalles, un extremo que confirmaban en el programa de análisis que se emitió también en TVE, donde afirmaron que había sido un debate milimétricamente pactado. Deducimos que también estaban pactados los planos y las características del decorado, porque es la única forma de explicar una realización y una estética que recordaba los programas de televisión de los años 70.

Estos cambios de condiciones tan drásticos demuestran que los partidos hacen prevalecer sus intereses sobre la libertad de información e imponen los filtros que consideran necesarios para que no se hable de la realidad incómoda. El objetivo es proteger la imagen de los candidatos, por eso evitan opinar sobre algunas cuestiones delicadas y en muchos temas mantienen un discurso ambiguo que cambian según las circunstancias para adaptarse a los diferentes contextos. Así no adquieren compromisos previos y les resulta más fácil tomar decisiones arbitrarias cuando llegan al poder.

La obligación de un moderador es conseguir que cualquier político se posicione de forma firme sobre lo que se le pregunte, porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer todos los puntos de vista de los futuros gobernantes sobre cualquier tema. Sólo así es posible tener una opinión informada a la hora de votar.

Cuando un debate, que es un hecho periodístico, se organiza desde las sedes de los partidos y son los políticos o sus asesores los que diseñan el formato y establecen las condiciones, se ataca la libertad de prensa, uno de los derechos básicos, porque las preguntas deben basarse exclusivamente en criterios profesionales y corresponde decidirlas y hacerlas a los periodistas.

En un debate pactado los participantes ya conocen los temas sobre los que se les va a preguntar y los llevan preparados. Esta circunstancia no permite valorar la espontaneidad, ni su capacidad de respuesta sobre cualquier tema, y también quedan limitados los márgenes para ejercer la oratoria y la retórica porque todo está planificado.

En la mayoría de las situaciones la forma y el fondo se complementan. Por eso, además del control de los contenidos, otro de los problemas es la tasación extrema de los tiempos a la que están sometidos los debates, una exigencia que rige su desarrollo. El hecho de que los tiempos estén controlados por los árbitros de baloncesto es, sin duda, algo cómico y muy significativo. Las intervenciones cortas e idénticas sólo permiten exponer discursos fragmentados, que la mayoría de las veces se convierten en una sucesión de ideas o microrrelatos descontextualizados. En el debate organizado y emitido por TVE el día 1 de noviembre de 2019, el moderador, Xabier Fortes, invitaba a los representantes de los partidos a ser más dinámicos, concretamente les decía que no consumieran todo el tiempo de una vez, mientras reconocía que sus indicaciones (basadas en criterios profesionales) contradecían las realizadas por los asesores de los partidos (basadas en criterios políticos).

En el gran debate del día 4 de noviembre, emitido desde la Academia de Televisión para varias televisiones, pero diseñado íntegramente por los diferentes partidos (formato, contenidos y respuestas), pudimos comprobar de nuevo que todo transcurrió según lo previsto y que se respetaron escrupulosamente todas las condiciones impuestas para que los líderes salieran triunfantes ante una audiencia que, según todas las encuestas, lleva mucho tiempo dando la espalda a los políticos. Y eso no es una buena noticia para la buena política, ni para el buen periodismo.

Carlos Elías es catedrático de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y Xosé Soengas es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela.

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