Los delitos de la dictadura, 50 años después

Quizá seamos todavía una sociedad herida por un pasado traumático con dos fases, una brutal y breve, la Guerra Civil, y otra brutalmente disfrazada de interminable paz, la dictadura franquista. ¿Está todo curado? Solo está en vías de curación, con mucho trecho andado, sí, pero con claras recaídas peligrosas, como les sucedía a los viejos estalinistas. Estas recaídas de la derecha desorbitada de hoy son peores, y tienen antecedentes democráticos funestos, como las dos legislaturas de Aznar y su venenosa renacionalización de la derecha atávica con nostalgias de tiempos mejores.

Una persistente idea de Javier Pradera sostenía que una sociedad necesita en torno a cien años para quedar liberada de traumas de la magnitud de los que vivió España. Nos queda aún un buen tramo, entre otras cosas porque la dictadura engendró una segunda tipología de víctimas que no fueron abatidas en guerra sino en una paz hipócrita: encarceladas, secuestradas, perseguidas, intimidadas, avasalladas, amenazadas, rapadas, apaleadas, multadas, maltratadas y, por supuesto, torturadas y asesinadas con la impunidad de un Estado terrorista.

Pero parece que esto es pura exageración de yonquis del rencor antifranquista, ese viejo marxismo que no dio una, o esos nostálgicos de la utopía castrista. No es verdad: esta es una versión veraz y limpia, historiográficamente irreprochable, de la práctica real de una dictadura sostenida por el Ejército, con un jefe militar al frente, y objeto de admiración apasionada de dos generales golpistas y asesinos probados, como Pinochet en Chile y Videla en Argentina. Por eso quizá uno de los cánceres subterráneos más corrosivos de la actualidad consiste en el coqueteo o incluso el compromiso activo con una versión light del franquismo, esas formas que eluden tocar la momia de Franco por parte de Pablo Casado, el postureo retórico de algunos dirigentes de las derechas o, por supuesto, el facherío neofranquista que antes votaba al PP como partido único de la derecha, y ahora puede votar sin complejos a Vox. Todo son formas locales del nacional-populismo digitalizado que abandera Trump con el fin geopolítico de reproducir su discurso en Italia, en Francia o en España. Se hacen sus cómplices activos al echar mano del pasado para activar un sustrato social de lealtades dormidas.

Pero su condición estructural es otra. Para que suceda lo que sucede hoy han necesitado no solo la desfachatez unilateralista del independentismo catalán sino también una subterránea operación de blanqueo activo del franquismo, la trivialización de una dictadura militar y homicida, la banalización de sus mecanismos corruptos como vía de relegitimación histórica. No exime a los líderes de la derecha la probable ignorancia sobre ese pasado real ni les excusa el interés partidista del presente: precisamente por no saber demasiado bien quién y para qué daba el golpe de Estado de 1981, o por no tener demasiado clara la maquinaria represiva y asesina de la dictadura, están obligados a no empantanarse en usar el pasado de forma instrumental. La frivolidad es casi peor que la trivialización porque en esa estrategia subyace la semilla para neofascismos populistas con representación parlamentaria, o posfascismos democráticos en pleno capitalismo globalizado.

También la dictadura usó el fomento de la desinformación. Por eso en mayo de 1969, hace cincuenta años, un puñado de valientes acudieron a la máquina de escribir analógica y redactaron 16 páginas a un solo espacio plagadas de agravios reales, con testigos, frustraciones y muchas lágrimas invisibles. O lo hacían las víctimas o nadie iba a hacerlo porque la ocupación de la Universidad de Madrid por parte de la Policía Armada y los agentes de paisano de la Brigada Político-Social fue amplia, masiva y olímpicamente ignorada por la inmensa mayoría de la población en “un vergonzoso y desolador silencio de lo que ocurre realmente en la Universidad”: vivían bajo el estado de excepción firmado por Franco el 25 de enero.

El documento del Sindicato Democrático no pedía nada más que el desalojo policial de las instalaciones y el fin de los cacheos, los apaleamientos, las detenciones, las deportaciones, los maltratos y las vejaciones de estudiantes. El estado de excepción se había dictado a los dos días de que el régimen mercadease con el cadáver de un estudiante recién ingresado en el Frente de Liberación Popular, Enrique Ruano. Lo había asesinado la policía fabulando que se había precipitado por una ventana y el Abc difundió disciplinadamente la versión promovida por el ministro Manuel Fraga Iribarne. Se sucedieron desde entonces deportaciones de los profesores Elías Díaz, Gregorio Peces-Barba, Javier Muguerza, Raúl Morodo o Paulino Garagorri y detenciones instantáneas de estudiantes, suspensiones de matrículas, procesamientos arbitrarios y amañados, condenas sin juicio previo, inhabilitaciones para exámenes, expulsiones de la universidad de por vida. Algunos pasaron de “uno a cuatro meses” en la cárcel a la espera de “que se ultimasen los trámites de inhibición del Tribunal Militar”.

Para no pecar de imprecisos ocupan hasta diez páginas en el pormenor con nombres y apellidos como el de Arturo Mora, “golpeado y torturado, siendo obligado a permanecer varias horas en cuclillas con los brazos esposados entre las piernas”, o José María Igual, forzado a permanecer durante “dos y tres horas boca arriba sobre una mesa con la mitad inferior del cuerpo fuera de la misma”, o Miguel Ángel García Montero, “torturado y golpeado en los testículos”. La lista de “detenidos y deportados” incluye a Manuel de Lope, a Carlos Elordi, que también es torturado y sigue en mayo detenido en Carabanchel, como tantos otros siguen encarcelados mientras redactan el informe, o Ángel S. Harguindey, golpeado en la Dirección General de Seguridad, o Javier Valero, “tres veces detenido, deportado”, como el mismo Enrique Camacho (que es mi generoso proveedor de esta denuncia ciclostilada).

A otros solo les prohíben entrar en la Facultad, como a Enrique Curiel y a Joaquín Arango; a Fernando Savater lo detienen también, y a Manolo Rodríguez Rivero lo mandan además al Tribunal de Orden Público. La peor delincuencia del Estado recayó sobre Ruano, “detenido por miembros de la Brigada Político-Social, objeto de malos tratos y, por último, asesinado por miembros de la social”; a José María Mohedano le cae “orden de caza [SIC]y captura” con “petición de 12 años de prisión”, mientras otros, como Jaime Pastor o Ramón Uría, con peticiones militares similares, optan por el exilio.

Pasaron muchas más cosas en esa primavera de 1969, y entre ellas la fabricación del nombramiento de Juan Carlos como sucesor a título de Rey de Franco, a 22 de julio. Algunas de esas cosas las conmemoramos hoy con la efusiva alegría de la gratitud histórica por hacernos la vida más alta y más feliz. La fundación de las editoriales Anagrama y Tusquets, Visor y Kairós es otra de esas cosas. Sucedía todo exactamente ahora, mientras a los chavales se les hacía oscuro de golpe en plena primavera de 1969 y la vida se iba a pique.

Jordi Gracia es profesor y ensayista.

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