Por Francesc Granell, catedrático de Organización Económica Internacional de la Universitat de Barcelona (EL PERIODICO, 01/05/04):
El 1 de mayo se hizo efectiva una nueva ampliación de la Unión Europea. Nunca hasta ahora habían entrado simultáneamente en la UE 10 estados, aunque hubo ampliaciones anteriores más importantes en lo que se refiere al aumento de superficie, población o producto interior bruto de la comunidad ampliada respecto de la existente hasta la ampliación. En la primera ampliación (la de enero del 1973, con el ingreso de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda) el producto comunitario creció un 30%, mientras que ahora apenas aumenta el 6%, y el incremento de la población fue de casi un tercio, mientras que en la actual no se alcanza el 25%. Con la ampliación mediterránea, comprendiendo Grecia (1981) y España y Portugal (1986), y con la última ampliación (la de Austria, Suecia y Finlandia de 1995), el incremento territorial (de más del 40% en ambos casos) superó ampliamente al actual, en que sólo se alcanza el 30%.
En esta nueva ampliación, como sucediera en las anteriores, los estados que habían solicitado incorporarse a la UE se han comprometido a asumir la totalidad de la normativa comunitaria (acervo) sin derogaciones permanentes y con sólo las derogaciones temporales acordadas durante las negociaciones de adhesión e incorporadas al Tratado de Atenas de 16 de abril del 2003. Pero nunca, hasta ahora, la UE había hecho la vista gorda respecto del poco cumplimiento de parte de la normativa y nunca los estados candidatos habían ignorado dónde acabarán las numerosas reformas que la UE tiene en marcha actualmente ante las divergencias existentes entre los Quince.
¿Habrá, finalmente, una nueva Constitución europea con Carta de Derechos y nuevo peso decisional de los países tal como ha diseñado la convención presidida por Giscard d´Estaing y que hasta ahora bloqueaba el Gobierno de Aznar pero que el Gobierno de Rodríguez Zapatero parece dispuesto a aprobar?
¿Cuánto será el dinero del que la UE podrá disponer para favorecer a las regiones pobres (de los antiguos miembros y de los nuevos) si triunfan los reduccionismos y reorientaciones preconizadas por Alemania, Francia y Reino Unido, que se oponen a aumentar el techo presupuestario existente y que, a causa de sus dificultades internas para respetar el Pacto de Estabilidad presupuestaria, quieren reducirlo?
¿Ingresan los nuevos países miembros en una Unión que desbordará hacia Asia si en diciembre de este año se decide empezar a negociar el ingreso de Turquía a pesar del resultado negativo del referendo chipriota?
¿Qué va a quedar de la hasta ahora muy protectora política agraria común de seguirse con su desmantelamiento progresivo con la finalidad de reducir su costo, mejorar el diálogo con los países subdesarrollados y evitar desencuentros en la Organización Mundial de Comercio?
¿Hasta dónde podrán llegar las medidas de liberalización y de reforzamiento de la competitividad del proceso de Lisboa si muchos de los nuevos miembros ingresan con una inacabada transición al capitalismo y con dificultades de asumir el acervo comunitario pese a las ayudas preadhesión que han disfrutado?
¿Qué forma final adoptarán las subvenciones de reequilibrio regional para ayudar a los nuevos estados miembros a converger hacia las medias comunitarias sin hacer padecer fuertes recortes a las regiones pobres de los antiguos estados miembros?
¿Podrá una UE a 25 cerrar las divisiones a que ha estado sometida la UE a 15 en materia de política exterior, lucha contra el terrorismo, reforma de la agricultura y equilibrio presupuestario?
La conclusión de todo esto es que esta nueva ampliación, con una economía en crisis que no favorece la convergencia, y con las indefiniciones pendientes, deja abiertas muchas cuestiones.