Los dilemas del Reino Unido y de la UE: ¿salir o cambiar la Unión?

La relación entre la UE y el Reino Unido ha sido siempre bastante tormentosa. Desde luego, ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación, en particular en la prensa británica desde antes mismo de su ingreso en 1973.

Los conservadores, con Edward Heath al frente del gobierno británico, negociaron y firmaron el Tratado de adhesión de 1972; los laboristas accedieron al gobierno con la promesa de un referéndum sobre la retirada. Entonces como ahora era la forma de un “chantaje”: renegociaron la adhesión, consiguieron ciertas mejoras (relacionadas con la participación británica en el presupuesto y con los productos lácteos procedentes de Nueva Zelanda) y con las nuevas y más favorables condiciones se convocó el referéndum (1975) haciendo campaña el propio gobierno laborista a favor de la permanencia del Reino Unido en las entonces denominadas Comunidades Europeas (salvo un par de ministros) y los británicos se decantaron por el “sí”. En 1979 ganó las elecciones el Partido Conservador, liderado por Margaret Thatcher, quien consideró insuficientes los términos de la renegociación, consiguiendo nuevas mejoras en materia financiera (el eterno cheque británico), agrícola y pesquera.

Volvieron a crear problemas en 1992 durante la negociación del Tratado de Maastricht: lograron eliminar los términos “federal” (para el carácter de la Unión) y “legislativo” para los actos de la UE; lograron quedar fuera del Protocolo social (aceptado años más tarde por Tony Blair) y de la tercera fase de la Unión Monetaria, es decir, del euro como moneda única (opt out).

En la reforma operada por el Tratado de Ámsterdam lograron zafarse de la plena libre circulación de personas –cuando se comunitarizó el convenio de Schengen normalizando sus cláusulas en el texto del antiguo Tratado CE y derecho derivado– y por tanto de las normas de asilo.

De nuevo, en nuestro tiempo, las reformas que introdujo el Tratado de Lisboa (firmado el 13 de diciembre de 2007) a los dos grandes Tratados en vigor (Tratado de la UE y Tratado de Funcionamiento de la UE –en adelante TUE y TFUE–) fueron aceptadas por el gobierno laborista de Gordon Brown y ratificadas por el Parlamento británico, si bien ya con algunas cláusulas especiales que bloquean la interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales en el Reino Unido. A pesar de la flexibilidad, el Premier Cameron ha exigido renegociarlo, recuperando competencias “de Bruselas”.

Más desencuentros. En 2012 el gobierno de coalición conservador-liberal demócrata optó por no ser Parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del 2 de marzo de 2012. Hay que recordar que el Acuerdo de Coalición de mayo de 2010 entre conservadores y liberales-demócratas establecía que el gobierno aseguraría que no haya más transferencia de soberanía o poderes a lo largo de la próxima legislatura, por lo que se negaron a ser parte del TECG.

El Reino Unido se incorporó tarde y de mala gana al proyecto europeo, que no le entusiasmaba pero que necesitaba al ir desmontando su imperio. También el proceso de integración necesitaba de un gran Estado, estable, influyente y con un gran ejército, en fin, una gran potencia. Por ser un Estado poderoso y necesario, casi imprescindible, para la UE ha tratado lograr siempre condiciones especiales y privilegiadas, intentando forzar a los demás Estados miembros europeos a revisar los tratados según los gustos e intereses británicos. Esto ha dado lugar a problemas singulares y se le ha percibido a veces como un caballo de Troya.

¿Por qué ahora otro referéndum? Hay varios factores que explican esta vuelta a la carga de la reevaluación británica de su relación con UE: la crisis económica y financiera general –aun siendo una economía saneada–, el aumento en el apoyo popular a los partidos anti-europeos y un sentimiento de alejamiento de las instituciones de adopción de decisiones en Bruselas. En realidad, también ellos se han sentido cada vez más recelosos e incómodos según el proceso europeo avanzaba.

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Araceli Mangas Martín, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano

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