El Tribunal de Cuentas es un importante órgano constitucional que tiene entre sus funciones la fiscalización permanente de la actividad económica del sector público. Vela por la legalidad y buena gestión de sus gastos, incluyendo subvenciones, créditos o cualesquiera otras ayudas públicas otorgadas por la Administración. También de los partidos políticos, tanto en lo referido a su contabilidad como a la de los procesos electorales en que participan, o lo recibido por fundaciones y asociaciones a ellos vinculadas. Es de los pocos organismos cuya sede, construida a tal efecto en 1860, sigue en el mismo sitio. Sus antecedentes están en los ‘Comes thesauri’ del ‘Officium palatinum’, administradores y controladores de los ‘denarios’ -dineros- del Regnum Spaniae entre los siglos V-VIII.
Continuados durante la reconquista por los ‘homes de camera’, del Tesoro o Cámara real (del latín ‘camera’), el ‘Mayor in Domus’ de las Partidas de Alfonso X, luego llamado ‘Contador Mayor’ en Castilla o ‘Maestre Racional’ en Aragón. No en vano, el ‘cameralismo’ vino a conformar durante el siglo XIX una doctrina económica que abarcaba el conjunto de reglas susceptibles de gestionar e inspirar la intervención inteligente de la actividad del Estado. Hoy es un órgano de control externo encargado de vigilar y enjuiciar la responsabilidad contable de quienes gestionan los dineros de todos. Al que la Constitución dedica el Artículo 36, asignándole una mision independiente, sólo vinculado al Congreso y Senado. En este sentido el consenso recientemente alcanzado para su conformación por más de los 3/5 de la representación popular contribuye a reforzar la calidad institucional de nuestro país en el ámbito internacional, considerado primer pilar del Índice de Competividad Global de las naciones, en el que España ocupaba el puesto número 23 y que debemos mejorar.
En este sentido, de los máximos órganos de representación del Estado se requiere de un esfuerzo por mantener y realzar su dignidad y decoro. Porque también así gana esa ‘imagen-país’ en respetabilidad internacional, así como su crédito económico y sus propias empresas. No es por las personas que los integran. Es por la institución a la que representan en cada momento histórico. Desde las Cortes Generales se dio ejemplo con esa reciente renovación del Tribunal de Cuentas. Aunque no se diera tanto con la del Constitucional, por el afectado ‘show’ de algún diputado respecto a un nombramiento; que podría haber sido respondido de igual forma con otro espectáculo de parte, dirigido por cualquier otro diputado a algún otro de los elegidos. Pero ¿quién habría ganado si no hubiera habido tal ejercicio de autocontención y responsabilidad? Pues habría ganado el desprestigio y deterioro de nuestras instituciones democráticas que algunos desean.
En todo caso, y felizmente, el año terminó con la preceptiva presentación anual ante la Comisión mixta Congreso-Senado de sus informes de fiscalización. Por un lado exponiendo las cifras actualizadas del coste de la mal llamada ‘reestructuración bancaria’, fruto de la gran recesión que evitó que millones de familias pudieran perder sus ahorros con la quiebra de las cajas de ahorro, que siempre fueron acusadas por los bancos de competencia desleal, favoritismo gubernamental, y una gestión mediocre que restaba eficiencia a la administración de un recurso tan valioso y escaso para la economía de un país como es el ahorro de sus ciudadanos. Porque estos confiaban en sus cajas y montes de piedad, hasta el punto de que más del 50 por ciento de sus depósitos estaban en ellas. Sin duda por su benéfica trayectoria durante siglos, para familias, pymes y la propia bancarización de la sociedad española. Desde aquella primera creada en Mérida por los obispos Fidel y Másona (571-605). O la que acabó como Bankia, creada por el padre Piquer en 1702. La reforma de la Ley de Cajas de mediados de los ochenta acabó hiperpolitizándolas. Y ahora la fiscalización del Tribunal de Cuentas ha estimado que el coste de aquella reestructuración financiera ha superado los 66.000 millones de euros, entre el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, pendiente todavía la liguidación de la Sareb con sus continuas pérdidas.
Por otro lado, y en lo que ya parece un clásico, abundan y se reproducen las mismas anomalías observadas años anteriores, dado que bastantes entes autonómicos rinden cuentas tarde y mal. Un problema que afecta a la gestión de los más de 234.000 millones de euros que se gestionan anualmente desde las comunidades autónomas. Evidenciándose así una ‘falla del sistema’, proponiendo endurecer la legislación fijando un régimen de sanciones similar al que rige para los ayuntamientos. O retener las transferencias que el Estado da a las comunidades autónomas, impidiendo su acceso a subvenciones y ayudas. Las anomalías son de fondo y forma. Bien por el alto número de entes autonómicos que no rinden cuentas, o porque las presentan tarde. De hecho, en 2018, 66 entes autonómicos no las entregaron y 99 se retrasaron, entorpeciendo el control del déficit y la deuda. Otras afectan a incumplimientos referidos a la buena gobernanza en relación a los fines, resultados y costes. Igualmente siguen abundando contratos improcedentes, y empresas públicas con importantes pérdidas.
Pero el Tribunal facilita la rendición de cuentas con soluciones técnicas que ayudan, «proponiéndose mociones al Parlamento para que sus señorías les den la forma que consideren más oportunas». Es a ellas a quienes corresponde el paso siguiente.
Javier Morillas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.