He dedicado mi vida a la docencia, tanto como catedrático de instituto, especialidad Lengua y Literatura, como profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Así que algo sé de lo que se cuece en ambos ámbitos educativos. Hablemos ahora de evaluación de la actividad docente puesto que ha salido recientemente ese tema a la palestra. En la universidad los profesores son evaluados fundamentalmente por lo que se llama su actividad investigadora, no por su actividad docente. En la universidad la docencia importa mucho menos que lo que llaman investigación, el verdadero santo y seña de esa institución que nació –oh contradicción– para y por la docencia. Esa evaluación es llevada a cabo por una institución llamada ANECA, de rostro desconocido, integrada por profesores que actúan con antifaz. Me atrevo a asegurar lo siguiente: ni Harold Bloom, ni George Steiner, dos de mis ídolos en el ámbito en el que yo he sido profesor universitario, habrían sido aprobados nunca jamás por esos oscuros vigilantes del mérito investigador. Recomiendo a este respecto lo que dice el profesor Jordi Llovet en su magnífico e indispensable libro Adiós universidad (Galaxia Gutenberg).
Ahora leemos que el actual ministro de Educación –un hombre que confiesa no saber nada de educación, como el infortunado Wert- ha encargado a José Antonio Marina un libro blanco sobre los docentes en el ámbito no universitario. Marina –si no estoy mal informado– ha sido catedrático de instituto y, por ello, debe de conocer bien uno de los ámbitos docentes que ahora están en juego con su proyectado libro blanco (el otro es el de la enseñanza primaria). Marina asegura algo así como que el encargo que le han hecho está al margen del debate ideológico puesto que él fue muy criticado por el PP en su momento, debido a las posiciones que adoptó sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía, bestia negra del PP. Sin embargo, y a pesar de su cándido optimismo, difícilmente el debate de la evaluación profesoral escapa a esa ideologización de la que hablo porque, de entrada, se sitúa ya en un marco fuertemente ideologizado. No en vano el actual ministro representa a un partido que ha puesto en práctica medidas que revelan una marcada ideología en temas educativos. Los dramáticos recortes en la educación pública son pura y dura ideología, no lo olvidemos.
En ese contexto, muy generalizado en buena parte de España –incluida la dominada por los independentistas catalanes–, se propone una medida como la evaluación de los profesores con el fin de distinguir entre los buenos y los malos docentes para que los primeros ganen más que los segundos. De entrada me asombra que esta evaluación deje fuera a la enseñanza universitaria donde los pésimos profesores –que abundan- campan por sus respetos con suma tranquilidad mientras que los profesores de primaria y secundaria se verán sometidos a una evaluación en un terreno donde la docencia con frecuencia es sumamente compleja y difícil. También me asombra esto: parece que hay una sospecha que afecta únicamente a la profesión docente, como si fueran los docentes los responsables únicos de la buena o mala marcha de la educación en un país. La buena docencia está con frecuencia directamente relacionada con los buenos medios para ejercer la docencia. Si atentas contra un buen equilibrio entre carga docente y rendimiento en clase, corroes de lleno los fundamentos de una buena docencia. Si sobrecargas las clases de alumnos, a veces con serios problemas de todo tipo, socavas de lleno los fundamentos de una buena docencia. En ese contexto plenamente ideologizado, del que es responsable el actual partido que ha gobernado durante cuatro (largos) años, surge esta idea de evaluar la función docente. Me escandaliza la paradoja: ¿no hay que evaluar previamente al Gobierno que mina la educación pública y que propone luego medidas que apuntan el dedo acusador a los pobres docentes de esa misma educación pública?
Señalo, por tanto -y solo para abrir boca-, una contradicción de origen en la propuesta gubernamental que me resulta casi ofensiva, al tiempo que sugiero que no se empiece la casa por el tejado. Conviene ponerse plenamente de acuerdo sobre esta cuestión y conviene afinar sumamente para impedir simplificaciones preocupantes, hechas además desde una cómoda barrera, que es la barrera del laboratorio (en este caso, un think-tank integrado por una sola persona). La mejor idea de las escuchadas a Marina –a pesar de las reservas que acabo de expresar al procedimiento en sí: un ministro de un Gobierno que no cree en la educación pública encarga un proyecto a un antiguo profesor que no capta la contradicción en la que está atrapado- es la de apostar por una especie de MIR educativo que conseguiría hacer una bastante rigurosa selección de profesores que garantizaría un docencia más solvente, siempre y cuando no se minaran la condiciones para ejercerla. Lo cual, de nuevo, nos trae al terreno de la pura y dura ideología. Solo si crees a fondo en algo –la educación pública– puedes poner toda la carne en el asador para hacerla mejor. Y solo si la conoces a fondo, puedes pedir cuentas a quienes se rompen muchas veces la crisma por defenderla.
Ángel Rupérez es doctor en Filosofía y Letras. Ha sido catedrático de instituto y profesor de Teoría de la Literatura de la UCM. Acaba de publicar el libro de relatos Las lágrimas necesarias (Izana Editores)